Por: Luis Vittor
En general, donde se realizan consultas indígenas sobre proyectos mineros, el resultado es de rechazo a los mismos, generándose después conflictos entre pueblos originarios y empresarios. En Bolivia el caso más notorio fue el del TIPNIS, en el que sus dirigentes rechazaron la forma cómo se realizó aquella.
Los pueblos indígenas y gobiernos de América Latina están enfrentados por la minería. Los gobiernos, motivados por el deseo de lograr un mayor crecimiento económico, han creado un marco normativo para atraer inversiones extranjeras para la extracción de sus recursos mineros. Los conflictos se originan cuando estos recursos se encuentran en tierras pertenecientes a los pueblos indígenas, pero éstos se oponen a su extracción.
Gran parte de las concesiones mineras se superponen con territorios indígenas. Es posible que muchas comunidades decidan aceptar la actividad y logren acuerdos (pagos, regalías, etcétera) con la empresa y el Estado. Sin embargo, un número cada vez más mayor de comunidades y pueblos indígenas expresa su oposición a proyectos mineros haciendo uso de sus propios mecanismos de deliberación o de sus gobiernos locales. Estos mecanismos se denominan «consulta vecinal” en Perú, «consultas de buena fe” en Guatemala, «consulta de los pueblos o consulta popular” en Colombia y «consulta comunitaria” en Ecuador. Se realizan sin participación del Estado.
Mayoría de rechazos
En Perú, en una década, se han sucedido por lo menos seis procesos de consulta vecinal. En Tambogrande (2002), Ayabaca y Huancabamba (2007) e Islay (2009) las comunidades han decidido no incluir la actividad minera en su modelo de desarrollo. También se han realizado consultas en las provincias de Candarave y Tarata (2008), donde las comunidades han manifestado su oposición a que las actividades mineras usen los recursos hídricos. La comunidad de Kañaris (2012) rechazó en una consulta aceptar el proyecto minero Cañariaco.
En Argentina, específicamente en la ciudad de Esquel (marzo del 2002), los vecinos se pronunciaron contra del desarrollo del proyecto minero de la empresa Meridian Gold. Guatemala es otro país donde las comunidades en los últimos ocho años han expresado su oposición a la minería a través de las consultas comunitarias o «consultas de buena fe”. Desde que en junio del 2005 las comunidades mayas sipakapenses organizaron la primera consulta comunitaria, que rechazó el proyecto minero Marlín, las comunidades han realizado 74 consultas, la mayoría de ellas con resultados de rechazo a los proyectos.
En Ecuador los indígenas quechuas realizaron una consulta comunitaria en las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete (2012), donde rechazaron el proyecto minero Quimsacocha. En Colombia (2009) las comunidades indígenas emberas y afrodescendientes realizaron una consulta en la que expresaron su rechazo al proyecto minero Mande Norte, de la empresa Muriel Mining Corporation. Más recientemente (julio de 2013) se realizó otra consulta popular en el municipio de Piedras (Tolima) en la que sus habitantes se manifestaron en contra de las actividades mineras en su territorio.
Derechos conculcados
La socióloga peruana Alejandra Alayza sostiene que una de las causas principales de los conflictos está en las decisiones estatales previas al inicio de las actividades de exploración minera. En efecto, las políticas estatales de concesiones mineras podría leerse como la imposición de una actividad en los territorios indígenas sin consideración alguna de sus derechos, el uso del territorio y sus recursos.
Los pueblos indígenas no son informados de la decisión estatal de otorgar derechos a terceros sobre el subsuelo, que se superponen con sus derechos a la tierra y territorio. La comunidad es informada recién directamente por la empresa que gana la concesión, cuando ésta solicita tierras para iniciar la exploración y explotación minera. Si la comunidad no está de acuerdo por diversas consideraciones, no hay mecanismo o procedimiento eficaz y oportuno que canalice la posición de la comunidad ante el Estado. Es en ese momento que las comunidades transforman su posición en luchas de resistencia.
En segundo lugar, los territorios de las comunidades y poblaciones no son territorios improductivos ni están abandonados. Son espacios en los que se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, etcétera. De acuerdo a las bondades del territorio es posible que las comunidades hayan construido un modelo de vida y de desarrollo propio.
En tercer lugar, en el territorio indígena hay otros recursos que sirven para sustentar la vida de sus habitantes. El territorio puede ser parte de un ecosistema frágil (páramos, bosques de neblina, bofedales, lagunas). El agua que brota en el territorio puede servir a la agricultura, la ganadería y el consumo humano. Estos servicios del territorio, su valor para la vida y la economía local no son considerados antes de otorgar las concesiones ni suficientemente valorados en los estudios de impacto ambiental.
Desde la visión gubernamental las consultas comunitarias son una «conspiración” contra la soberanía del Estado y el desarrollo y –por tanto– desconocen su legalidad porque supuestamente no son vinculantes. Desde los pueblos indígenas se cree que son un derecho que les asiste de acuerdo al Convenio 169 de las NNUU, así como por otros instrumentos internacionales y nacionales que promueven la participación en la toma de decisiones estatales. En las consultas indígenas, comunitarias y vecinales la minería debe gozar del «consentimiento” de quienes habitan el territorio. Y ése es un derecho a veto.
Argumentos contra la minería
Daño ambiental
La minería es una de las actividades que por su naturaleza extractiva ocasiona daños ambientales y sociales, tanto a gran escala como en pequeña. La actividad es considerada como una de la más contaminante de aguas superficiales (ríos, lagos) y subterráneas, con altos contenidos de metales pesados y de la contaminación del aire por el material particulado y por las emisiones gaseosas. A su vez pueden tener impactos sobre la calidad del suelo y afectar la biodiversidad de los ecosistemas.
Riesgos a los derechos de los indígenas:
De acuerdo con normas internacionales, los pueblos indígenas tienen derecho de propiedad sobre las tierras que ocupan tradicionalmente y que en caso que existan recursos mineros en su subsuelo, los Estados tienen la obligación de consultar con los pueblos indígenas antes que se inicien las actividades de exploración y explotación (artículo 15 del Convenio 169 de las NNUU).
La resistencia a la minería se expresa a través de demandas y/o ejercicio de derechos y existe una tendencia de empoderamiento jurídico y político por parte de los pueblos indígenas. En muchos casos las comunidades basan su decisión en los derechos reconocidos en leyes nacionales e internacionales que protegen sus derechos, en especial los que se refieren al derecho a la consulta.
Riesgos para la biodiversidad
Los territorios que ocupan los pueblos suelen coincidir con territorios donde se concentran las áreas de biodiversidad de la región o recursos estratégicos para la vida en el planeta (agua y bosques). Esta situación se aprecia claramente en el área de la Amazonia, donde están el mayor número de pueblos indígenas que ocupan territorios de los países más biodiversos del mundo; México forma parte del área geocultural de Mesoamérica.
Derecho al desarrollo
Entre los múltiples casos de resistencia a la minería, el ejercicio del derecho a decidir –en el marco de su derecho a la libre determinación– qué «modelo de desarrollo” usar en determinado territorio indígena o comunitario aparece como un tema nuevo que plantea una cuestión de fondo sobre los límites del poder del Estado con relación al derecho de propiedad de los pueblos indígenas o de otros grupos locales. (La Revista-Harvard)
La socióloga peruana Alejandra Alayza sostiene que una de las causas principales de los conflictos está en las decisiones estatales. En efecto, las políticas estatales de concesiones mineras podría leerse como imposicisiciones.
La tensión entre desarrollo y medio ambiente
Por: Juan Pablo Valdivia
¿Hasta qué punto un país pobre debe proteger su medio ambiente al impedir actividades económicas que podrían ayudar a su población? ¿Cuándo debe la naturaleza ser protegida por encima de los intereses de personas que necesitan mejorar sus condiciones de vida? Este debate es intenso en muchos países desde hace dos o tres décadas. La otra pregunta es ¿cuánto se gana con las actividades extractivitas, como la producción de petróleo, con respecto a lo que se pierde?
A nivel mundial, algunas actividades económicas y la explotación indiscriminada de recursos naturales han desencadenado desastres que han atentado contra el medio ambiente y han puesto a prueba la conciencia ecológica de empresas, gobiernos y personas.
Por ejemplo, los naufragios de los supertanqueros petroleros Terrey Canyon, en el archipiélago de las islas Scilly, Inglaterra, en 1967, así como el Exxon Valdez, que vertió alrededor de 37.000 toneladas de petróleo en las costas de Alaska en 1989. Más recientemente, el terrible derrame provocado por el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon de la British Petroleum en el Golfo de México, en 2010, ocasionó que se derramaran 640 mil toneladas de petróleo.
El accidente producido en Bhopal (India) en 1984, al fugar isocianato de metilo, un tipo de pesticida producido por la transnacional Union Carbide, produjo unas 8.000 muertes en la primera semana después de la fuga y unas 12.000 posteriormente. En total se estimó que unas 600 mil personas fueron afectadas, 150 mil de ellas muy gravemente. La Unión Carbide nunca respondió por los daños.
Históricamente, el crecimiento de los países subdesarrollados se ha basado sobre todo en los recursos naturales. No es negativo si se le añade el concepto de sustentabilidad, que significa hacer posible una explotación racional de los mismos, respetando las leyes y estando en armonía con el medio ambiente y con las comunidades involucradas.
¿Debemos ser optimistas al respecto? Posiblemente sí, aunque para lograr resultados sea necesario una gran dosis de esfuerzo de todos los actores: empresas privadas, que sean responsables social y ambientalmente; el Estado, cumpliendo un rol fiscalizador; y la sociedad en su conjunto, a través de instituciones representativas y de individuos bien informados. (Juan Pablo Valdivia es profesional peruano, Cajamarca, Perú)
Información: Página Siete