Un juez impuso prisión preventiva oficiosa al exgobernador Ángel Aguirre por su presunta implicación en la desaparición de los normalistas
Regneración, 7 de agosto de 2026.– Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero en el penal del Altiplano.
La Fiscalía General de la República formalizó la imputación por el delito de desaparición forzada tras una larga audiencia de seis horas.
La defensa solicitó el beneficio de arraigo domiciliario debido a la avanzada edad y delicado estado de salud del imputado.
Sin embargo, el impartidor de justicia determinó que no existían los supuestos legales necesarios para conceder dicha excepción.
Por consiguiente, el exmandatario estatal enfrentará su proceso penal privado de la libertad dentro de la prisión federal de máxima seguridad.
Durante la diligencia judicial el acusado compareció en silla de ruedas debido a complicaciones médicas derivadas de su reciente detención.
El exfuncionario declaró haber sufrido quebrantos de salud desde su captura y afirmó: “yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”.
De este modo, la juzgadora fijó el próximo plazo procesal para definir si el exgobernador resulta formalmente vinculado a proceso.
Acusaciones sobre la destrucción sistemática de evidencias
Paralelamente, la representación social acusó al exgobernador de ordenar la eliminación sistemática de evidencias clave sobre el caso de Ayotzinapa.
La imputación señala la ocultación deliberada de los videos captados por las cámaras del Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala.
Dos testigos clave declararon que el imputado instruyó directamente a sus colaboradores más cercanos para desaparecer los registros en 2014.
Estas maniobras habrían obstaculizado el esclarecimiento sobre el paradero final de los cuarenta y tres jóvenes estudiantes normalistas desaparecidos.
A raíz de ello, la fiscalía presentó señalamientos por los graves delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia.
Ante estas graves imputaciones el exmandatario se reservó el derecho a declarar aunque expresó su pesar por los hechos ocurridos.
En consecuencia, las autoridades mantendrán el resguardo del exservidor público mientras concluyen los plazos legales establecidos para la resolución.
En este sentido, la autoridad judicial determinará la situación legal del imputado durante la reanudación de la audiencia el próximo martes.
Avances mediante un nuevo modelo institucional de investigación
Por otro lado, la fiscalía informó que este avance procedimental responde a un nuevo modelo de investigación altamente coordinado e interinstitucional.
La investigación conjunta reúne el trabajo técnico de la SSPC junto con la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa.
Respecto a los avances logrados en las indagatorias, la autoridad judicial confirmó que los trabajos “acreditaron con plena evidencia y apego al debido proceso, la posible participación de Ángel ‘N’”.
Esta sólida estrategia científica permitió reanalizar detalladamente las actuaciones acumuladas previamente en el expediente oficial del caso.
Como resultado de estos esfuerzos integrales, las instituciones lograron reconstruir la cadena de mando operativa en la alteración del material probatorio.
Agentes federales ejecutaron la orden de aprehensión sobre la carretera México-Querétaro dentro del municipio de Tepotzotlán, Estado de México.
De esta manera, el exgobernador quedó inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales competentes para responder por las graves acusaciones.
Finalmente, el Estado mexicano refrenda su compromiso de combatir la impunidad en delitos de lesa humanidad cometidos contra normalistas.
