Bajo el argumento de que el alcalde de Fortín de las Flores cuenta con una demanda de amparo contra el desafuero, diputados del congreso de Veracruz rechazaron la solicitud de juicio de procedencia contra el político acusado de violentar a su esposa en distintas ocasiones

Regeneración, 24 de mayo de 2017.- Por segunda vez, el Congreso de Veracruz se negó a desaforar al alcalde de Fortín de las Flores, Armel Cid de León Díaz, acusado de violentar a su pareja. El argumento de los diputados fue que el presidente tramitó una demanda de amparo contra el desafuero, aunque la misma es improcedente porque los peritajes confirman la agresión que cometió.

Hace dos años, el congreso rechazó la solicitud de desafuero contra Armel Cid justificando que no procedía porque en la solicitud no se escribió completo el nombre del municipio.

Armel Cid de León Díaz figura como probable responsable del delito de violencia familiar equiparada. Su esposa lo denunció por haberla intimidado, amenazado y golpeado en varias ocasiones en el cuerpo y cara. Los peritajes confirmaron las lesiones físicas y la afectación psicológica de la víctima.

El fuero del alcalde impide que sea citado a declarar, además tampoco se puede girar una orden de aprehensión en su contra.

En 2015, cuando la Fiscalía de Veracruz estaba a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, se presentó una solicitud de juicio de procedencia contra Armel Cid de León Díaz. El objetivo de la FGE era interrogarlo y de proceder, denunciarlo por golpear a su pareja, sin embargo, los diputados del congreso en ese entonces, la mayoría del PRI, decidieron desechar la solicitud con el argumento de que la Fiscalía no escribió completo el nombre del municipio.

Aunque el fiscal aseguró que la solicitud sería enviada de nuevo y corregida, nada pasó.

Ahora, el pasado 31 de enero, el actual fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, pidió el desafuero del alcalde de Fortín de las Flores por el delito de violencia familiar equiparada.

En esta ocasión, la victima ratificó la denuncia y se agregan 28 elementos de pruebas que acreditan la probable responsabilidad del inculpado.

En la solicitud enviada al Congreso se adjuntan los peritajes que dan cuenta de las lesiones físicas y confirman un trastorno emocional producto de la violencia, además de fotografías y radiografías respecto a las lesiones que presenta la mujer.

 “Estas conductas afectan no solamente a quien es directamente lesionado en su bien jurídico tutelado, sino a la sociedad en general. Sobre todo, atentan contra los derechos mínimos que deben respetarse en un ser humano, su integridad física, psicológica y emocional” indicó la Fiscalía.

Winckler aseguró que el caso cobra mayor gravedad porque el responsable es un alcalde, quien debiera, desde su puesto público, promover una vida libre de violencia para las mujeres.

 “Aunado a lo anterior es importante significar que el denunciado a pesar de haber tenido la oportunidad procesal de comparecer y negar los hechos o exponer lo que a su interés jurídico conviniera, se concreta a interponer un juicio de amparo con ampliaciones para sostener la incompetencia de la autoridad ministerial” añade la solicitud.

La solicitud enviada por la FGE pasó primero a la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, la cual la calificó como procedente y la envío a la Comisión Instructora, misma a la que el fiscal Jorge Winclker solicitó la incorporación de una diputada con conocimiento de violencia de genero por estar integrada solo por tres hombres, pero la solicitud no fue aprobada.

Fueron los diputados Fernando Kuri Kuri, Ángel Armando López y Armando Jesús Cruz Malpica, quienes analizaron la petición de la Fiscalía sobre el juicio de procedencia y asegurando que el alcalde de Fortín de las Flores contaba con una demanda de amparo, la rechazaron.

Expertos analistas consultados por el medio Animal Político señalaron que la demanda de amparo no frenaba desde un inicio el procedimiento de desafuero.

David Peña, abogado perteneciente al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, dijo que la obligación de la Cámara era definir respecto al tema del fuero sobre los argumentos de la Fiscalía, pero no escudarse en un amparo que no tiene injerencia en el asunto.

Con información de Animal Político