Facebook reporta que de 2013 a 2018 hubo 23 mil 598 restricciones de contenidos, la mayoría de ellas en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto
Regeneración 28 de abril 2019. El Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y el Poder Judicial realizaron cientos de solicitudes para retirar contenidos de plataformas digitales como Google, YouTube, Facebook y Twitter desde enero de 2012 hasta junio 2018.
Article 19 publicó su informe “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva” que según datos, durante el gobierno de Peña Nieto se restringió la información de internet usando marcos jurídicos para limitar el acceso.
Según la organización hubo 111 solicitudes para retirar contenidos de Google de 2012 a 2018, de los cuales 91 fueron emitidos por el Poder Ejecutivo y 20 por el Poder Judicial.
Del total de estos pedidos de restricción 52 fueron por “motivos” de difamación, 22 por privacidad y seguridad, 17 por derechos de autor, 2 por marca comercial, 2 por acoso, 2 por seguridad nacional.
Además de los argumentos anteriores también se objetó violencia en 3 de estas solicitudes, otras 2 por obscenidades y desnudos, 1 por fraudes, 1 por ley electoral, 2 por críticas al Gobierno, 1 por bienes y servicios regulados y 4 bajo el concepto de “todos los demás”.
La plataformas involucradas en las solicitudes por el Poder Judicial y el Ejecutivo para censurar y retirar contenidos pertenecen a Google: YouTube, Blogger y Chrome.
En porcentajes, el 53% fue para la eliminación de videos de YouTube, el 22% para eliminar contenido de Blogger y el 20% para el buscador de Google.
Google admitió que desde 2009 había retirado 18% de los contenidos que le solicitó el gobierno y otro 29% lo retiró una vez que hubo una orden judicial.
Facebook la que más contenido censuró de internet
En el caso de Facebook, la plataforma reporta que de 2013 a 2018 hubo 23 mil 598 restricciones de contenidos, la mayoría de ellas hechas en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto.
Esta red social no ofreció detalles de las razones para retirar contenidos a pedido de las autoridades.
Tampoco hay detalles sobre si las restricciones se debieron a solicitudes de la autoridad, de instancias públicas, de usuarios o de particulares.
La red social solo se limitó a mencionar el caso en el que Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) pidió que se retirara contenido sobre venta de productos ilegales.
Y el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) que en 2018 solicitó que 554 archivos fueran removidos.
Twitter tampoco mostró los argumentos de las peticiones
Twitter, por su parte recibió 24 solicitudes para quitar información de su plataforma hechas por instituciones de gobierno, corporaciones de policía, de julio de 2013 a junio de 2018.
Sin embargo, tampoco dio detalles especificando que ninguna remoción de archivos fue hecha por orden judicial, solicitudes que representan el 10% del total.
La ONG alertó sobre la tendencia creciente de instancias gubernamentales y públicas a solicitar sin dar mayores argumentos la restricción o eliminación de contenido en internet.
“Es indispensable conocer en qué medida el Estado cumple con el estándar de la legalidad, necesidad, proporcionalidad y legitimidad de las solicitudes para obstaculizar la circulación de contenido e información disponible en estas plataformas.”
La Organización no gubernamental hizo solicitudes de información en 22 dependencias del Poder Ejecutivo Federal y a 30 gobiernos estatales debido a la escasa información sobre los pedidos que hizo el gobierno para eliminar contenidos.
Resultado de estas solicitudes de información se obtuvo como respuesta que cuatro dependencias aseguraron que no contaban con información sobre el tema.
Otra más declaró no tener facultades para responder, cinco más no localizaron la información y once negaron haber pedido la eliminación de contenidos.
De todas estas, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue la única en aceptar que solicitó a Twitter en 2018, eliminar mensajes con amenazas de muerte a usuarios. Y otra más a Google a fin de que se dejara de difundir una base de datos del Gobierno Federal.