Pese a las protestas y a la toma del Congreso por manifestantes, los diputados de la entidad aprobaron la nueva institución fiscalizadora.
Regeneración 22 de abril de 2016.- Para librarse de ser juzgado por los supuestos malos manejos en la administración, el Gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, hizo una propuesta exprés para cambiar el sistema fiscalizador e imponer un nuevo fiscal en la entidad.
Para los partidos opositores, la repentina postulación de un nuevo sistema de fiscalización es una manera de “blindar” al Gobernador saliente a sólo dos meses de que deje el cargo.
“Esta administración (de Borge) está tratando de dejar un procurador a modo. Creemos que quien venga tendrá que hacer una revisión minuciosa contra la administración”, dijo a Animal Político el diputado independiente con licencia, Jorge Aguilar Osorio.
El Congreso del estado, en su mayoría priista, aprobó el martes 21 de junio la creación de la “Fiscalía General” en sustitución de la Procuraduría de Justicia estatal y además estableció al nuevo fiscal quien ocupará el cargo los próximos nueve años.
Aunque el diputado priista Pedro José Flota indicó en un boletín que el Fiscal, Carlos Arturo Álvarez Escalera, deberá ser ratificado por la nueva administración, pero la oposición sostiene que en una revisión al dictamen se especificó que la posible remoción del Fiscal, sólo podria ser por causas graves contempladas en las leyes estatales y tendría que ser aprobada por el Congreso.
Otro de los puntos que se lee en el dictamen es que “el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, deberá designar a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto,mediante el procedimiento establecido en la ley, a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo”.
La votación de esta reforma a las leyes locales, provocó desde el domingo protestas intensas en el Congreso local, de hecho, la votación tuvo que ser en una sede alterna porque ciudadanos y opositores entraron a las instalaciones del Congreso y tomaron la tribuna.
Luego, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes quienes llaman a la nueva Fiscalía y Fiscal, “paquete de la impunidad”.
En tanto, en un video, quien será el sucesor de Borge tras ganar las elecciones del pasado 5 de junio con una alianza entre el PAN y PRD, Carlos Joaquín, llamó a los integrantes del Congreso estatal a no traicionar a la sociedad, “nombrando a cómplices de la corrupción” para ocupar cargos públicos.
“Diputados, no traicionen el espíritu de la democracia, la voz de la gente fue muy clara en el pasado proceso electoral, el mensaje fue: no más corrupción e impunidad”, dijo Carlos Joaquín.
“La sociedad no permitirá ya que un sistema corrupto se blinde”, agregó quien encabezará la alternancia por primera vez en la entidad, ya que siempre había ganado el Partido Revolucionario Institucional.
De acuerdo con datos del colectivo de investigadores México Cómo Vamos, publicado en mayo pasado, entre el 2009 y 2015 la deuda de Quintana Roo aumentó casi en 500 por ciento.
Lo que significaría que por año, la deuda del estado creció 18 por ciento.
En tanto, el Centro de análisis y políticas públicas México Evalúa señaló en mayo pasado que, en 2015, la deuda pública estatal per cápita de la entidad fue de 14 mil 048.0 pesos, monto considerablemente mayor al promedio de deuda per cápita observado a nivel nacional para el mismo año (4 mil 214.9).
De igual forma, en 2015 Quintana Roo aumentó su nivel de deuda en términos de la cantidad de participaciones federales que la entidad recibe anualmente, pasando de 73.5% en 2009 a 280.6%.
Con información de Animal Político.