Una perita en antropología forense embarazada fue obligada a trasladarse por vía terrestre, por caminos accidentados en vehículo automotor y caminando por cerros y montañas, aun cuando los médicos le diagnosticaron embarazo de alto riesgo y posible amenaza de aborto.
Regeneración, 13 de junio de 2017.- En 2014, una perita en antropología forense de la PGR fue obligada a continuar con su trabajo, aunque días antes se le había diagnosticado con “amenaza de aborto”.
Con casi cuatro semanas de embarazo, el 13 de abril de 2014 acudió a la Unidad de Urgencias del ISSSTE, donde le expidieron licencia médica por cinco días, pues le dijeron que su embarazo era de alto riesgo.
La perita entregó la incapacidad y el dictamen médico a su superior, el Subdirector del Departamento de Medicina Forense le señaló que “el estar embarazada no era incapacitante, por lo que no podrían darle las consideraciones que esperaba”.
Aunque la queja de la agraviada fue presentada el 4 de febrero de 2015, los hechos ocurrieron en el transcurso de 2014. En otras fechas, los médicos del ISSSTE le incapacitaron, dándola de alta con plan de egreso a su domicilio, sin embargo, por instrucciones superiores y bajo amenaza de despido fue obligada a realizar las actividades propias de su encargo.
La mujer fue obligada a trasladarse por vía terrestre, por caminos accidentados en vehículo automotor y caminando por cerros y montañas, cargando su maleta y su caja de herramientas. Sus superiores se negaron a recibir las incapacidades y le dijeron que tenía que atender sus requerimientos de trabajo.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR) por obligar a una empleada con embarazo de alto riesgo a realizar actividades peligrosas que contribuyeron a la pérdida del producto de la gestación y violaron sus derechos humanos.
En la recomendación 22/2017 señala que, aunque conocían su estado de salud por embarazo de alto riesgo, autoridades de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR obligaron a la perita en antropología forense a realizar esfuerzos y actividades peligrosas que contribuyeron a la pérdida del producto de la gestación.
“Los servidores públicos restaron la importancia que el caso ameritaba, minimizaron los riesgos, violentaron sus derechos humanos y se enfocaron únicamente a que se cumplieran las expectativas laborales, aun cuando existió disponibilidad para que otros funcionarios atendieran las peticiones del Ministerio Público de la Federación”, señala la CNDH.
El organismo señaló que las autoridades involucradas violentaron los mencionados derechos humanos de la víctima; transgredieron los derechos que le asistían como trabajadora embarazada, pues no le proveyeron condiciones de prevención, para procurar que su embarazo se desarrollara bajo las mejores condiciones laborales e instó al titular de la PGR a reparar el daño a la trabajadora.
Con información de La Jornada