El 28 de septiembre de 2026, a partir del análisis de llamadas telefónicas, expedientes y videograbaciones realizadas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, el Gobierno de México, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, presentó cuatro nuevas líneas de investigación para la resolución del caso Ayotzinapa.
Las cuatro líneas de investigación
La primera de las líneas de investigación tiene que ver con el reanálisis de aproximadamente 80 mil cruces de comunicaciones telefónicas de 2014 y 2015, el cual permitió identificar a 17 personas que no fueron incluidas inicialmente en la investigación, así como reconstruir posibles vínculos entre integrantes del cártel Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y funerarias locales.
La segunda línea gira en torno al uso posterior de los teléfonos celulares pertenecientes a los normalistas desaparecidos.
Uno de los equipos, perteneciente al normalista Julio César Mondragón, habría sido utilizado por el propietario de la funeraria El Ángel; otros, por un exdirector de Tránsito de Iguala, un policía municipal y personas cercanas a José Ulises Bernabé García, entonces juez de Barandilla.
La tercera línea de investigación deriva del reanálisis documental de los expedientes. Producto de esta revisión, fue localizada una persona que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos y que no había sido entrevistada anteriormente.
Su declaración, rendida el 30 de julio de 2026, aportó información que, de acuerdo con la FGR, refuerza las imputaciones contra integrantes de Guerreros Unidos.
La cuarta, finalmente, investiga el ocultamiento de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero correspondientes a aquella noche.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los elementos obtenidos en esta investigación sustentaron la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el pasado 6 de agosto de 2026, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 normalistas.
Funeraria y SEMEFO
El análisis de comunicaciones también condujo a profundizar en la relación entre la funeraria El Ángel y el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala; ambos establecimientos habrían estado bajo control de Guerreros Unidos.
En cateos realizados en octubre de 2025 se localizaron un fémur humano, un arma de fuego, documentos y un horno crematorio sin registro oficial.
Además, entre marzo y junio de 2026 se recuperaron 23 indicios en el SEMEFO: de nuevo fragmentos óseos, restos biológicos, prótesis dentales, cartuchos y documentos.
El rol de las declaraciones de Anabel Hernández
En el contexto de la discusión sobre las hipótesis del caso y el entonces juez de Barandilla de Iguala, José Ulises Bernabé García, volvió a aparecer el nombre de la periodista Anabel Hernández.
Hernández, según el Gobierno, participó como testigo en el proceso mediante el cual Bernabé obtuvo asilo en Estados Unidos.
Esta tesis ya había sido expuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2024 afirmó que Hernández había utilizado como fuente la versión de un informante para sostener que los normalistas habían sido atacados debido a un cargamento de heroína.
El Gobierno mexicano mantiene, sin embargo, la investigación abierta y ha señalado que agotará las distintas hipótesis. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el propósito final era “saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes”.
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