Miles de electricistas siguen sin empleo
Piden que documentos de liquidación y negociación se hagan públicos
Por José Antonio Almazán G
Mirando en perspectiva, la decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro (LFC) no fue solo para acabar con el SME, como algunos suponen para justificar sus negocios, sino con la finalidad de facilitar el proceso de privatización de la industria eléctrica y el petróleo.
El origen
Los preparativos comenzaron años atrás y consistieron en colocarla en quiebra técnica para justificar su liquidación.
A LFC, como antes a Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC), le aplicaron un mecanismo descapitalizador, parecido al que ahora se busca imponer a la CFE, que de organismo público descentralizado pasó a “empresa productiva de estado”, como parte de los planes privatizadores del gobierno de Peña Nieto.
Las finanzas de LyFC nacieron prácticamente quebradas desde su creación como organismo descentralizado en febrero de 1994. Bastó recolocarle en 1995 la vieja deuda de más de 21 mil millones de pesos que CLFC contrajo con CFE a lo largo de 20 años.
Además, se le impidió crecer en capacidad de generación propia; obligándola a comprar energía eléctrica en bloque a la CFE, a precios por arriba del promedio de las tarifas industriales.
Paralelamente durante 15 años le negaron un presupuesto suficiente para atender el crecimiento de la demanda eléctrica en la zona centro, catalogada como la de mayor crecimiento del producto interno bruto a nivel nacional.
La privatización y sus mentiras
Sin embargo, durante todo el proceso de privatización los gobiernos neoliberales en turno, desde Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, hasta llegar a Calderón, nunca pudieron demostrar que eran los salarios electricistas y su contrato colectivo de trabajo, los responsables de la debacle económica de CLFC-LFC.
A lo que hay que agregar que el SME se defendió movilizándose y convocando a frentes amplios en contra de la privatización.
Así sucedió en 1999 y 2003 con las iniciativas de Zedillo y Fox para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con el propósito de abrir de par en par las puertas al capital privado en la industria eléctrica. Finalmente, las
inconstitucionales reformas privatizadoras fueron derrotadas por una gran coalición de fuerzas encabezadas por el SME.
El golpe
Calderón aprendió la lección y aprovechando una división interna en el SME se inmiscuyó en el proceso electoral de 2009, para favorecer a uno de los contendientes; a continuación negó la toma de nota y a las pocas semanas tomó en asalto nocturno, con policías y ejército portando armas de alto poder, más de 400 centros de trabajo de LFC y decretó su extinción liquidación el 10 de octubre de 2009; dejando sin trabajo a 44 mil trabajadores electricistas y sus familias y colocando en la indefensión a 22 mil jubilados.
La resistencia y el aval a la privatización
Con un sindicato fracturado, el golpe fascista de Calderón fructificó con la liquidación de alrededor de 28 mil trabajadores electricistas en los últimos meses del 2009.
Después vino una heroica resistencia de los electricistas en la lucha por un patrón sustituto, hasta llegar al injusto fallo de la SCJN del 30 de enero de 2013 avalando el laudo de la JFCA, a fin de dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo; negándole al SME el derecho al patrón sustituto, que meses antes había reconocido un tribunal colegiado en materia laboral.
Con la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la república, la dirección del SME se involucró en una negociación, plagada de irregularidades, con la Secretaría de gobernación para alcanzar una “solución” que tuvo como base la extinción de un pasivo laboral de 80 mil millones de pesos que pertenecía a los trabajadores electricistas y el sometimiento político de la dirección del SME.
A cambio de esta entrega la dirección del SME recibió a cambio concesiones eléctricas, las cuales fueron entregadas a una empresa eléctrica privada, la Generadora Fénix subsidiaria de la trasnacional portuguesa, para uso y explotación de pequeñas plantas hidroeléctricas (que siguen siendo propiedad de la CFE) y la entrega de alrededor de 40 predios, de un total de 436 inmuebles de LFC, a una cooperativa del SME.
Por este arreglo al SME le dieron un 40 % de las acciones de Fénix, a la Cooperativa del sindicato un 9%, mientras Mota Engil, una de las empresas consentidas de Peña Nieto, se quedó con un 51%, sin poner nada a cambio.
Esta controvertida negociación terminó avalando, en los hechos, la privatización de la industria eléctrica en México.
El triste final de esta negociación a la baja fue un pequeño contrato colectivo de trabajo, que a duras penas contiene los mínimos de la Ley Federal del Trabajo y solo ampara a 541 trabajadores electricistas; en tanto miles de ex trabajadores electricistas, convertidos en cooperativistas, siguen sin empleo.
El clamor electricista
Las bases para alcanzar una solución al conflicto electricista están a la vista. Primero porque el proceso de extinción liquidación de LyFC no ha concluido y por tanto es susceptible de ser revisado y enmendado. Además, como la propia Auditoria Superior de la Federación lo ha reconocido en diversas auditorías, dicho proceso esta infecto de irregularidades, que deben ser corregidas.
En estas condiciones el reclamo electricista para que todos los documentos, memorandos, acuerdos y convenios, relativos a la extinción liquidación de LyFC — que fueron reservados y se mantienen en secreto, algunos hasta por 12 años — sean desclasificados y se hagan públicos, tiene sustento y fundamento. Lo poco que se conoce de estos documentos secretos muestran irregularidades y violaciones a la ley, incluida la de bienes y aguas nacionales, así como evidentes signos de corrupción.
Como lo ha declarado públicamente Andrés Manuel López Obrador, “Nunca más va a suceder una injusticia como la que significó despedir a más de 40 mil trabajadores del SME. Vamos a hacer justicia. Aquí aprovecho para decirles a los electricistas, vamos a atenderlos. Vamos a buscar la manera de los que estén desocupados, tengan trabajo.”