Por: Jenaro Villamil | Homozapping
Regeneración, 14 de abril 2014.- Todo estaba listo para que el jueves 10 de abril se instalaran tres “mesas de negociación” entre senadores y representantes del gobierno federal para sacar adelante tres de las leyes secundarias más importantes de las llamadas “reformas estructurales” de la administración de Enrique Peña Nieto: la político-electoral; la de competencia económica; y la de telecomunicaciones y radiodifusión.
El PRI prácticamente ya había asumido que el paquete de reformas energéticas tendrán que irse a periodo extraordinario en el mes de mayo, en espera de que lleguen las iniciativas del Ejecutivo federal.
La instalación de las “mesas de negociación” fue una demanda del senador Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD, quien había criticado insistentemente que las reformas más importantes se procesaran “fuera del Senado” y luego quisieran imponerlas a los legisladores.
A su vez, Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada del PRI, se había comprometido a aprobar la reforma político-electoral antes del periodo de vacaciones de Semana Santa por la urgencia de tener una legislación que sustituya al Cofipe y no afectar las elecciones federales del 2015, incluyendo la de 17 estados, con 9 comicios para renovar gobernador.
Sin embargo, la rebelión al interior de la bancada del PAN –la segunda más grande con 38 legisladores- contra los acuerdos de su propio coordinador José Luis Preciado y la condición de conocer primero la reforma político-electoral para discutir posteriormente las de competencia, telecomunicaciones y energéticas reventaron toda posibilidad de sacar en este periodo ordinario de sesiones las reformas secundarias peñistas.
Poco antes de las 9 de la mañana, por unanimidad, los 38 senadores del PAN decidieron que no había condiciones para aprobar la reforma político-electoral, en especial, la Ley General de Procedimientos Electorales, con ma´s de 400 artículos, ya que desconocían su contenido y sólo tenían un día para leerla y aprobarla.
Y fueron más allá: desconocieron lo negociado por el senador Héctor Larios, en el tema de competencia económica, y discutieron que en la reforma de telecomunicaciones no podían aceptar una “mesa de negociación” con el gobierno federal mientras las posiciones de la bancada estaban polarizadas entre dos posiciones: la de los senadores Javier Corral, opositor a la iniciativa del Ejecutivo, y la de Javier Lozano, quien insistió que aún falta conocer el dictamen que elaborarían los integrantes de su comisión. “No se rasguen las vestiduras”, afirmó Lozano.
La plenaria de los senadores del PAN acordó que el martes 22 de abril tendrán un debate interno para fijar su postura en telecomunicaciones. Lozano dará a conocer en esa fecha el dictamen “con modificaciones” de la iniciativa del Ejecutivo federal y se discutiría al interior de la bancada los dos aspectos que más preocupan: las violaciones constitucionales y los temas de regulación y censura de contenidos.
Con ese mandato, legisladores del PAN se reunieron esa misma mañana del 10 de abril con los integrantes de la Junta de Coordinación Política y los representantes del gobierno federal: el consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos y el subsecretario de Gobernación, Felipe Solís Acero para “desinstalar” la reforma político-electoral.
Con el rostro duro, Gamboa Patrón comenzó a escuchar los reclamos de senadores del PAN, como Roberto Gil Zuarth, y del propio coordinador Jorge Luis Preciado, quienes criticaron que el Senado se convirtiera en “una oficina de trámites” del presidente de la República.
“Tenemos un proceso parlamentario deformado. Las negociaciones afuera del Senado distorsionan, anulan al Congreso. Esa es la causa del retraso”, insistieron los panistas, de acuerdo a las versiones recabadas por Proceso en ese duro encuentro privado.
“Se ha sustituido al Congreso por las cúpulas. Y no se hace análisis a profundidad de las leyes, son factores externos, no los legisladores, los responsables de que no salgan las iniciativas”, sentenció Gil Zuarth.
Los panistas y varios de los legisladores perredistas presentes coincidieron en que era necesario “terminar con la injerencia externa” en el Congreso. Barbosa propuso que se trabajara el fin de semana, incluso en Semana Santa, para terminar de analizar la reforma político-electoral para no poner en riesgo los comicios federales del 2015.
El PAN se negó a aceptar esta posibilidad y demandaron “reponer el procedimiento” de la negociación político-electoral y suspender las mesas de competencia económica y telecomunicaciones.
“Pues vámonos hasta Pascuas”, sentenció Gamboa Patrón, al admitir que no había posibilidad de aprobar ninguna de las leyes secundarias antes del periodo vacacional.
Un día después del “atorón”, Jorge Luis Preciado negó que fuera una rebelión de su bancada contra los acuerdos que él tomó. “Nosotros aprobamos por unanimidad que no estábamos en condiciones de aprobar nada hasta que no analizáramos adecuadamente. No fue una votación dividida al interior del grupo, al contrario, fue unánime”, declaró en rueda de prensa.
“Lo que sí no podemos aceptar es que el Senado sea la oficina de trámites del presidente Peña porque en todo caso qué sentido tiene tener dos cámaras”, sentenció el coordinador de los panistas.
Por su parte, Gamboa Patrón negó en conferencia de prensa que existiera parálisis en el Senado. Admitió que la petición del PAN era “muy lógica, no se atora nada”. Reiteró que antes del 30 de abril, cierre del periodo ordinario, aprobarán a los consejeros del IFAI, la ley de telecomunicaciones, la reforma de competencia económica y la reforma político-electoral. Las leyes secundarias en reforma energética se irán a periodo extraordinario.