Este 4 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sumó a 25 personas físicas, entre ellas Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y a 15 empresas, a su Lista de Personas Bloqueadas.
La medida se derivó de los análisis financieros realizados por la UIF, en los que se identificaron operaciones con elementos de riesgo, y estuvo acompañada de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Hacienda denuncia operaciones financieras ante la FGR
A través de un comunicado realizado la noche de este miércoles 4 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que la incorporación de personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas responde a la existencia de operaciones financieras que, por su naturaleza, requieren revisión de las autoridades competentes.
La UIF, por lo demás, ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual deberá realizar las investigaciones y establecer si existen elementos para fincar responsabilidades.
Cabe señalar que el bloqueo es, ante todo, una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, es decir, no representa una resolución definitiva sobre la comisión de ningún delito.
Las personas involucradas, conservan los mecanismos de defensa y garantía de audiencia, bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso.
ASF investiga contratos electorales por 2,461 millones de pesos
El bloqueo de las cuentas se suma a las investigaciones iniciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 23 de octubre, producto de las cuales se abrió un expediente de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones del INE.
El órgano fiscalizador identificó indicios de posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
El 30 de octubre, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, informó ante la Cámara de Diputados que cinco empresas vinculadas entre sí acumularon contratos por 2,461 millones de pesos con organismos electorales locales, mejor conocidos como OPLEs, entre 2014 y 2025.
Entre ellas figuran Cajas Graf, con 1072 millones de pesos; Formas Finas y Materiales, con 815.9 millones; Corporativo Zeg, con 278.7 millones; Comercializadora JVLY, con 208.3 millones, y Seriplast de México, con 85.1 millones.
Las investigaciones señalan, además, a los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, por contratos irregulares con el INE.
El pasado 26 de octubre, Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE después de una semana de cuestionamientos públicos sobre su posible relación con uno de los proveedores.
Las revisiones de la ASF y la investigación de la FGR deberán establecer si existieron irregularidades en las adjudicaciones y responsabilidades de funcionarios o particulares.
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