El agua de México está en venta, las empresas trasnacionales aprovechan la complicidad del gobierno que les entrega el manejo de los organismos operadores de agua en las ciudades y les autoriza grandes proyectos que podrían dejar “seco y contaminado” el país.
Edith Peredo
Regeneración, 22 de marzo de 2016.- El agua es indispensable para la vida, sin embargo, en México este recurso se vende al mejor postor sin importar las condiciones en que vive la población en diversas entidades de la república. La carencia del líquido se debe en gran parte a la falta de mecanismos adecuados para su limpieza y abastecimiento, además de las concesiones otorgadas por los gobiernos federal y estatal para que empresas extranjeras manejen a su antojo grandes volúmenes y operen los organismos reguladores de agua dentro de territorio mexicano.
Basta recordar el caso reciente de Veracruz, donde el gobierno estatal aprobó a las empresas foráneas Odebrecht y Aguas de Barcelona, la conformación del nuevo órgano que se encargará del abastecimiento de agua potable en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo por al menos 30 años. Activistas, denunciaron la corrupción al interior de la empresa que lleva el mismo nombre de su dueño, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado a 19 años en presión por un escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal brasileña Petrobras, y aseguran que el servicio podría incrementarse en la zona donde operará el nuevo organismo.
La empresa brasileña, además, pretendía instalar una presa hidroeléctrica en la cuenca La Antigua, específicamente en el río Pescados. Dicho proyecto traería consigo daño ambiental y podría inundar los poblados cercanos al afluente, como en decenas de casos ya conocidos en Latinoamérica.
El agua en la mira de las empresas mineras y petroleras
Las transnacionales invierten grandes sumas de dinero en México para crear megaproyectos “de muerte”, como los han llamado los pueblos que resisten contra mineras y presas en el país. Pero la inversión es realizada gracias a la apertura del gobierno que, con los brazos abiertos, recibe dinero, sobornos y aprueba proyectos por encima de la voluntad de los pueblos y además, permite que la ciudadanía sea hostigada, amenazada y asesinada por oponerse a este tipo de planes.
La explotación minera, por ejemplo, es una de las actividades con mayor impacto sobre el ambiente. Utiliza grandes cantidades de agua para la explotación y al final, la dejan contaminada con metales pesados.
“Las autoridades dan todas las facilidades para que las empresas hagan uso del agua que es indispensable para el funcionamiento de este tipo de minas, privilegian que las empresas la usen, la contaminen aunque existan actividades con mayor presencia en cuestión económica a nivel regional como la ganadería o la agricultura que hacen uso también intensivo del agua pero que no se compara bajo ninguna circunstancia con la actividad minera puesto que contamina con metales pesados y sustancias toxicas este vital líquido”, dijo Emilio Rodríguez Almazán, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).
En todo México, existen proyectos mineros que utilizan agua bajo una concesión otorgada por el gobierno. En la investigación “Concesiones de agua para las empresas mineras”, realizada por CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Böll, destaca que existen alrededor de mil 306 títulos de aprovechamiento de agua que amparan un volumen de 436 millones 643 mil 287.92 metros cúbicos anuales de líquido concesionado a empresas mineras. Ésta cantidad, equivale al volumen de agua necesario para satisfacer a 3 millones 229 mil personas por un año.
El Grupo México, S.A.B. de C.V., es el que posee el mayor número de títulos para uso del recurso con 142, le sigue Gold Corp Inc. con 74. La primera empresa, de origen mexicano, es la responsable del derrame de ácido sulfúrico en el río Sonora y de más daños en varios puntos del estado del norte que han dejado un ambiente devastado y decenas de humanos con enfermedades causadas por la extracción minera. La segunda empresa, de origen canadiense, ha explotado minas en busca de oro en diversos estados del país, como en Carrizalillo Guerrero, donde las quejas de los pobladores denunciaron el daño a la salud de los habitantes, catástrofe medioambiental y violación del derecho al agua.
Con la entrada en vigor de la reforma Energética, el gobierno federal permitirá que más empresas extranjeras lleguen e inviertan en el país y violen el derecho humano al agua, destruyan flora y fauna endémicas de la región, arrasen con poblaciones enteras y terminen con las pocas fuentes de líquido limpio que sobreviven en México.