¿Nos vamos por el Sí o el No?
María Lachino
El pasado 20 de septiembre del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envío al congreso una iniciativa de Consulta Popular con la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? No obstante, para validar dicha consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo que cambiar la pregunta, misma que suprimía el nombre de los últimos cinco expresidentes: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Ahora, será la primer consulta popular constitucional de la historia en nuestro país, promete ser la más amplia y organizada de la historia. El INE distribuirá más de 93.5 millones de papeletas, este ejercicio costará 522 millones de pesos, la cual se distinguirá de todas las consultas anteriores, realizadas por esta administración. La instrumentación de la Consulta Popular el 1 de agosto para “enjuiciar a expresidentes”, ha generado diversas manifestaciones y expresiones: unos en contra y otros a favor.
Leámos algunas declaraciones en redes sociales: Vicente Fox: “No tardamos en saber cuantos pendejos quedan en el país, el día de la consulta tendremos cifras exactas”; The economista: “Es una pregunta que podría haber sido ideada por Cantinflas”; Omar García (Ex Sobreviviente del caso Ayotzinapa): “El monstruo o la fuerza que estamos tomando los ciudadanos no lo van a detener” y se lee en varios tuits: “la justicia no se consulta”. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos, opina, que la Consulta Popular es una oportunidad para castigar a todos los expresidentes que llevaron al país a las crisis económicas y orquestaron las desapariciones forzadas; los crímenes de Estado; la impunidad; ex funcionarios que abusaron de su poder y la guerra fallida contra el narco.
La consulta representa políticamente un emblema, lleno de gran poder, sobre un conjunto de símbolos, derivados de la indignación, la rabia y el coraje, la cual convence a aquellos que anhelamos “sed de justicia”, hacia quienes saquearon al país y violaron los derechos humanos de miles de ciudadanos. La consulta fungirá como un mecanismo de democracia y de participación ciudadana, pero que de igual forma, nos permite refrescar la memoria, herramienta abstracta para evocar aquel pasado histórico oscuro y por su parte, refrendar las responsabilidades del gobierno actual.
Estamos de acuerdo, que la aplicación de la ley no se consulta, pero lo que sí es un hecho, es que este ejercicio de democracia participativa, visibiliza tres elementos importantes: que la aplicación de la ley, sí se puede exigir en una consulta; nuestro derecho a intervenir en las decisiones del gobierno, en donde la movilización, la organización y la participación, son el epicentro, de la exigencia de justicia y finalmente, tener la garantía de que cualquier persona, que asuma un cargo de elección popular, sí podrá ser juzgado, por sus acciones, en un estado democrático de derecho.