Por la creciente inseguridad en Sonora, el gobierno de Claudia Pavlovich ha permitido que los agentes policiacos maten a presuntos delincuentes armados con machete. El fiscal del estado aseguró que, al más mínimo amago, los policías pueden accionar sus armas y abatir al delincuente

Regeneración, 8 de junio de 2017.– Ante el incremento en la inseguridad, el estado de Sonora permitirá que sus policías maten a los delincuentes. El fiscal del estado, Rodolfo Montes de Oca, dio la orden a los agentes para que disparen contra presuntos delincuentes armados con machete.

“Deben de saber los delincuentes que estén portando armas prohibidas, que estén circulando por las vías públicas y sean inspeccionados por nuestros elementos, que al más mínimo amago o [cuando] desenfunden esas armas prohibidas nuestros elementos van a reaccionar con sus armas de cargo en legítima defensa, y lo más probable que va a suceder es que van a ser abatidos”, dijo en una entrevista a un medio local.

Cabe mencionar que, en últimos días, hombres armados con machetes han aparecido en colonias de las periferias del centro de Hermosillo, donde asaltan a transeúntes y los atacan con las armas.

Un caso que desató el hartazgo social fue el que sufrió un enfermero el pasado 3 de mayo. Martín trabajaba en un hospital cerca de la capital y fue herido con un machete por seis adolescentes que le pidieron dinero al salir de una tienda de autoservicio. Él decidió presentar una denuncia e indignado y con temor, exigió en una entrevista de radio “que las autoridades hagan algo porque los policías ni siquiera los buscaron”. Pero, once días después, el cuerpo de Martín fue encontrado sin vida, cerca de su casa y con una herida en la yugular.

En dos comunicados, la Fiscalía del estado informó que, en menos de quince días, cuatro hombres que portaban machetes fueron asesinados. La dependencia explica que, aunque en primera instancia se les intentó detener, opusieron resistencia y los policías procedieron a dispararles.

El caso más reciente ocurrió el pasado jueves cuando las autoridades estatales informaron sobre el “abatimiento” de un hombre al que calificaron como líder de una banda de macheteros. «Se abalanzó contra los agentes portando un machete con la que trató de agredirlos, los oficiales utilizaron comandos verbales para neutralizarlo, pero hizo caso omiso y los atacó, en defensa se usó la fuerza letal”, dice el comunicado del Gobierno.

La foto del presunto delincuente se viralizó en redes sociales. Una imagen donde “el gamesa”, de 27 años, yacía con los ojos abiertos junto a su machete, sobre un charco de sangre bajo su cabeza, justo donde la bala impactó.

Los comentarios en redes sociales aplaudían las acciones del Gobierno por brindarles seguridad. “Ojalá se echaran una vueltecita por mi colonia, donde abundan los delincuentes”, “a mí ya me da igual si a esa escoria la eliminan legal o ilegalmente”, “Así se tiene que actuar con esa gente”. Pocos fueron los comentarios que criticaron la acción que viola los derechos humanos del presunto delincuente

Las condiciones de violencia en que viven los sonorenses han llevado a que gran parte respalde la medida del fiscal.

«Es una medida para calmar ánimos que creo que no es la vía. Se tienen que utilizar los recursos del Estado y apostarle a la capacitación. La policía no tiene que estar matando a personas de ningún tipo», explica Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad.

Las autoridades deberían apostarle a otros protocolos antes de disparar, dice el activista. «En algunas colonias hemos visto que los vecinos han logrado detener a las personas que portan machetes, entonces la pregunta es: ¿por qué los ciudadanos sí logran someter a los macheteros y por qué la autoridad tiene que matarlos?», cuestiona Hoyos.

La medida adoptada por el fiscal puede generar un uso abusivo de la fuerza policías. Si el agente dispara a distancia sin que el arma blanca esté atentando contra la vida de alguien, es un acto ilegal, abusivo y vejatorio para los derechos humanos, dijo Miguel Garza, investigador del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde).

«La afirmación del fiscal está fuera de todo sentido, lo preocupante de esta instrucción dada a la policía es que ellos se pueden exceder porque van a cumplir la orden así nada más».

 El Gobierno de Sonora encabezado por la priista Claudia Pavlovich se basa en el artículo 13 del Código Penal de Estado, que deja sin efecto la comisión de un delito cuando se trata de legítima defensa. Según la norma: “cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor”, se considera legítima defensa. Esta disposición ambigua es la que ha servido para dar luz verde a los agentes para que ataquen.

En el estado de Sonora, los delitos de alto impacto han aumentado durante este 2017. Según el último reporte del Observatorio Sonora por la Seguridad, el Estado se encuentra por encima de la tasa nacional en homicidio doloso, robo con violencia y robo de autos.

Con información de El País