En los pasados fines de semana, del 11 y 18 de octubre, la población en Guadalajara salió a protestar a las calles para exigir solución inmediata a los problemas de abastecimiento y la distribución de agua contaminada y con malos olores que llegaba a sus viviendas.
Tan solo en la primera movilización se registró una represión por parte de las fuerzas del estado jalisciense y se reportaron las detenciones arbitrarias de al menos 39 personas. En la segunda marcha hubo otras diez detenciones por presuntos actos vandálicos. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya investiga los posibles abusos policiales.
Derivado de esas manifestaciones, el gobernador emanado de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, salió a lavarse las manos por la represión encabezada por su policía estatal y, tras la segunda movilización donde se pedía su revocación de mandato, denunció la supuesta presencia de “personas de otros estados, vinculadas a intereses políticos y a ‘grupos de choque’ en la marcha”.
El acueducto Chapala-Guadalajara, ¿es el primer paso para la privatización del paso del agua?
Esta visión de que el problema venía fuera de Jalisco no aplicó para el propio gobernador Lemus cuando planteó ante el Congreso estatal la posibilidad de un esquema financiero con inversores extranjeros llamado CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) para el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.
Aun cuando el gobierno de Jalisco insistió en que no se trataba de una privatización, opositores y activistas señalan que esta asociación abre la puerta a la participación e inversión privada, y principalmente del extranjero, en la operación de la infraestructura del agua en la entidad.
Mekorot, la empresa israelí que se roba el agua en Palestina, suspira con controlar la de Jalisco
Es aquí donde entra la participación de la polémica Mekorot, que resulta ser la empresa estatal israelí de agua que cuenta con convenios de cooperación tecnológica e intercambios académicos con el gobierno de Jalisco.
Mekorot ha sido un actor central en la gestión y el control de los recursos hídricos en los territorios palestinos ocupados, toda vez que desde 1967, Israel controla los recursos e infraestructuras de agua en Cisjordania y Gaza para extraer agua de pozos y acuíferos situados en la región.
Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil han denunciado un «apartheid hídrico» cometido por Israel en Palestina a través de esta empresa que durante décadas se ha robado el agua de los territorios palestinos ocupados, lo que ha provocado que el consumo en la zona se encuentre muy por debajo de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Como antecedente, en 2016, Jalisco firmó una carta de intención con el instituto tecnológico israelí Technion para proyectos de investigación en agua y biotecnología. Posteriormente, en 2022 y siendo parte de este acuerdo, una delegación jalisciense visitó Israel para explorar tecnologías de tratamiento de aguas.
Aunque Mekorot y Technion son instituciones distintas, tienen una relación estrecha y documentada, siendo que la segunda es la principal universidad pública israelí y cuenta con un plan de trabajo enlazado a la empresa estatal que contempla el intercambio de capital humano, tecnologías del agua, investigación y becas.
El instituto de agua del Technion (GWRI) ha declarado como parte de su misión nacional cooperar con Mekorot para atender sus necesidades de investigación. Es por ello que la empresa estatal israelí recibe estudiantes en sus instalaciones para prácticas con mentores. Muchos egresados forman parte de su nómina actualmente, incluido un expresidente de su consejo, Alex Wiznitzer.
Chihuahua, el antecedente de la violación de la soberanía
La sombra de la violación de la soberanía nacional mediante acuerdos con el Estado de Israel se remite también al caso suscitado en 2023, cuando la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua firmó un convenio con MASHAV (la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Israel) para implementar tecnología de riego, reducción de fugas y gestión hídrica en la entidad.
A pesar de que colectivos como Salvemos los Cerros y Chihuahua Intifada denuncian que el convenio es ilegal, ya que viola la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley de Cooperación Internacional al no estar debidamente registrado en el Registro de Convenios de Cooperación Internacional (RENCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de la panista Maru Campos se ha remitido a sostener que es un convenio estrictamente técnico.
La merma del servicio brindado por el SIAPA (Sistema de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) de Jalisco a la población ha derivado en un descontento popular, lo que podría llevar al gobierno de Lemus a tomar medidas como los acuerdos con empresas extranjeras, en particular del Estado de Israel, que se encuentra cometiendo un genocidio en Palestina, a fin de alcanzar una privatización parcial o completa de la infraestructura hídrica de la entidad.
El gobierno federal al rescate
Afortunadamente, el gobierno federal de México aportará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para financiar por completo el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y las obras complementarias del sistema El Zapotillo, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en el transcurso de la semana.
Si bien, por el momento parece haberse tranquilizado la crisis del agua en Jalisco tras esta noticia, no tardarán en salir nuevas crisis del agua en el país que deriven en poner sobre la mesa de los gobernadores el dilema de garantizar el derecho a este líquido vital mediante la responsabilidad del Estado o caer en la tentación de privatizar los servicios hídricos a empresas extranjeras que comprometan la soberanía nacional a través de la depredación de los recursos naturales.
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