La Ley de Seguridad que militariza al país y otorga facultades de espionaje a las fuerzas armadas, es un retroceso, aseguró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
Regeneración, 30 de noviembre de 2017.- La Ley de Seguridad Interior, que aprobaron hoy diputados del PRI, PAN y Verde, es un retrocedo en Derechos Humanos, aseguró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Tania Reneaum.
Con esta legislación, se confirma la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, lo que para el organismo internacional es imprescindible que se detenga en la Cámara Alta.
“Hoy es un día de retroceso para los derechos humanos. Justificada en el marco de la seguridad nacional, esta ley se ha apresurado y los diputados y diputadas han aprobado un dictamen a pesar de las opiniones de expertos y del rechazo que hemos manifestado las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en peligro la vigencia de los derechos humanos en México, y mostrando poco interés de las autoridades por proteger a la ciudadanía”, sentenció Reneaum.
“Claramente, al Estado mexicano no le interesa apostar por el desarrollo de mejores cuerpos policiales: capacitados, con salarios dignos, que puedan llevar a cabo adecuadamente las funciones de seguridad que corresponden a sus funciones y que sean llamados a cuentas en caso de violaciones de derechos humanos”.
Desde hace meses, organizaciones de la sociedad civil, activistas, organismos internacionales y otros actores sociales rechazaron la aprobación de la ley, que Peña Nieto, urgió a avalar como “prioridad”.
Según lo priistas que lo aprobaron, la Ley no es para militarizar al país, sino para darle certeza a los ciudadanos sobre las funciones que realizan el Ejército y la Marina en los lugares donde tienen presencia.
Sin embargo, la redacción de la legislación, sí promueve la utilización de las fuerzas armadas en escenarios político electorales, para garantizar que se “realicen pacíficamente”; además, no genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos, promueve la intervención en protestas sociales, promueve la opacidad, no permite la especialización o mejoramiento de las policías y permite el espionaje, entre otras cosas.
La directora de Amnistía, resaltó que el ejército no está capacitado para hacer funciones de seguridad pública, pues “los militares generalmente están entrenados para realizar funciones tácticas de otra naturaleza, de tal manera que la afectación al ciudadano puede ser en derechos civiles, especialmente en integridad personal y después tendremos algunos desafíos cuando haya violaciones a los derechos humanos”.
Vía Universal y Milenio.