La privatización del Sistema Operador del Agua Potable de Puebla (SOAPAP) está vinculada desde 2011 a la empresa Oceanografía, a través de la firma de abogados White & Case, que desde entonces presta sus servicios para la elaboración de las bases de licitación y título de concesión, amén de que brindará asesoría jurídica para la asignación, pre–bases, juntas de aclaraciones y formalización del contrato con la compañía que resulte beneficiada.
Ayer el periodista Alejandro Mondragón dio a conocer en su columna “Al Portador”, que el organismo estableció dos contratos de carácter confidencial con White & Case, por un monto cercano a los 13 millones de pesos más gastos.
De acuerdo con copias digitales de esos convenios se evidencia que los contratos fueron rubricados por Manuel Urquiza, director del SOAPAP, y el representante legal de White & Case, Vicente Corta. De esa forma, el despacho de abogados asumió el control jurídico del organismo a partir del 15 de noviembre de 2011 para conducir desde esa fecha la privatización del organismo “y su venta en mil 400 millones de pesos, cantidad nueve veces menor a sus activos totales”.
El pasado 18 de marzo el columnista especializado en finanzas, Darío Celis, en su columna “Dinero en Imagen”, reveló la conexión entre el despacho de Vicente Corta y la empresa intervenida por la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de que se le descubrieron actividades fraudulentas en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Banamex por al menos 585 millones de dólares:
“Un actor que hasta ahora se ha mantenido a buen resguardo en el escándalo de Oceanografía es White & Case. Le había platicado que tras el estallido del caso, el bufete legal de Vicente Corta trató de pintar su raya y abandonó el barco cuando empezó a hacer agua.
“Sin embargo, la firma puede aportar información relevante, tanto a la PGR que comanda Jesús Murillo como a la CNBV que capitanea Jaime González Aguadéy al propio Pemex, de Emilio Lozoya Austin, en el tema del fraude a Banamex–Citi por más de 400 millones de dólares.
“Corta era asesor financiero de Amado Yáñez. Representó a la subsidiaria OSA Goliath en la emisión del bono de 160 millones de dólares con vencimiento en el año 2018. El bono no está en default y paga una tasa de 12 por ciento de interés, cuya siguiente amortización está programada para mayo entrante.
“Sus acreedores, fondos de Noruega, Holanda y Singapur que ya son representados por el abogado Alonso Rivera, tomaron en custodia el buque cuando Pemex inhabilitó a Oceanografía. Son los que no quisieron formar parte del comité de reestructuración que recién crearon Pemex y el SAE.
“Pero la asesoría de White & Case no se limitó a la operación de Goliath. Los pupilos de Corta también habrían intervenido en el refinanciamiento de un par de créditos del Rabobank, que dirige Manuel González, por 236 millones de euros para el arrendamiento de 10 barcos.
“De igual forma se comenta que White & Case participaría en la reestructuración financiera de otra filial de Oceanografía llamada Servicios Marítimos Gosh. Esta entidad es socia de la compañía de Singapur PACC Offshore Services, con la que arrendaron seis embarcaciones más.
“A todas luces se ve que White & Case conocía cada paso que daba Oceanografía. Incluso hay fuentes cercanas a la empresa de Amado Yáñez que aseguran que parte de sus ejecutivos y socios participaban en el consejo de administración. Se habla de Raúl Fernández–Briseño”, sentenció Celis.
La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara Baja del Congreso de la Unión presentó en la sesión del pasado martes un punto de acuerdo que fue turnado a comisiones para su análisis, en el que se propone que la Procuraduría General de la República y al Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiguen el destino de los recursos federales, estatales y municipales que la administración de Rafael Moreno Valle entregó a Oceanografía, empresa acusada de defraudar a varias instituciones.
Información: La Jornada de Oriente