El partido Revolucionario Institucional, hizo uso de su mayoría en el Congreso del Estado para descartar el juicio político contra Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz
Regeneración, 22 de marzo de 2016.- Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron formalmente el pasado 1 de marzo, una demanda de juicio político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, esto ante los actos de corrupción, desfalco de recursos públicos y la imperante ola de asesinatos y levantones en la entidad.
Aunque el panorama actual de Veracruz se ha evidenciado en medios de comunicaciones, nacionales e internacionales, este día los diputados del Congreso del Estado, rechazaron la solicitud y aseveraron que la propuesta está basada en percepciones y alegatos que no tienen ningún sustento jurídico.
Fueron los legisladores, Ciro Félix Porras, Juan Manuel Velázquez Yunes y Marco del Ángel Arroyo y Eduardo Sánchez Macías del PVEM, quienes alegaron que la solicitud hecha por diputados del PAN y PRD, era “política y electorera”.
Carlos Fuentes Urrutia, presidente de la comisión de gobernación, informó los resultados de la votación previa a la sesión extraordinaria, donde la mayoría priísta desechó la solicitud. Domingo Bahena Corbalá y el mismo Fuentes Urrutia, votaron en contra de la decisión mayoritaria.
El presidente de la comisión de gobernación, lamentó que los legisladores del Revolucionario Institucional hayan “frenado” el intento de enjuiciar a Duarte de Ochoa, quien ha quebrantado las finanzas y pasado por alto los crecientes índices de violencia en la entidad.
Hay que recordar que en las últimas semanas, las manifestaciones y protestas contra el gobierno de Duarte, se han incrementado y extendido por todo el Estado. Universitarios, campesinos, jubilados, maestros, colectivos en búsqueda de familiares desaparecidos y un largo etcétera que día con día expresa su descontento por el mal estado de las finanzas públicas, la ola de desapariciones a manos de elementos de la policía estatal, asesinato de periodistas, hostigamiento a defensores y defensoras de derechos humanos y falta de apoyos a diversos sectores de la sociedad.
Con información de Proceso