Felipe Calderón benefició a sus amigos empresarios, otorgó contratos hasta 2032 para construir reclusorios y entregó recursos por 200 mil millones de pesos
Regeneración, 30 de agosto de 2021. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se otorgó por “adjudicación directa”, en 2010, ocho contratos plurianuales a seis empresas privadas: ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA, para construir y prestar servicios a ocho centros penitenciales en el país, lo que obliga al gobierno federal a entregar recursos públicos durante 22 años, hasta 2032, por 199 mil 476.6 millones de pesos, a razón de 9 mil 3 millones 418 mil pesos por año, esto bajo los argumentos de que había “riesgo” en la seguridad pública
Además, investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), señalan que la actuación de esos servidores públicos configura los delitos penales de fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial al Estado mexicano.
Realizaron subcontratación
Asimismo, quedó al descubierto que las seis empresas adjudicadas directamente subcontrataron a otras ocho empresas para construir y dar servicios a los penales, lo que deja en evidencia el supuesto riesgo de la seguridad pública al compartir con terceros información sobre la edificación y servicios de los penales, así como la adjudicación directa por ser un asunto de seguridad pública, señala información de Contralínea.
Las empresas subcontratadas son: Makobil, en Chiapas; Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán; Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria; Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato.
También, CRS Morelos; Pápagos Servicios para la Infraestructura, en Sonora; Safre Infraestructura y Servicios, en Coahuila; Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca.
Robo al erario público
Ante el desfalco que cometió Calderón Hinojosa y sus colaboradores, la Fiscalía
mantiene abierto un expediente en donde identifica al expresidente de la República
en “abierta colusión” con los exsecretarios de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de Función Pública, Salvador Vega Casillas.
Además, al exoficial mayor de la SSP, Sergio Montaño Fernández, y otros 24
exdirectivos de Centros Federales de Readaptación Social, como presuntos responsables de maquinar un robo al erario público.
Otro exfuncionario involucrado es el comisionado Nacional de Seguridad, Renato
Sales Heredia, cargo que ostentó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, del
1 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018, tiempo en el cual se formalizaron
convenios modificatorios, para otorgar prórrogas a las empresas para la construcción de los centros federales.
Dan contratos hasta 2032
Esto significó justificar las demoras y legitimar la continuidad de los contratos hasta
el año 2032, con conocimiento que esto se hacía en detrimento del patrimonio del Estado.
La información del medio citado señala que la FGR investiga a Sales Heredia porque, como superior jerárquico del titular de la Unidad del Órgano Administrativo Desconcentrado, al formalizar los convenios modificatorios, se enteró de la ilicitud de los mismos y, no obstante ello, lo permitió y no informó por escrito a su superior jerárquico, que era el secretario de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores
Públicos y Contra la Administración de la Justicia establece también cómo el oficial
mayor de la SSP durante el sexenio del panista Felipe Calderón, que contrató
como asesora para desarrollar el multimillonario proyecto a MCBains Cooper,
empresa a la cual se fue a trabajar Montaño después de salir de la administración
pública y en donde se le ubicó hasta noviembre de 2014 en el cargo de “manging
director de MCBains Cooper”, lo que confirma la complicidad y el descarado
conflicto de interés que sanciona la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.
García Luna y oficial mayor maquinaron desfalco al erario
El expediente señala que en el gobierno de Calderón el entonces secretario Genaro
García Luna (actualmente preso en Estados Unidos y sujeto a proceso de extradición),
en coordinación con el oficial mayor Sergio Montaño, maquinaron un desfalco al erario federal a través de la realización de contratos con empresas privadas.
Esto con la promesa de disminuir los costos de administración en los Centros
Penitenciarios y, a la vez, disponer de una mayor infraestructura para potenciar
la capacidad de reclusión del sistema penitenciario federal, bajo el argumento de
que el sector privado contara con más recursos para brindar mejores condiciones
de alojamiento que permitieran, con menores costos económicos y sociales,
contribuir a la reinserción, reservando al Estado la seguridad de los centros y la custodia de los internos, así como los servicios de salud.
Calderón benefició a sus amigos empresarios
Los seis grupos empresariales beneficiarios con los ocho contratos son: Grupo
Ingeniería Arquitectura (GIA), cuyo fundador y presidente es Hipólito Gerard Rivero,
excuñado de Carlos Salinas de Gortari; Promotora y Desarrolladora Mexicana
(Prodemex), de Olegario Vázquez Aldir, empresa que forma parte del grupo hospitalario Ángeles y que incluye a Grupo Imagen y al periódico Excélsior.
Asimismo, Grupo Tradeco, que preside Federico Martínez Urmeneta, supuesto socio
del expresidente Salinas y cuya empresa era de las consentidas con contratos
por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña; Grupo Homex, de Eustaquio
Tomás de Nicolás Gutiérrez, exdueño del equipo de futbol Dorados y sujeto a
investigación por autoridades fiscales de México y Estados Unidos por evasión de impuestos y fraude.
También, Grupo Arendal, que preside Jesús García Pons y especializada en construcción
ductos para la industria energética, y Grupo ICA (Ingenieros Civiles y Arquitectos), presidida por Bernardo Quintana Isaac.
Estas seis empresas subcontrataron a otras ocho para construir los Ceferesos número 11, Hermosillo, Sonora; número 12, Campo, Guanajuato; también el número 14, Gómez Palacio, Durango; número 17, Buenavista, Michoacán; asimismo, el número 15, Chiapas; número 16 femenil, Morelos; el número 18, Ramos Arizpe, Coahuila, y número 13, Miahuatlán, Oaxaca.
Lista de exdirectivos de los Ceferesos que son investigados
Además, el origen de la investigación parte de una denuncia anónima que se presentó en
2020 ante la FGR, en donde la Agencia Décima Primera Investigadora (UEIDCSPCAJ)
solicitó información al director general adjunto de la Unidad de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Gobernación, César Javier Montero Olmedo, sobre 24 servidores públicos que trabajaron en Ceferesos entre los años 2010-2019.
Estos son:
- Gonzalo Villareal Guerra, coordinador general de Centros Federales (2010-2012)
- Antonio Corona Rodríguez, coordinador general de Prevención y Readaptación Social
- Saúl Castro Castro, coordinador general de Centros Federales (2013)Jaime Álvarez Ramos, coordinador general de Centros Federales (2013)
- Sergio Alberto Martínez Castuera, coordinador general de Centros Federales (2019)
- Celina Oseguera Parra, coordinadora general de Centros Federales (2014-2015)
- Emanuel Castillo Ruiz, coordinador general de Centros Federales (2015-2016)
- Salvador Camacho Aguirre, coordinador general de Centros Federales (2017)
- Antonio Molina Díaz, coordinador general de Centros Federales (2017)
- Jorge Fernando Manjarrez Ramírez, director operativo en la Coordinación General de Centros Federales (2014)
- Arturo Sosa Vederique, director general de Administración (2011-2012)
- Antonio Romero y Zertuche, director general de Administración (2011-2012)
- Raúl Gerardo Lemus Soto, director general de Administración (2013)
- Javier Haro de Alba, director general de Administración (2013-2014)
- Oscar Moreno Villatoro, director general de Administración (2019)
- Paulo Uribe Arriaga, director general de Administración (2014-2017)
- Marco Antonio Villareal Gutiérrez, director de Adquisiciones (2011)
- Víctor Alonso Flores Lara, director general adjunto en la Dirección General de Administración (2014)
- Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, director general adjunto en la Dirección General de Administración (administrador del CPS, 2014)
- Miguel Vital Hernández, director general adjunto en la Dirección General de Administración (administrador del CPS, 2015-2017)
- José Ariel Morales López, director responsable de la Administración de Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria (2019)
- Jannet Miriam Martínez Sánchez, directora de Adquisiciones (2013)
- Alma Delia Sánchez Ocampo, directora de Adquisiciones (2013)
- María Lidia Alcántara Vargas, directora de Adquisiciones (2013-2014)