FGR se inconforma: una dependencia “no puede ser empresa privada”. Comunidad científica debiera ser la primer interesada en aclarar asunto, reflexiona intelectual
Regeneración, 22 de septiembre del 2021. Un juez federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, negó a la Fiscalía General de la República (FGR) girar ordenes de aprehensión contra científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).
Se trata de 31 personas acusadas de los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Trascendió que la Fiscalía General de la República puede impugnar la resolución ante un tribunal colegiado.
Según la resolución del juez, los imputados están en proceso de ser notificados de la sentencia.
El proceso legal es resultado de una denuncia interpuesta por María Elena Álvarez-Buylla, actual titular del Conacyt.
En la sentencia se explica que los hechos imputados por la FGR no pueden ser analizados a la luz del derecho penal.
En ese sentido el juzgador estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo durante 2013-2019 fue con todas las facultades y bajo la ley establecida vigente en el momento de los hechos.
Además, indicó las actividades mencionadas están fuera del actual Estatuto Orgánico del Conacyt que ya no contempla la existencia de la Asociación Civil, sino de un órgano interno.
Por ende las otras acusaciones no fueron válidas a ojos del juez.
Es decir, las relacionadas al uso ilícito de atribuciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada.
La respuesta de la FGR
En respuesta a la determinación del juez, la FGR emitió un comunicado rebatiendo los argumentos de la sentencia.
Punto por punto la FGR indica:
“El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella”
Y, ” en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo“.
Esto, en razón de que “el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza”.
Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), aseveró la dependencia.
Lo anterior en razón de que “un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT”.
Mismos “que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución“.
Además, dicho ordenamientos “no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica”.
Además, “utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”.
Por esas razones, el Ministerio Público (MP) de la Federación no coincide con ese criterio, se señala en el comunicado.
Por lo antes expuesto el MP refrenda su apoyo “a las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas”.
Mismas “que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”.
Por lo anterior, “se volverá a solicitar la orden de aprehensión”, sentenció la dependencia.
Ello, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.
En este sentido la FGR “considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables”.
El comunicado puntualiza que “no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho”.
Finalmente se indica que “la FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial”.
Una reflexión necesaria
En relación esta denuncia diversas voces se han pronunciado, entre ellas, el periodista Témoris Grecko Berumen, quien señala que la primer interesada en aclarar el asunto debiera ser la comunidad científica.
“Los gobiernos del PRI y del PAN favorecieron la creación de mafias que por décadas les hincaron el diente a los presupuestos públicos”.
Esto, con base en sus relaciones políticas y no en los beneficios que le aportaban al país”, recordó el periodista
En Facebook precisó que en el ámbito de la cultura, por ejemplo, están los grupos comandados por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, Nexos y Letras Libres.
“Que a pesar de que han perdido contratos federales retienen otros a nivel estatal” y todavía ostentan una visible capacidad de movilización de “intelectuales y otras firmas”, sentenció.
Hay indicios y es presumible que esto también se dio en el ámbito de la ciencia y la tecnología, aseveró el periodista que ha sido corresponsal de guerra.
Los privilegios durante el neoliberalismo
En este sentido subrayó la existencia de “agrupaciones que tenían privilegios y fuertes subvenciones de Conacyt que no se traducían en aportes de interés público sino privado e individual”.
Ese parece ser el caso del llamado Foro Consultivo Científico y Tecnológico, según la FGR
Aunque dijo que “hace falta tiempo para constatar que las acusaciones estén bien fundadas”, indicó que “la primera interesada en aclarar este asunto debería ser la comunidad científica”.
Consideró necesaria dicha acción de transparencia “en lugar de activar sus mecanismos instintivos de defensa y denunciar persecución”.
Necesario recuperar la confianza
En ese sentido el periodista Grecko consideró que “las asociaciones que se han manifestado deberían exigir apego a derecho, transparencia, objetividad y premura en la investigación y procesamiento del caso”.
Detalló que “la confianza de las ciudadanía y de los contribuyentes en los procedimientos de la vital financiación pública de la investigación científica y tecnológica (al igual que en otras áreas) está vulnerado”.
E indicó que es indispensable recuperar esta confianza “para poder reconducir y normalizar estos procesos”.
Superar el pasado de corrupción
No se puede pedir que superemos el pasado de corrupción en el jardín del vecino mientras la mala hierba crece en el propio, aseveró.
“Si aspiramos a limpiar el periodismo, la cultura, la economía y la política de malas prácticas, no podemos dejar de lado la ciencia y la tecnología“, añadió el periodista para cerrar su reflexión
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