Con Gendarmería en frontera sur incremento de violencia, xenofobia y criminalización a migrantes, refugiados, defensores y población
Regeneración, 13 de abril del 2018. Organizaciones y redes de la sociedad civil que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, rechazaron «rotundamente el envío de más agentes armados a la frontera sur ya que, -como se ha documentado ampliamente- el aumento de las fuerzas del Estado no garantiza la seguridad y además afecta los derechos de la población migrante y local»; señalaron en un comunicado conjunto decenas de organismos defensores de derechos en México.
Los organismos defensores de derechos puntualizan que el 10 de abril el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, junto con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunciaron públicamente el reforzamiento de las estrategias de seguridad en la Frontera Sur de México; mediante el envío de más elementos de las fuerzas del Estado a través de la Gendarmería Nacional.
Indican que esta medida se tomó luego de la exigencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno federal de frenar el flujo de migrantes en México como condición para promover un acuerdo de renegociación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
«Esta decisión del gobierno mexicano muestra que no existe una estrategia de atención integral, definida ni clara en torno a la movilidad humana, persistiendo en una estrategia que criminaliza la migración forzada centroamericana», aseguraron.
Enfatizaron que en el contexto el envío de Gendarmería a la frontera sur «más bien, se realiza exactamente en los mismos días en que se da el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra frontera norte para replicar este reforzamiento fronterizo entre México y Centroamérica».
En su comunicado conjunto las decenas de organismos defensores de derechos humanos y personas en lo individual, señalan que «dicha decisión, tomada desde el pasado 3 abril, se contrapone al mensaje emitido por el presidente Peña Nieto en respuesta a Trump el pasado 5 de abril, en el cual hacía un supuesto llamado a la unidad nacional en defensa de la dignidad y soberanía de México».
Añaden que el aplaudido discurso de EPN, no contempla «acciones concretas para revertir la decisión de Trump».
Entre los firmantes de este comunicado conjunto se encuentra la prestigiosa Red Todos los Derechos para Todos, grupos de apoyo a migrantes, personas del medio eclesial, quienes indican que:
«Es importante señalar que el envío de la Gendarmería Nacional a la frontera sur de México fortalece un modelo de seguridad y de militarización contrario a los derechos humanos».
Además la medida «coincide con el recrudecimiento de la política migratoria restrictiva que ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil desde hace años, y que se reforzó con la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) a partir de mediados de 2014″, denunciaron.
A raíz de dicho Programa «se ha documentado un incremento en las persecuciones contra migrantes y detenciones, así como delitos y violaciones a derechos humanos de la población en contexto de movilidad humana que continúan impunes«, destacan en dicho pronunciamiento conjunto.
En este sentido, indicaron, preocupan las similitudes entre la decisión actual de Segob de desplegar las fuerzas de la Gendarmería Nacional y el anuncio del Programa Integral Frontera Sur en su momento, «pues ambas acciones se anunciaron de forma reactiva sin ningún documento público que las sustente».
Aseguraron que esta falta de documentación pública, permite «su ejecución de forma discrecional y bajo total opacidad».
Hasta el momento se desconocen los detalles de la decisión tales como:
- Su temporalidad;
- El número de agentes;
- Sus facultades;
- Las dependencias implicadas en esta nueva estrategia;
- Así mismo se desconoce «las otras áreas de seguridad que se pretenden fortalecer».
«Es evidente la manera paulatina en la que se están ampliando las facultades de las fuerzas del Estado y su reforzamiento«, precisaron.
Ello en «un contexto nacional donde la política de seguridad se ha caracterizado por implicar violaciones graves a los derechos humanos que también han quedado impunes«.
A lo anterior se suma el «contexto actual en el estado de Chiapas de criminalización a la migración y a las organizaciones que defienden derechos humanos, aunado a la coyuntura electoral del país.
Abundaron que «tal es el caso de la Ley de Seguridad Interior -rechazada por amplios sectores en México y por diversos organismos internacionales-, que ha venido acompañada de nuevos protocolos de actuación del uso de la fuerza por agentes estatales».
Otro elemento señalado por dichos organismos es «la escalada de la militarización en la región fronteriza entre México y Centroamérica, tras el anuncio de la posible instalación de una base de apoyo militar del Comando Sur de Estados Unidos en el departamento de Petén, Guatemala en abril 2017″.
Esta política de seguridad fallida se vincula con una política migratoria cuya principal preocupación continúa siendo la seguridad nacional por encima de la protección de derechos humanos y de justicia, aseguraron.
Las organizaciones, redes y colectivos que suscriben «consideramos que la decisión de reforzar la frontera sur de México, mediante el envío de agentes de la Gendarmería Nacional, pone en grave riesgo la integridad de las personas en contexto de movilidad humana».
Además aseguraron que «sin duda resultará en un nuevo incremento de la violencia, la xenofobia y criminalización de las personas migrantes, refugiadas y quienes les defienden, así como la población en general«.
Por lo tanto, demandaron «un replanteamiento del modelo de seguridad de forma integral, de manera que la política migratoria se rija por una visión de derechos y no se subsuma a la seguridad nacional».
Al mismo tiempo, exigieron, se revierta inmediatamente la decisión de reforzar la presencia policiaca en la frontera sur con más elementos de la Gendarmería Nacional.