Alfombras rojas, vestidos de diseñador, relojes y vehículos de lujo son los gustos de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que dejan más que claro que a ella “no le gustan los pobres” y que le apuesta a “una economía de ricos”.
Regeneración, 28 de octubre del 2021. Desde que la polémica alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tomó posesión al cargo el pasado 1 de octubre dejó claro que a ella “no le gustan los pobres” y que le apuesta a “una economía de ricos”, como expresó durante una entrevista con Atypical Te Ve.
Ese día pidió que colocaran una alfombra roja para recibirla y hasta la fecha se desconoce cuánto costó. Sin embargo, demostró que a la mandataria local le gustan las excentricidades y los lujos.
En los 28 días que lleva en el cargo ha asistido y organizado varios eventos públicos. A la mayoría, con vestidos y atuendos de la diseñadora venezolana Carolina Herrera; los cuales oscilan entre los 14 mil y 18 mil pesos.
Los vestidos no son el único gusto lujoso de la perredista; también se le ha visto con relojes caros. Uno de ellos es marca TAG HEUER, edición Aquaracer, que está decorado con oro y diamantes. El accesorio está diseñado para bucear y alcanza una profundidad de 300 metros.
Camioneta de lujo con placas alteradas
La alcaldesa tiene una camioneta lujosa tipo Suburban, su costo es de más de 1 millón y medio de pesos y varias veces se le ha visto en el vehículo al llegar o retirarse de eventos.
Esta semana captaron que las placas de circulación del estado de Morelos fueron alteradas con cintas blancas y negras. De esa forma lograron que la matricula PYK-838-B se convirtiera en la PYK-888-3.
A pesar de que se difundieron fotografías del vehículo, Sandra Cuevas negó la veracidad de las imágenes cuando un reportero le preguntó, mientras se encontraba en el Congreso de la CDMX, y lo invitó a revisar la camioneta.
El Código Penal de la Ciudad de México establece que las personas que alteren las placas de vehículos recibirán un castigo de entre cuatro y ocho años de prisión; además serán acreedores a una multa de 300 a 2 mil días de salario mínimo. Si el ilícito es cometido por servidores públicos, serán separados del cargo e inhabilitados de seis meses a tres años.
