La presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa de Ley General de Feminicidio para unificar castigos de hasta 70 años en el país
Regeneración, 15 de julio de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó y envió la iniciativa de Ley General de Feminicidio al Congreso de la Unión.
Esta propuesta unificará la tipificación penal del delito de género en todas las entidades federativas de la República Mexicana.
Actualmente, la fragmentación de las leyes locales genera graves deficiencias normativas y de acceso a la justicia.
La mandataria federal busca que «en todo el país se investigue de la misma manera» este lacerante crimen contra las mujeres.
Por consiguiente, la iniciativa establece reglas claras e idénticas para la aplicación de justicia en toda la federación mexicana.
La propuesta de ley plantea una penalidad unificada que va de 50 a 70 años de prisión obligatoria.
Además, contempla diecinueve agravantes específicas que incrementan la condena cuando las víctimas pertenezcan a sectores vulnerables de la población.
Las autoridades confirmaron que las sanciones y la reparación del daño serán de carácter imprescriptible para garantizar justicia.
Nuevos protocolos científicos de investigación obligatoria
En el mismo orden de ideas, el proyecto legislativo redefine de manera profunda las obligaciones procesales de las fiscalías locales.
La titular especializada de la FGR, Maribel Bojorges Beltrán, expuso las nuevas directrices técnicas para la procuración de justicia.
Las autoridades ministeriales estatales deberán aplicar obligatoriamente protocolos especializados de actuación con una estricta perspectiva de género.
Se erradicará la vieja práctica institucional de clasificar indebidamente las muertes violentas de mujeres como simples suicidios.
Aunado a este esquema, las fiscalías de todo el territorio nacional deberán contar con unidades altamente especializadas en la materia.
El Ministerio Público responsable intervendrá activamente desde el inicio de la carpeta de investigación hasta la ejecución penal.
Bojorges Beltrán subrayó la importancia de la «debida diligencia de forma reforzada» para evitar la pérdida de indicios.
Los planes de investigación criminal incorporarán análisis de contexto de las violencias previas sufridas por las mujeres agredidas.
Derechos integrales de las víctimas y políticas públicas de protección
Finalmente, la legislación propuesta prioriza la dignidad humana y el bienestar de las familias afectadas por el delito.
La encargada de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, detalló el paquete de atención integral para los deudos.
Se garantizará la asistencia jurídica gratuita, la atención médica de urgencia y la entrega digna de los cuerpos.
Asimismo, las autoridades estatales deberán proteger prioritariamente a las hijas e hijos que queden en una lamentable situación de orfandad.
Por otra parte, el gobierno mexicano creará herramientas tecnológicas sin precedentes para el seguimiento de la problemática social.
El Estado implementará formalmente el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio en el país.
El Sistema Nacional correspondiente vigilará que cada entidad federativa desarrolle la infraestructura necesaria para prevenir la violencia extrema.
La presidenta de México enfatizó que su gobierno garantizará la «cero impunidad frente al delito de feminicidio» de forma permanente.
