El Centro de Investigación y Análisis Fundar, consideró que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos criminaliza la lucha quienes se oponen a megaproyectos petroleros o de gas en varias poblaciones de la Sierra Norte de Puebla.
Por Leticia Ánimas
Regeneración, 25 septiembre 2017.- La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (LFPSDCMH) criminaliza la lucha quienes se oponen a megaproyectos petroleros o de gas, como sucede en varias poblaciones de la Sierra Norte de Puebla y facilita la entrada de las empresas a los territorios, consideró Aroa de la Fuente del Centro de Investigación y Análisis Fundar.
Al no diferenciar a las manifestaciones y la protesta en instalaciones petroleras de acciones consideradas como “sabotaje”, se deja la puerta abierta para que la legislación, publicada en enero de 2016, sea aplicada contra quienes hacen una legítima defensa de sus derechos en un contexto en que los conflictos socioambientales están siendo criminalizados y descalificados, detalló.
Disfrazadas en el texto de la ley, indicó, hay medidas que facilitan el hostigamiento a los defensores del territorio que se oponen los proyectos de hidrocarburos porque vulneran sus derechos humanos, pues se les podrían imponer las sanciones que se contemplan para el caso de “sabotaje” que, además, fueron incrementadas.
“En uno de los proyectos de ley que se discutieron había una cláusula que establecía que no se considerarían acciones de sabotaje a las manifestaciones y a las protestas de la gente en las instalaciones petroleras, pero quedó fuera. No se aprobó. Así que puede entrar como sabotaje cualquier acción, incluso la que tenga que ver con la protesta legítima de la gente que es un derecho humano”, precisó Aroa de la Fuente.
Las empresas, entonces, tienen una legislación que les da facilidades para entrar a los sitios donde hay resistencia, como el caso de la Sierra Norte de Puebla, debido a que a los conflictos sociales y ambientales, el Estado les está respondiendo con la descalificación. “La ley es preocupante per se, pero más en este contexto”, indicó.
La misma reglamentación, dijo, contiene medidas que podrían penalizar a personas u organizaciones que financien alguna conducta de las consideradas “ilícitas” y en el caso de las resistencias, podría aplicarse incluso contra quienes pagan viajes o cualquier otro tema para apoyar la movilización de la gente y “pueden ser acusadas por esta ley”.
Esta ley, señaló la investigadora, supuso ajustes al Código Penal de la misma manera en que ha pasado con todos los temas que tienen que ver con la reforma energética, incluida la misma Constitución, para poner obstáculos a derechos que están contemplados en otras normas, todo con la finalidad de que los proyectos extractivos salgan adelante.
De lo que se trata, apreció, es de debilitar la defensa de los derechos humanos de las poblaciones.
Además, en el artículo 23 de esta Ley se consideró como de seguridad nacional a la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios vinculados a estas actividades, cuando esta información debería ser pública, porque estas actividades se desarrollan en los lugares donde vive la gente.
Los casos de reserva de información no pueden ser generalizados, debe analizarse caso por caso y probar el daño que se causaría con su difusión, estimó.
