Una investigación de Fábrica de Periodismo, realizada en colaboración con Artículo 19, reveló documentos de la Procuraduría de Justicia Militar que reconocen la «ilegalidad» de las operaciones ejecutadas por el ejército mexicano durante la Guerra Sucia y que involucran a integrantes de las fuerzas armadas en detenciones, interrogatorios, reclusiones y ejecuciones extrajudiciales.
La documentación, entre otras cosas, reconstruye el funcionamiento de los llamados «Vuelos de la Muerte», que tuvieron lugar en Guerrero entre 1974 y 1979, mediante los cuales se arrojaban al océano Pacífico los cuerpos de las personas asesinadas por el Estado.
La Brigada Blanca y los Vuelos de la Muerte
La documentación citada señala que la Brigada Blanca, organización paramilitar del Estado mexicano, construida para hacerle frente a las organizaciones guerrilleras del país, operó sin sustento jurídico y recurrió a “tácticas completamente ilegales”.
El Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, y la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, figuraban como las instalaciones utilizadas para detener e interrogar clandestinamente a personas.
La investigación refiere que cientos de víctimas fueron trasladadas a Pie de la Cuesta, donde fueron asesinadas de un disparo en la nuca y sus cuerpos arrojados al océano Pacífico desde aviones Aravá.
El entonces secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, autorizó la operación y dejó constancia de la aprobación de las actividades de las tripulaciones de aviones, incluido el pago de sobresueldos a los militares participantes.
La relatoría militar, además, recuerda la represión de una manifestación encabezada por Lucio Cabañas en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1967 y las acciones armadas del Partido de los Pobres, incluidos ataques contra militares y el secuestro del senador Rubén Figueroa en 1974.
La investigación militar de 2000
En el año 2000, comenzó la averiguación militar SC/034/2000/IV/I-E-BIS, la cual estuvo a cargo del Ministerio Público Militar Andrés Cortés Ríos.
Dos años después, el 16 de septiembre de 2002, la Procuraduría de Justicia Militar, presentó un pliego de consignación contra los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, así como contra el mayor Francisco Javier Barquín Alonso.
La acusación solicitó ejercer acción penal por homicidio calificado y atribuyó a los mandos responsabilidad en las operaciones relacionadas con los vuelos de la muerte.
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