Ixtacamaxtitlán pide a gobierno niegue permiso a minería a cielo abierto

Minería a cielo abierto de la canadiense Almaden, es rechazada en la Sierra Norte de Puebla. Piden a Semarnat rechazar permisos y respeto a opinión popular

Regeneración, 1 de febrero del 2019. Ante la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Minera Gorrión SA de CV (propiedad de la canadiense Almaden Minerals Ltd), para iniciar los trabajos de una mina a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla, las comunidades de Ixtacamaxtitlán se pronunciaron por tener «derecho a ser partícipes del proceso de evaluación ambiental del proyecto minero Ixtaca».

La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Alcolhua, informaron que el pasado 24 de enero las comunidades se enteramos, por la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que Minera Gorrión SA de CV había ingresado el trámite de evaluación de impacto ambiental.

En el documento la empresa anuncia su interés de ocupar 1,044.02 hectáreas de territorio en Ixtacamaxtitlán y solicita el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para extraer oro y plata.

Del total, 466 hectáreas pretenden ser ocupadas en infraestructura, y las restantes aprovechadas para protección de las instalaciones, seguridad de los procesos y caminos.

-«Sin embargo, desconocemos los detalles del documento completo y las implicaciones del mismo», puntualizaron.

Como comunidades afectadas exigieron «se respete nuestra decisión: no consentimos la extracción minera en nuestro territorio».

Hicieron un llamado a la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, para que niegue la autorización ambiental a este proyecto.

Desde 2014, las comunidades nos hemos opuesto al proyecto de la mina a cielo abierto de Almaden Minerals Ltd.

Presentamos quejas sobre violaciones de derechos humanos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre daños ecológicos, además de otros procedimientos legales que han detenido, por momentos, las actividades de exploración, indicaron.

Acompañados por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), la Unión de Ejidos realizamos una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) del proyecto minero Ixtaca  que concluyó que la operación de la mina implicará daños irreversibles para el disfrute del derecho humano al agua, a la salud y al medio ambiente sano (se puede consultar el documento aquí).

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Doble discurso de Almaden

Almaden tiene un doble discurso; ha levantado una campaña de relaciones públicas para limpiar su imagen y mostrarse como una empresa socialmente responsable. Dice que el proyecto va a ser un modelo de la minería en el país. Sin embargo, la empresa minera lleva violando nuestros derechos desde que se asentó en estos territorios.

Entre las irregularidades encontradas desde que inició el proyecto minero, se destacan:

  • Negar que se trata de un municipio habitado. Almaden Minerals ha afirmado que se trata de un sitio “vacío”, con uso de suelo “nulo”, cuando es un municipio con 20 mil habitantes que realizamos actividades productivas.
  • Impactos ambientales. En la Evaluación de Impacto Social, realizada por la empresa (cuyo resumen ejecutivo obtuvimos a través del INAI) la misma empresa indica que entre los 37 impactos del proyecto, el impacto sobre el entorno “es la contaminación de los acuíferos y cuerpos de agua” y sobre la salud “será el derivado de la afectación a la calidad de aire por la emisión de polvos y a la generación de enfermedades relacionadas con ello”.
  • Violación de la normatividad ambiental, al realizar 236 barrenos más de los autorizados, con mayor densidad y profundidad que la permitida por la norma, además de que la empresa lo hizo fuera de tiempo.
  • Perforación del acuífero. De acuerdo con información de la empresa, ésta ha realizado barrenos de hasta 700 m de profundidad, aunque reportó a SEMARNAT que no perforaría a una profundidad mayor a 150 m. Tampoco solicitó los permisos correspondientes a la CONAGUA.
  • Provisión de información falsa a sus inversionistas. La empresa ha asegurado, por ejemplo, que solamente usará agua de lluvia, aunque las autoridades han dicho que ninguna de las 1,250 operaciones mineras en el país funciona sólo con agua de lluvia. Por otro lado, no ha sido transparente sobre los riesgos económicos que conlleva un proyecto violatorio a los derechos humanos y al medio ambiente.
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Además de estas irregularidades estamos en alerta por la solicitud de cambio de uso de suelo, ya que implicaría desconocer nuestros usos tradicionales del territorio.

Ixtacamaxtitlán es un Sitio Prioritario Terrestre

Los bosques de táscate que quedarían desamparados albergan fauna y flora endémica y son áreas de conservación, de acuerdo al a Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Ixtacamaxtitlán es un Sitio Prioritario Terrestre que debe ser protegido para mantener los servicios hídricos y conservar la biodiversidad.

Pedimos al Gobierno Federal que escuche la voz de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla. Minera Gorrión destruiría nuestras comunidades, nuestras tradiciones, el derecho de nuestros hijos e hijas a vivir en un medio ambiente sano. Somos los guardianes de los bosques, del agua, la flora y la fauna de este territorio, por eso no queremos una mina a cielo abierto.

Febrero del 2018: En firme orden de suspensión a Minera Canadiense Almaden

Gana comunidad Indígena de Tecoltemi en Ixtacamaxtitlan suspensión de explotación minera. Superaron todo tipo de maniobras y difamaciones del gobierno

Regeneración, 27 de febrero del 2018. Leticia Ánimas; Ixtacamaxtitlan, Pue.- La justicia federal dio un revés a la empresa canadiense Almaden Minerals que, a través de la división de sus concesiones, pretendía dejar sin efecto el Amparo promovido por los indígenas de la comunidad de Tecoltemi en Ixtacamaxtitlan.

Con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con sede en Puebla dentro del Recurso de Queja 184/2017 queda firme la orden de suspensión de las actividades de la minera en sus concesiones Cerrón Grande y Cerrón Grande II, además de que el Juez Cuarto de Distrito tendrá que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera hecha valer por los pobladores.

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Luego de que el juez ordenó a Almaden en el año 2015 frenar sus trabajos en Ixtacamaxtitlan, la empresa, con el apoyo de la Secretaría de Economía, manipuló las concesiones con la finalidad de quitarle el derecho a los pueblos para impugnarlas y además seguir sus trabajos en esta región.

Entre los argumentos que los ixtacamatlecos han expresado contra la minera está el de que las concesiones a Almaden fueron otorgadas aplicando la “anticonstitucional” Ley Minera expedida en 1992, violando sus derechos al territorio y la consulta.

Por ello la empresa trató de evitar que se discutieran esas normas a través de diversas maniobras legales: renunciando a las licencias de explotación, dividiéndolas o recortándolas para dejar fuera al territorio de los pueblos que recurrieron al Amparo.

Los pobladores se inconformaron contra estás argucias e interpusieron el Recurso de Queja cuya resolución representa un revés para la empresa canadiense pues debe acatar la orden de «suspender de plano» cualquier actividad que tenga que ver con las concesiones y obligará a la Secretaría de Economía a anular los cambios que hizo para favorecer a los mineros de la Almaden.

Además de que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado deberá pronunciarse acerca de las violaciones a los derechos de los nahuas de Tecoltemi cometidas al conceder las licencias de exploración y explotación de su territorio en contra de lo establecido por la Constitución y el artículo 169 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.

Sin embargo en el Juicio de Amparo interpuesto por los nahuas, el Estado mexicano consideró a la minería como de “utilidad pública” y alegó violaciones a su derecho de explotar “bienes públicos”; también cuestionó la identidad indígena de las comunidades y hasta aseguró que las afectaciones por las actividades extractivas no impactarán en el “suelo, porque las concesiones fueron otorgadas sobre lo que hay en el subsuelo y lo que se va a afectar es propiedad de la Nación, no de los pueblos”.

 

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