Se juzgará si Ley Minera es inconstitucional por privatizar recursos de pueblos indígenas y comunidadesa agrarias, violando sus derechos ya reconocidos
Regeneración, 6 de marzo del 2018. Leticia Ánimas;Ixtacamaxtitlán, Pue.- Tras tres años de espera y diversas maniobras de Almaden Minerals para evadir la acción de la justicia, pobladores de Ixtacamaxtitlán esperan que este lunes el Juez Segundo de Distrito en el estado dicte sentencia que declare inconstitucional a la Ley Minera que permitió la entrega de concesiones a la empresa violando sus derechos.
Al concluirse la etapa de pruebas y tras la celebración de la audiencia constitucional este 6 de Marzo en el Juicio de Amparo promovido por los indígenas de Tecoltemi, explicaron abogadas de FUNDAR y el Consejo TiyatTlali, el juez tiene la “oportunidad” de pronunciarse no sólo contra las violaciones cometidas contra la comunidad, sino sobre el carácter “inconstitucional e inconvencional de la Ley Minera”.
El juicio, dijeron, se interpuso en abril de 2015 contra las concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2 entregadas por la Secretaría de Economía en 2003 y 2009 a la minera canadiense AlmadenMinerals y que afectan a diversas poblaciones de este municipio que no dieron su consentimiento al respecto y tampoco fueron consultadas sobre el tema.
“La comunidad también considera que fue violado su derecho a la tierra y al territorio, pues con las concesiones, el Estado entregó a un particular la posibilidad de disponer de sus tierras y de los recursos en ellas contenidos, para fines de la minería”, añadieron.
El juicio se ha prolongado por casi tres años en los que la empresa usó varias estrategias para que terminara sin que se dictara una sentencia, como la modificación de los títulos de concesión dejando fuera a la comunidad demandante, medida que fue anulada por un Tribunal Colegiado que confirmó la suspensión de las actividades y de cualquier acto jurídico emanado de estas licencias hasta que se resuelva el procedimiento iniciado por la comunidad.
Luego de la audiencia constitucional que se realizará este lunes, el Juez deberá analizar no sólo las violaciones cometidas por la Secretaría de Economía al emitir las concesiones, sino también las violaciones cometidas por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República al haber dictado desde 1992 diversos artículos de la Ley Minera que son contrarios a la Constitución y a algunos Tratados Internacionales, pues ponen a disposición de las empresas mineras las tierras y territorios de los núcleos agrarios y de las comunidades indígenas, en violación a derechos ya reconocidos, precisaron Itzel Silva y Diana Pérez.
La sentencia, dijeron, “sin duda será relevante no sólo para Tecoltemi, sino también para los pueblos originarios y los núcleos agrarios del país, que están defendiendo la vida de sus comunidades ante la imposición de megaproyectos”.
De acuerdo con las organizaciones, la industria minera es la que históricamente más ha impactado los derechos humanos de los pueblos originarios de México, y hoy en día una de las preocupaciones más importantes es el destino de un bien natural tan importante como el agua.