A 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el caso ha cobrado relevancia en el último año por las nuevas detenciones y la reorientación de las líneas de investigación; todo ello ante la continua exigencia de verdad y justicia de las y los familiares de los desaparecidos.
En los últimos meses, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se alcanzaron detenciones de alto perfil como fue la del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en agosto de 2026, quien fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano bajo la acusación de una supuesta responsabilidad en el ocultamiento y destrucción de evidencias vinculadas al caso.
Asimismo, se ha mantenido el dedo en el renglón para alcanzar la captura y extradición de Tomás Zerón, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que se encuentra escondido en Israel.
Aunado a ello, el caso tomó un nuevo rumbo con el seguimiento de nuevas líneas de investigación tecnológica y la reestructuración de las fiscalías especiales a partir de la renuncia de Rosendo Gómez Piedra, ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), a petición directa de los padres de los normalistas.
A pesar de estos avances, es importante también reconocer los errores y las situaciones adversas que han causado la indignación de los familiares de los desparecidos a más de una década de la trágica noche ocurrida en Ayotzinapa.
Comencemos con la recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual es una aberración institucional que si fuera leída por la propia Rosario Ibarra de Piedra le ruborizaría de vergüenza por el descarado lavado de cara que la institución encabezada por su hija trató de realizarle a las fuerzas armadas mexicanas.
Los padres acusaron que esta resolución tenía el objetivo de exculpar y quitar toda responsabilidad al Ejército sobre la desaparición de los normalistas. Encima, denunciaron que la CNDH realizara una campaña de odio para desprestigiar a sus abogados y a las organizaciones civiles que los acompañan en medios, a fin de emitir el documento sin consultarlos previamente.
El hermetismo del gobierno y su defensa por el ejército mexicano escaló al grado de ignorar la petición de las familias de los 43 para que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) transparentara alrededor de 800 folios de información de inteligencia militar que se tienen de la noche de los hechos.
A ello se suma una profunda desilusión debido a la falta de congruencia política de la Cuarta Transformación con la causa de los normalistas de Ayotzinapa, toda vez que recientemente se nombrara a Beatriz Mojica, ex funcionaria de Ángel Aguirre, como Coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero.
Durante el mandato de Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero, Beatriz Mojica se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social del estado. Fue una funcionaria tan leal a él que recibió el espaldarazo político de su equipo cercano y estructura de gobierno para competir en 2015 por la gubernatura del estado bajo las siglas del PRD, contienda que perdería contra el priista Héctor Astudillo.
Pasan los gobiernos y los familiares de los normalistas continúan buscando justicia mientras lidian con las narrativas institucionales que minimizan el rol de las fuerzas armadas en su participación directa de aquella noche, la negativa del Ejército mexicano de entregar pruebas claves para la investigación y las incongruencias políticas que la Cuarta Transformación maneja con designaciones de candidaturas cercanas al exgobernador Ángel Aguirre.
A doce años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos del Estado mexicano, sigue en pie el grito de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!
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