Gobierno de Trump utiliza al FBI para perseguir a grupos considerados marxistas y anarquistas bajo nuevas directrices de seguridad nacional
Regeneración, 1 de abril de 2026.– El gobierno de Donald Trump estableció una entidad interagencias que lidera el FBI para perseguir opositores. El objetivo central son grupos calificados por el Estado como marxistas, anarquistas e izquierdistas.
Esta campaña busca silenciar a quienes cuestionan los valores tradicionales sobre familia y raza. La administración utiliza el Memorando de Seguridad Nacional siete para estructurar estas acciones legales.
La vocera Karoline Leavitt confirmó que existe un grupo de trabajo enfocado en Antifa. Según la funcionaria, esta labor “continúa siendo de suma importancia para el presidente” y su agenda.
El gobierno busca elevar estas críticas a la categoría de amenazas contra el Estado. Se pretende criminalizar la protesta social vinculándola con una supuesta agenda de terrorismo internacional.
Designación de terrorismo doméstico
En septiembre de 2025, una orden ejecutiva designó a Antifa como organización terrorista. Expertos señalan que no existe una estructura real o coalición bajo ese nombre específico.
El Departamento de Estado planea una cumbre internacional para intercambiar inteligencia sobre grupos de izquierda.
Se busca asimismo, coordinar esfuerzos con gobiernos aliados para combatir movimientos antifascistas globales.
Tommy Pigott afirmó que estos grupos han realizado una “campaña de terror en el mundo occidental”. El vocero acusó a los activistas de promover bombardeos y motines para su agenda.
Pese a las acusaciones, el FBI ha fallado en ubicar células organizadas de dicha agrupación. Las autoridades mantienen la etiqueta terrorista para justificar detenciones y procesos judiciales agresivos.
Antifa como Amenaza Terrorista. Antifa es una empresa militarista y anarquista que busca explícitamente el derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos, de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y del estado de derecho….
Casos judiciales en Texas y represión
En Fort Worth, nueve manifestantes fueron condenados por cargos de apoyo material al terrorismo. La protesta ocurrió frente a un centro de detención de inmigrantes en Alvarado.
El caso incluyó el arresto de personas que ni siquiera estuvieron presentes en la marcha. La fiscalía utilizó este evento para marcar el inicio de una campaña nacional.
La procuradora Pam Bondi calificó a este proceso como el primer paso para desmantelar organizaciones. Aseguró tajantemente que “Antifa es un grupo terrorista doméstico” que debe ser eliminado.
Sin embargo, testimonios durante el juicio revelaron que no existe tal grupo organizado. Documentos oficiales confirmaron que no se hallaron vínculos con una red terrorista estructurada.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha declarado culpables de terrorismo a miembros de una célula de Antifa en Texas.
Además, en julio de 2025, miembros de Antifa emboscaron a agentes del ICE en Alvarado, Texas, disparando contra uno de ellos.
Vigilancia tecnológica y control de ONGs
El gobierno utiliza reconocimiento facial y escaneo de iris para identificar a los manifestantes. Esta información alimenta bancos de datos privados para rastrear la identidad de los críticos.
El Departamento de Justicia instó a los fiscales a generar casos criminales más agresivos. Se busca que cualquier opositor sea considerado formalmente como un enemigo de la nación.
Pam Bondi, asimismo, ordenó crear un centro de comando para investigar organizaciones civiles. El objetivo es verificar el estatus legal de entidades que expresan oposición al gobierno.
Las autoridades sospechan que estas organizaciones tienen vínculos con el terrorismo doméstico. Se utiliza el aparato fiscal para presionar y asfixiar financieramente a las ONGs.
