Niegan amparo a Javier Duarte contra orden de aprehensión

Amparo no concedido, fue la decisión del juez. Al ex gobernador de Veracruz se le acusa del delito de desaparición forzada

Regeneración, 26 de junio de 2019. Un juez federal rechazó otorgar un amparo al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
El ex gobernador reclamó la orden de aprehensión librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
Alegó que la orden de aprehensión “no satisface los requisitos para su emisión”.
Argumentó que “de la totalidad de datos de prueba, sólo en uno de ellos se hace mención de éste”.
Dijo que de los restantes el Ministerio Público fue omiso en emitir razonamientos que los entrelacen.
Asimismo, que la declaración del testigo (el entonces secretario de Seguridad Pública estatal), es insuficiente para dictar la orden de captura.
“Toda vez que se trata de un testigo singular y no se trata de testimonio único”,
Pues conforme a lo declarado por éste, el supuesto hecho fue presenciado por más de un sujeto.

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Rechaza conceder protección

El juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona, rechazó conceder la protección de la justicia a Duarte.
Esta decisión ya fue impugnada ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal.
En la sentencia, el juzgador estimó por bien acreditado lo expuesto por los agentes ministeriales solicitantes de la orden de captura.
Se refiere a que se tiene que garantizar la protección de la víctima, así como de los testigos.
Para justificar la aprehensión sin que mediara citatorio, la juez responsable se basó en el numeral 167 del Código Federal de Procedimientos Penales.
La Juez de Proceso y Procedimientos Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Alma Aleida Sosa JiménezLa libró la orden de aprehensión.

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Probables responsables 

La misma juez ordenó aprehender y vinculó a proceso el ex secretario de seguridad pública estatal, Arturo Bermúdez Zurita, y 18 ex mandos más.
A ellos se vinculó a proceso como probables responsables del delito de desaparición forzada.
En el expediente se menciona que «el gobernador exclamó exaltado que no se podía filtrar dicha información (de desapariciones)”.
Dijo que no se podía dar el lujo de un hallazgo masivo de cuerpos», motivo por el cual supuestamente ordenó entorpecer las investigaciones.

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