Para entender el desastre en materia de seguridad que vive el país, es importante saber cuál fue el diagnóstico que hizo el gobierno de Peña Nieto. Su análisis ha sido tan fallido como su acción. Reduce la corrupción a autoridades policiales y judiciales y no menciona a funcionarios públicos, legisladores, políticos, jueces, empresarios o banqueros.
por: Pablo Hernán Figueres
Regeneración, 24 de mayo de 2017. En esta segunda entrega de “Seguridad: el desastre planeado”, iniciamos la revisión del diagnóstico que presenta el Programa de Nacional de Seguridad Pública (PNSP), con algunas referencias a los capítulos correspondientes tanto del Programa Nacional de Desarrollo (PND) como del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 (PSG), que son el “paraguas” del PNSP.
El Programa Nacional de Seguridad Pública está conformado por cuatro capítulos: 1. Diagnóstico, 2. Alineación de metas nacionales, 3. Objetivos, estrategias y líneas de acción y 4. Indicadores. Cuenta con un marco normativo inicial y algunos anexos.
Tratándose del documento que establece lo que el gobierno se propone hacer para resolver la gravísima situación de violencia que padecemos los mexicanos, el diagnóstico debiera ser cuando menos pertinente, completo, verídico –al menos verosímil–, integral; sustentado en datos y cifras verificables, que dé cuenta de realidades analizadas y comprobadas en la gran cantidad de estudios realizados en el país; que recoja, en un esfuerzo comprehensivo, la mayor cantidad de aristas que tiene el incremento de la delincuencia y la violencia; que reconozca la atroz connivencia y colusión no sólo de policías o ministerios públicos con delincuentes, sino que éstas rebasan, con mucho y desde hace mucho, este reducido ámbito. Imposible no reconocer las graves violaciones a DDHH, la corrupción, el abuso, la impunidad, pero no sólo como menciones al vuelo y por no dejar, para fingir que se toman en cuenta, sino como una ponderación de su impacto en la política, en la economía, en la sociedad.
Para dar una idea de la situación de inseguridad que imperaba, podemos revisar un par de datos: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012 señala que el 58% de la población mayor de edad considera la inseguridad como su principal preocupación, y que entre 2010 y 2011 el número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones: 1.1 millones de víctimas más en un año. Por su parte, la encuesta de Victimización de Empresas (ENVE) 2012 muestra que la inseguridad representa un costo adicional a las unidades de producción equivalente a 0.75% del PIB. Y que el 37.4% de las unidades económicas fueron víctimas de algún delito. De estas dimensiones eran los desafíos. Pero veamos qué le diagnosticó al país, para luego ver qué recetó y cómo ha aplicado el remedio.
El Diagnóstico del PNSP comienza con el apartado “Contexto”. Una página muy sugerente. Empieza con la siguiente frase: “El cambio en el orden político y económico internacional a partir de la década de 1980 favoreció el surgimiento de una economía delictiva a gran escala, que amenazó la estabilidad de países en proceso de consolidación económica y política.” Suponemos que México es de esos. De entrada, se espera algún apunte sobre su referido “cambio de orden político y económico internacional”. Nada, así que no queda claro a qué cambio se refiere, ni cómo es que ese cambio amenazó la estabilidad de países y menos, cómo es que surgió una economía delictiva a gran escala. Adivine usted.
Dos párrafos adelante dice que: “En este periodo, México experimentó una transición delictiva caracterizada por el incremento sostenido del número de delitos, en particular, los cometidos con violencia; por la impunidad y por la consolidación de organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y la economía ilegal.”. Aparte de que la sintaxis no es lo suyo, sorprende no sólo el simplismo de la afirmación, sin argumento o explicación algunos, sino la confusión de orden causal que revela.
VER: Seguridad: el desastre planeado
Lo siguiente es ejemplar, además de repetitivo:
“La crisis de seguridad pública durante el cambio de siglo fue resultado de un largo proceso de acumulación de rezagos, que se reflejaron en los siguientes fenómenos:
- El crecimiento sostenido de la delincuencia organizada, en especial de los delitos contra la salud y sus efectos en el aumento del consumo de drogas.
- El crecimiento y consolidación de organizaciones delictivas asociadas con la economía ilegal con un importante fortalecimiento financiero a través de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- El surgimiento de patrones delictivos más violentos como resultado de la especialización de los grupos delictivos y de la impunidad.
- La colusión y corrupción de las autoridades policiales y de administración y procuración de justicia.”
Como se aprecia, desde una realidad brumosa de hace más de treinta años, brinca a una “crisis de seguridad” en el año 2000 sin mayor recato. De nuevo hay que imaginar a qué se refiere con crisis de seguridad, pues el cambio de gobierno, nuestra alternancia, no se caracterizó por una particular escalada de la inseguridad, sino que siguió su tendencia, si bien ascendente. Los cuatro “fenómenos” aludidos parecieran ser la condensación total de la situación en materia de seguridad.
El documento afirma que en los ochenta México vivió una “transición delictiva caracterizada por el incremento sostenido del número de delitos, en particular, los cometidos con violencia; por la impunidad y por la consolidación de organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y la economía ilegal”. Pero dice lo mismo de la “crisis de seguridad” del año 2000. Así que atínele o escoja su versión preferida. Al menos apunta, entre los fenómenos, a la corrupción, limitada, eso sí, a autoridades policiales y de administración y procuración de justicia. Ni por asomo menciona a funcionarios públicos, representantes “populares”, políticos, jueces, empresarios o banqueros. Adelante afirma que la delincuencia organizada (DO) ejerce control sobre zonas del país, aunque se apresura a decir que es un problema focalizado. Continúa:
“Lo anterior, aunado al fortalecimiento de la seguridad fronteriza de Estados Unidos de América a partir de 2001, contribuyó a que la delincuencia organizada incrementara la distribución de droga a nivel nacional y expandiera sus áreas de operación hacia otras actividades, tales como la trata de personas, la extorsión y el secuestro.(1)”
Este párrafo trasluce una noción que permea entre quienes “planearon” y “ejecutan” este Programa. La delincuencia organizada está, o estaba, formada por narcos exportadores, nada más. Y como EU reforzó su frontera, los narcos “expandieron” sus áreas de operación. Como si antes la trata, la extorsión, el secuestro no hubieran estado vinculados al narcotráfico, como muchos otros delitos.
La nota al pie refiere al Plan Nacional de Desarrollo, en el que uno esperaría alguna información que abunde al respecto o aclare la afirmación. Pero no, lo que se encuentra son exactamente los mismos párrafos, a los que se les añaden algunos datos sobre delitos graves y víctimas.
Las causas del incremento son, según este “contexto”: un cambio de orden político y económico en la década de los ochenta; un largo proceso de acumulación de rezagos hacia el 2000 y el incremento en la seguridad fronteriza por parte de nuestros vecinos del norte. Consecuencia: fortalecimiento de la DO, incremento de los delitos y de la violencia. Dos momentos, separados 20 años, sin orden de continuidad ni conexión clara entre ellos, como escogidos al azar para justificar una situación de la que el gobierno, o los gobiernos, sus políticas y decisiones, aparecen ajenos; bueno, ni aparecen, y menos, el gobierno anterior; tan sólo una lacónica referencia al incremento de delitos entre 2006 y 2012. Llama la atención que no se haga ninguna referencia a la “guerra contra las drogas” del gobierno anterior, ni a la escalada de violencia en ese periodo, sobre todo, tratándose de un nuevo gobierno, surgido de un partido distinto del anterior. Absolutamente nada sobre la gestión de Felipe Calderón.
En resumen, para la Secretaría de Gobernación el diagnóstico situacional en materia de seguridad al inicio de este gobierno se puede resumir así: la situación de inseguridad en 2012 se inició en los ochenta o a partir del 2000, por lo que en 2012 hubo más o menos muchos delitos, hartos delincuentes, muy violentos y mejor organizados. Ah, algo de corrupción y un poco de impunidad.
Pero lo que sorprende es que este programa haya sido realizado después de un arduo trabajo de consultas públicas –y por triplicado: para el PND, para el PSG y para éste; del aporte de académicos y expertos nacionales e internacionales, así como de integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y que haya pasado por la revisión de infinidad de funcionarios y asesores de “primer” nivel, haigan sido de la CNS, la SG o Presidencia. Y sorprende porque afirma que en 2012 estábamos en el infierno por algo indefinido que pasó en 1980 y que volvió a pasar –o quizás seguía pasando, a saber– en el 2000 y que quizás, volvió a pasar en el 2012, sabrá dios cómo y porqué. Estaban cansados.
El siguiente apartado, llamado “Escalamiento de violencia”, sin mayor preámbulo presenta una serie de gráficas sobre incidencia de tres delitos de alto impacto: homicidio, secuestro y extorsión, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como un gráfico de víctimas de delitos a partir de las encuestas del Inegi. Para los delitos, reporta cifras desde 2006 hasta 2012. El PND, por su parte, compara 2007 y 2012. Lo más notorio es que, con la misma fuente, difieran en los datos para este último año. El PND dice que hubo 20,548 denuncias por homicidio doloso y el PNSP dice que fueron 21,728. Para el secuestro el PND afirma que en 2012 se registraron 1,268 denuncias y el PNSP asienta 1,407. Respecto a la extorsión, en el PND se afirma que en 2012 llegaron a 6,045 y en el PNSP a 7,272.
Pero más allá de la inconsistencia de sus datos, no dice, por ejemplo, que de enero a septiembre de 2012, once entidades federativas concentraron 81% de los homicidios vinculados con el crimen organizado, 70% de los secuestros, 34% de las extorsiones y 67% de los homicidios dolosos. O, por ejemplo, que casi el 30% del total nacional de la incidencia conjunta de ejecuciones, secuestro, extorsión y homicidio doloso se concentró en sólo 10 municipios: Acapulco (6.2%); Ciudad Juárez (3.8%); Torreón (3.1%); Monterrey (3.0%); Culiacán (2.6%); Chihuahua (2.2%); Nuevo Laredo (2.2%); Tijuana (1.8%); Cuernavaca (1.3%), y Morelia (1.0%). Mientras todo ello sucedía, la Policía Federal se quintuplicó al pasar de 6,489 elementos en diciembre de 2006, a 36,940 a junio de 2012; la mayoría, integrantes de las fuerzas armadas.
Siguen dos tablas con tasas de delitos graves por años y región –no dice cómo se conforman éstas– y termina con dos parrafitos que mencionan la trata de personas y delitos contra migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. No más.
Nada que reconozca un problema serio en materia de DDHH, habida cuenta que entre 2009 y 2012, México había sido objeto de cinco sentencias condenatorias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones graves por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Asimismo, de acuerdo con la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, aproximadamente sólo 15 de cada 100 delitos que se cometen en México son denunciados y, de éstos, solamente el 1% es perseguido por las autoridades responsables, llegando a sentencia condenatoria sólo el 1%, lo que representa un altísimo grado de impunidad, como para merecer sólo una mención al vuelo.
Hasta aquí los dos primeros apartados del diagnóstico. El siguiente, 1.3 “Debilidad institucional y escasa coordinación”, lo abordaremos en la tercera entrega. Esta parte es, en cierta forma, el meollo de la conceptualización del PNSP, ya que construye el discurso sobre el que ha insistido el gobierno actual: el problema ha sido la debilidad institucional y la escasa coordinación entre órdenes de gobierno, que ha impedido una intervención eficaz para combatir la criminalidad.