La razón de La Jornada

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Pero, sobre todo, ha habido una oleada de expresiones de simpatía y solidaridad que ameritan, además de agradecimiento, el compromiso de mantener viva a La Jornada.

Por Pedro Miguel | La Jornada

Regeneración, 4 de julio del 2017.- Formalmente, Desarrollo de Medios, la razón social que edita La Jornada, es una sociedad anónima de capital variable. Hace más de tres décadas, cuando se planeaba el lanzamiento de este diario, se decidió recurrir a esa figura, con un acta constitutiva y unos estatutos singulares, como una forma de garantizar la vida democrática en el proyecto informativo e impedir que intereses externos intervinieran en su línea editorial. Aún estaban frescas (1984) las amargas experiencias de Excélsior, cuya cooperativa fue infiltrada por el régimen de Echeverría para dar un golpe de mano al modelo de periodismo crítico que encabezaba Julio Scherer, y del unomásuno, en el que la concentración accionaria en manos del director general desvirtuó los lineamientos iniciales de ese periódico.

Con esos antecedentes, los fundadores de La Jornada idearon un sistema en el que el grueso del capital estuviera disperso en miles de pequeños accionistas sin voz ni voto en las asambleas (alrededor de 160 accionistas comunes) y en el que el control efectivo quedara en manos del núcleo de periodistas y colaboradores originales (ordinarios), ninguno de los cuales podría poseer más de un paquete accionario. Así pues, este diario pertenece a miles de personas y a nadie en particular, y en las más de tres décadas transcurridas desde su fundación tal sistema de candados ha permitido que el grupo fundador –que ha tenido bajas por salida voluntaria o por fallecimiento, así como nuevas incorporaciones, incluso de trabajadores sindicalizados– mantenga la línea editorial primigenia y que ningún consejo de administración pueda imponerse a las decisiones periodísticas.

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Se quería un periódico que diera información y análisis a una sociedad que estaba sedienta de ambas cosas; se pretendía, ya por entonces, visibilizar (aunque tal expresión aún no existiera o no se hubiera puesto de moda) a los actores sociales que no aparecían en el panorama informativo habitual (movimientos sindicales, agrarios, sociales y políticos, procesos artísticos, intelectuales y académicos, entre otros); se buscaba, además, establecer una fuente de trabajo digno para todos los que participaban en la producción del periódico. Lo que a nadie se le pasó por la cabeza fue el objetivo de negocio: La Jornada siempre ha tratado, no siempre con éxito, de hacer dinero para informar, pero no ha buscado informar para hacer dinero.

Por ello, la empresa editora no ha repartido nunca utilidades a ningún accionista. Las ganancias, cuando las ha habido, se han invertido en la adquisición de activos y, sobre todo, en el mejoramiento de las condiciones salariales y laborales. Ello explica el hecho de que se haya conformado en este periódico un contrato colectivo que probablemente no tenga igual en el país en lo que se refiere a beneficios para los trabajadores.

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De unos años a la fecha, sin embargo, la crisis financiera por la que atraviesan los medios informativos tradicionales (particularmente los impresos) en México y en el mundo, se ha hecho sentir en La Jornada. A ello se sumaron dificultades de cobranza que en el contexto de estancamiento económico nacional no son exclusivas de este diario. Para encajar esas tendencias, la administración del periódico fue realizando año tras año ajustes y reducciones en distintos rubros y sacrificando incluso sus perspectivas de crecimiento, con el fin de mantener intactos los salarios, mantener en un mínimo las reducciones a las prestaciones del personal y evitar un despido masivo. De esa forma, la nómina y los pagos de personal fueron consumiendo una porción cada vez mayor de los ingresos, hasta que se llegó a un punto en que ocuparon más de 90 por ciento, y eso colocaba a Demos y a La Jornada en la perspectiva de una rápida bancarrota. Se hizo necesario, entonces, apelar a la comprensión de los trabajadores sindicalizados para eliminar casi todas las prestaciones que no estuvieran previstas en la Ley Federal del Trabajo.

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Ante el conato de huelga (en menos de 72 horas fue declarada inexistente e ilegal) emprendido el 30 de junio por la dirigencia y un sector del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada, algunos han querido ver, por desconocimiento o por mala fe, un conflicto entre el capital y el trabajo; otros han inventado que hay en La Jornada directivos privilegiados que, con tal de mantener condiciones de vida supuestamente principescas, decidieron sacrificar a los trabajadores, y no ha faltado quien llame esquiroles a quienes nos mantenemos fieles a los principios y propósitos que hace casi 33 años dieron vida a este periódico. Pero, sobre todo, ha habido una oleada de expresiones de simpatía y solidaridad que ameritan, además de agradecimiento, el compromiso de mantener viva a La Jornada.

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