
El Consejo de Ministros español aprobó este martes 29 de septiembre los “decretos Maricarmen”. La medida responde a las protestas por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años.
Fondos buitre
Detrás de la ola de protestas, la ciudadanía exige el retiro o restringir legalmente la operación de los fondos buitre. Estos fondos de inversión se enfocan en la especulación financiera.
Su forma de operar es a través de la compra de deuda soberana o activos inmobiliarios de países, empresas o particulares que se encuentran al borde de la quiebra a precios bajos.
Posteriormente, exigen por vía legal el pago del valor nominal completo o especulan con dichos activos.
A su vez, al momento de comprar los inmuebles, lo hacen con inquilinos dentro e incrementan drásticamente el precio de las rentas, lo que obliga a los residentes a marcharse.
Los nuevos decretos
El acuerdo se logró después de múltiples negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, en una larga sesión que inició con retraso.
El primer decreto incluye las siguientes medidas:
- Protección frente a desahucios: Impide desalojos a personas vulnerables y sin alternativa habitacional.
- Regulación de alquileres.
- Duración máxima de doce meses para el alquiler temporal.
- Se obliga a justificar la temporalidad del contrato.
- La suma de la renta de habitaciones no podrá superar el tope establecido para la vivienda.
- Tope de la subida del precio del alquiler. Se aplicará un tope máximo en la subida anual de los contratos de alquiler en vigor, del 2 %.
- Prohibición de la compra de vivienda por parte de fondos buitre hasta el 2028.
- Prórroga de dos años en los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
- Tributación de los pisos turísticos: aplicación del 21 % de IVA.
- Reducciones fiscales para arrendadores que bajen el precio de las rentas.
- Bonificaciones fiscales para inquilinos de bajos ingresos.
- Ayudas para la compra de la primera vivienda.
El segundo decreto manifiesta lo siguiente:
- Renovación automática de los alquileres: Si el arrendador decide no renovar el contrato, deberá justificar la causa; de lo contrario deberá indemnizar al inquilino.
¿Qué queda?
Para que las medidas entren en vigor de forma definitiva, el Gobierno deberá recabar los apoyos necesarios para su aprobación en el parlamento. Por ahora, el decreto se discutirá en el Congreso de Diputados y una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Cámara Baja tendrá 30 días para debatir y aprobar o rechazar la propuesta.
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