Succar Kuri empresario libanés condenado a 112 años por abusos a menores. Tendrá que emitir nueva resolución sobre diversos delitos. Permanecerá en prisión
Regeneración, 11 de febrero del 2020. Succar Kuri: por vicios en el proceso, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito dejó sin efecto este lunes la sentencia de 112 años de prisión dictada en 2016; no obstante.
Esta determinación no implica la libertad del pederasta.
De acuerdo con reportes, los magistrados puntualizaron que se tiene que emitir una nueva resolución que sustente los delitos de abuso sexual y pornografía infantil.
Notimex informó que se trata de agravios contra siete menores de edad en el periodo que comprende del 5 de enero del 2000 a noviembre de 2003.
Además, el Primer Tribunal Colegiado ordenó al tribunal unitario determinar si las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de las agresiones contra los menores, fue en forma individual o estando dos o más de ellos juntos.
En lo que respecta al delito de corrupción de menores, le solicitó al tribunal unitario proceder a la traslación normativa que establece el Código Penal para el Estado de Quintana Roo.
La agencia del estado mexicano indicó el razonamiento del Primer Tribunal Colegiado:
“En el entendido de que la anterior determinación no implica la libertad del ahora quejoso”.
“Solo resta decir que, atento al principio de non reformatio in peius, no podrá incrementar el grado de culpabilidad que estableció…”
“…, tampoco imponer una pena que supere la determinada con anterioridad en la resolución que constituye el acto reclamado”.
7 de agosto del 2018. Tribunal ratifica 112 años de prisión a Succar Kuri
Con la ratificación se subsanan las deficiencias de la investigación, por lo que el pederasta Succar Kuri deberá permanecer en prisión
Regeneración, 7 de agosto de 2018.- La autoridad judicial con sede en Cancún determinó ratificar la sentencia de 112 años de prisión para Jean Succar Kuri, quien inicialmente había obtenido un amparo.
A inicios de junio, la prensa informó que Succar Kuri había obtenido un amparo del Juzgado Cuarto de Distrito, a efecto de ser trasladado del penal de máxima seguridad de Almoloya hacia la prisión estatal de Cancún, en el estado de Quintana Roo.
De ese recurso legal se sabía que era posible que se interpusiera una impugnación por parte del ministerio público federal, según aceptó el mismo abogado de Succar Kuri, Fernando Lechuga.
En aquella ocasión, el abogado se quejó de que su cliente aún no había recibido una sentencia firme, ni en el fuero común, ni en el federal.
En particular se refirió a la sentencia que desde el 11 de agosto de 2011 le impuso el Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito del Poder Judicial Federal por 112 años más 6 meses de prisión.
Así como una multa económica por 527 mil 874 pesos, más 350 mil pesos por reparación del daño a cada una de las siete víctimas denunciantes.
Al respecto, Lechuga agregó que en 2016 interpuso un recurso de apelación ante dicha sentencia.
Es así que el día de hoy, el Tribunal Unitario del 27 Circuito de Cancún ratificó la sentencia al libanés Jean Succar Kuri, alias “El Johnny”.
Dicha sentencia por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores en Quintana Roo.
El Consejo de la Judicatura Federal señaló que con esa sentencia se subsana cada una de las deficiencias que existían en el proceso acusatorio, por lo que el pederasta deberá seguir en prisión.
El empresario fue procesado el 21 de julio de 2006 por el delito de pornografía infantil en agravio de siete menores de edad.
Posteriormente se le agregó el delito de corrupción de menores, luego de que lo denunciaron en 2003.
En la investigación, peritos recabaron fotografías y videos pornográficos con infantes de cuatro años de edad hasta adolescentes de 16 años de edad.
Posteriormente, en un video de la Fiscalía, Jean Succar reconoció que había violado niñas de cuatro años de edad.
La ONU falla a favor de Lydia Cacho
La ratificación de la sentencia para Succar Kuri es otra victoria para las víctimas y para la periodista y escritora Lydia Cacho, quien la semana pasada anunció un dictamen a su favor por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Luego de 13 años de haber sido víctima de tortura por parte de policías del gobierno de Puebla, la ONU dio a conocer la resolución de un dictamen que favorece a la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Esto constituye el “primer dictamen” de su tipo en contra del Estado mexicano.
Donde el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió una serie de acciones que deberán tener respuesta en un plazo de 180 días.
Los términos de la resolución
En primer término, solicita una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva” por la violación de los derechos humanos de la que fue objeto Cacho Ribeiro.
Esto por parte de agentes policiacos, en represalia por los hechos denunciados en su libro Los demonios del Edén.
Además, solicita que se juzgue y se castigue a las personas responsables de dichas violaciones.
En tercer lugar, requiere que el Estado mexicano expida una “compensación adecuada” a la periodista. Es decir, una reparación integral del daño.
Asimismo, solicita adoptar las medidas necesarias para que, en el futuro, las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Igualmente, el comité pidió la derogación, en todo el territorio mexicano, de los delitos de honor.
Es decir, la difamación y las calumnias, que permanecen tipificadas como delitos en la legislación de ocho estados.
De acuerdo con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se trata del “primer dictamen” de su tipo contra México.
Lo anterior fue dado a conocer esta mañana en rueda de prensa en la que estuvo presente la afectada, Lydia Cacho, quien señaló:
“Somos sobrevivientes de una tragedia nacional…”
“…, Yo soy una sobreviviente de la tortura”.
“Fui torturada y perseguida por la policía, gobernadores, senadores y gente protegida por la Presidencia de la República”.