Este informe ilustra la lucha diaria de los defensores del derecho a la tierra, que a menudo se enfrentan a verdaderos “depredadores económicos” ávidos de un desarrollo desenfrenado. Los defensores del derecho a la tierra a menudo viven en zonas aisladas y alejadas de los actores influyentes, lo cual facilita que se ejerza violencia en su contra; una violencia a la altura de las sumas desmesuradas que están en juego», ha declarado Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

Informe Anual del Observatorio: Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado

El Observatorio ha constatado que muy frecuentemente los agresores son agentes de policía, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso «mercenarios», cuyo objetivo es acallar las voces opositoras que podrían frenar un proyecto de inversión.

Además de la violencia, numerosos Estados se sirven del hostigamiento judicial y de la detención arbitraria para intimidar a los defensores y las defensoras. En cumplimiento de leyes liberticidas o incumpliendo la legislación, los Estados encarcelan a toda persona que consideran molesta. «Terrorismo», «propaganda engañosa», «atentado contra la seguridad del Estado», «alteración del orden público»… No faltan acusaciones abusivas que pueden acarrear severas penas de prisión.

«Los defensores del derecho a la tierra son portavoces de millones de personas y cuando se encarcela o se asesina a uno de ellos, se condena a miles de víctimas al silencio» , ha declarado Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

Los defensores y las defensoras del derecho a la tierra a menudo se ven inermes ante los ataques físicos y las detenciones arbitrarias. Según el Observatorio, actualmente un 95% de las vulneraciones de derechos contra los defensores y las defensoras queda impune.

Los órganos judiciales de los países en los que tienen lugar estas vulneraciones se caracterizan por la ausencia de independencia, de medios o de pericia. A menudo, cuando es posible presentar demandas contra las empresas para responsabilizarlas de las violaciones de derechos humanos, los procesos judiciales son largos, peligrosos, irregulares y costosos.

La cuestión de la participación de las personas y las comunidades afectadas por las políticas de desarrollo y los proyectos de inversión se sitúa en el epicentro del problema. El Observatorio exige que se lleven a cabo verdaderas consultas que garanticen la participación directa de los afectados por los proyectos y que se reconozca a los defensores de derechos humanos como interlocutores legítimos para prevenir los conflictos y frenar las violaciones graves de derechos humanos. Por otro lado, es necesario reforzar la capacitación y la independencia de los sistemas judiciales nacionales, incluyendo los de los Estados en los que se encuentran las sedes de las empresas, para permitir que los defensores y las defensoras puedan acceder a la justicia y a la reparación en caso de conculcación de sus derechos.

Asimismo, el Observatorio recomienda reforzar la legislación internacional para poder responsabilizar efectivamente a las empresas cuando éstas cometen violaciones de derechos humanos y para garantizar que el derecho a la tierra se proteja de forma adecuada.

 México: Asesinatos

Las defensoras y los defensores del derecho a la tierra son especialmente vulnerables en México: entre 2009 y 2012 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) contó más de 50 casos de ataques, incluyendo asesinatos,contra defensores delderecho a la tierra y de los derechos medioambientales, en 17 estados de México. La mayoría estaban vinculados a proyectos de minería (15) y De explotación forestal (15). Además, había casos vinculados a proyectos turísticos, (3), inmobiliarios (2), hidráulicos (7) y de infraestructura para el tráfico (5).

En el estado de Oaxaca, en México, los miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) han recibido amenazas e incluso han sido asesinados por sus protestas contra  la construcción de parques eólicos por parte de la empresa española  Gas Natural Fenosa en julio de 2013. Héctor Regalado  Jiménez, miembro de la APPJ, fue asesinado el 21 de julio de 2013.

El 25 de  agosto de 2013 un grupo de hombres armados sospechosos de trabajar para la empresa amenazaron de muerte y atacaron a varios miembros de la APPJ cuando éstos visitaban la zona en la que se estaba construyendo el parque eólico Bií Hioxho para evaluar los daños causados por la construcción del  proyecto.

-Según Global Witness, más de 371 activistas que se ocupan de cuestiones vinculadas a la tierra y al medio ambiente fueron asesinados entre 2011 y 2013. Además, la organización subraya que los defensores del derecho a la tierra son uno de los grupos más vulnerables de defensores de derechos humanos. La mayor parte de los asesinatos tuvo lugar en Asia y en Latinoamérica (Global Witness Deadly Environment: The Dramatic Rise in Killings of Environmental and Land Defenders, 2014.

 

El informe está disponible para su descarga en inglés, francés y español.

Pueden participar a través de las redes sociales utilizando el hashtag #WeAreNotAfraid.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es el principal programa a nivel mundial en materia de protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Desde el año 2013 el Observatorio ha actuado mediante más de 500 llamados urgentes acerca de más de 60 países.