Entre los involucrados están el rector de la Universidad de Zacatecas, así como directivos de SAGARPA que participaron en la firma de los convenios irregulares.
Regeneración, 8 de diciembre de 2017.- Averiguaciones de la PGR han revelado que en noviembre pasado saca a la luz otro capítulo en torno al esquema de fraude entre dependencias federales y universidades, modelo que hace unos meses fue denunciado en la investigación “La Estafa Maestra”, que fue realizada por Animal Político.
Estas investigaciones impulsadas por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dieron a conocer que en 2015, la Sagarpa entregó a la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ) casi 220 millones de pesos para que diseñara planes y proyectos a favor del campo.
Pero los servicios que la institución se comprometió a hacer, los transfirió a proveedores y personas contratadas por honorarios que no tenían el perfil para hacerlos, entre ellos edecanes, policías, columnistas, carniceros y recepcionistas.
Los proyectos estaban elaborados a base de párrafos copiados de sitios como Wikipedia, monografias.com o buenastareas.com.
Este nuevo fraude fue descubierto gracias a una revisión de los informes entregados por la dependencia y dicha universidad. La revisión fue hecha por la ASF, cuya denuncia penal ante la Procuraduría se presentó el pasado 31 de octubre y que estima un posible daño al erario de 219 millones de pesos.
Entre los involucrados se encuentran el rector de la Universidad de Zacatecas, así como directivos de SAGARPA que participaron en la firma de los convenios irregulares.
Este fraude se originó luego de que SAGARPA emitiera, entre enero y octubre de 2016, cinco convocatorias para acceder a recursos del “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, cuya finalidad era la ejecución de estudios, investigaciones y diagnósticos.
En dicha licitación, supuestamente hubo 36 beneficiarios que presentaron sus propuestas y a su vez pidieron que todo el presupuesto (219 millones de pesos) fuera transferido a la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Así que la SAGARPA firmó convenios con cada uno de los 36 beneficiarios en donde ellos aceptaban que el recurso federal no les fuera transferido a ellos, sino a la universidad. Los 36 beneficiarios también firmaron un contrato de cesión de derechos con dicha casa de estudios.
Según la Auditoría “la Universidad declaró que contaba con los profesionales especializados, así como con los recursos técnicos y de capacitación, necesarios para la ejecución, supervisión y seguimiento de las acciones encomendadas en los mismos, así como, con los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para ejecutar con eficacia y calidad los servicios solicitados por la SAGARPA, por lo que sería la única responsable de su ejecución”,
Sin embargo, esto resulto ser falso. Esa institución educativa violó el acuerdo firmado con la SAGARPA y transfirió el dinero recibido a terceros para “realizar los servicios contratados”.
De la suma total recibida, 128 millones de pesos fueron entregados a 16 proveedores, mientras que otros 76 millones se distribuyeron entre 624 personas contratadas por honorarios.
Estas personas no contaban con el perfil requerido, y entre ellas se encontraron a “recepcionistas, encargados de hoteles, vendedores de seguros, columnistas de medios informativos, mercadólogos, diseñadores gráficos, asistentes administrativos, edecanes, telefonistas, auxiliares contables, carniceros, policías, responsables médicos, cajeros, nutriólogos, entre otros”, detalló la ASF.
Luego de los hallazgos, los auditores acudieron a visitar al grupo de 32 beneficiarios iniciales de los recursos de SAGARPA, mismos que supuestamente pidieron que todo el presupuesto fuera transferido a la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Sin embargo, 15 de los 32 beneficiarios rechazaron haber firmado cualquier tipo de convenio con la dependencia federal o con la Universidad, e incluso haber hecho propuesta, por lo que se sospecha que parte del fraude incluyó el robo de datos personales.