ONU Pide desaparición de PGR y crear Fiscalía eficaz e independiente
Regeneración, 15 de marzo del 2018. A tres años y medio de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el informe “Doble injusticia: violaciones de derechos humanos en la investigación del caso de Ayotzinapa” documenta un patrón de torturas y encubrimiento en la investigación oficial.
En la página oficial de las Naciones Unidas se señala que “el 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, conocida como Ayotzinapa fueron desaparecidos y 6 personas asesinadas por integrantes de la fuerza pública en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero”.
El informe establece “una larga lista de violaciones de los Derechos Humanos cometidas en la primera parte de la investigación oficial, entre las cuales se encuentran el uso de la tortura con el fin de obtener confesiones forzadas, detenciones arbitrarias, encubrimiento, no presentación a juez, no respeto a la presunción de inocencia y al derecho a una defensa legal”, mismo que fue presentado ante los medios de comunicación.
En el informe se precisa que estas violaciones fueron cometidas durante la detención de decenas de personas, quienes permanecen encarcelados.
“Fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura”
“La Oficina identificó lo que configuraría un patrón consistente de violaciones de derechos humanos y modus operandi prácticamente uniforme”, indica el informe.
Enfocado en las violaciones cometidas en la investigación en contra de los detenidos, el documento examina información sobre 63 personas, de un total de 129 personas procesadas en relación con los eventos ocurridos en la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala, se indicó en el portal de la ONU.
“En 51 casos, detalla el informe, la ONU-DH obtuvo información que indicaba posibles actos de tortura”. En 34 de estos casos “la ONU-DH tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos” por parte del personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina (SEMAR)”, se precisa.
En muchos casos, añade, se ofrecieron “justificaciones no plausibles y contradictorias” para explicar las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”.
Se documenta la existencia de una serie de declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los partes médicos.
La investigación debilita la versión oficial de los hechos
Esta serie de pruebas contribuye a desvirtuar de nuevo la versión establecida por las autoridades, y calificada de “verdad histórica” por el entonces Procurador General, Jesús Murillo Karam, para clasificar el caso, indicó ONU-Noticias.
De acuerdo con esta versión, los estudiantes desaparecidos habían sido entregados por los policías municipales a miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero cerca del pueblo de Cocula y tiraron sus cenizas y otros restos en el río San Juan, precisa
Estas conclusiones han sido criticadas por varios informes y declaraciones, especialmente por elEquipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
Los hallazgos del informe también concuerdan con las denuncias del Relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez, en su visita y su informe del 2014 donde expresó su preocupación por el uso generalizado de tortura como método de investigación en México, tal como se señaló en la presentación del informe.
Se destaca en la página que “el documento describe un sistema de procuración de justicia en violación total de las garantías fundamentales de las personas y de las convenciones internacionales”.
Al término de su visita oficial a México, el 7 de octubre de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, había declarado que el caso Ayotzinapa “pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas, que afectan al país entero”.
El informe contiene15 recomendaciones hacia el Estado mexicano, entre ellas la obligación de declarar nula toda prueba obtenida bajo tortura y de investigar los casos de tortura.
Así mismo se invita a la “transformación profunda” de la actual Procuraduría General de la República para que “sea una institución verdaderamente profesional e independiente que no va a recibir órdenes políticos”. Señaló el representante de los derechos humanos de la ONU.
“También se violó el derecho a la verdad a toda la sociedad mexicana”
“No se puede lograr la justicia en un caso de una grave violación de derechos humanos cometiendo otras graves violaciones de derechos humanos”, expresó el comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
“Evidentemente, los 43 estudiantes desaparecidos son las víctimas, sus familias. Pero también los procesados torturados en la primera fase de la investigación”, aseveró.
“Es una doble injusticia porque por un lado los procesados han sufrido tortura y otras violaciones de sus derechos humanos, pero también se violó el derecho a la verdad no solo de las familias, no solo de los sobrevivientes de la tragedia de Ayotzinapa, sino, el derecho a la verdad a toda la sociedad mexicana”.