El grupo empresarial Mexicanos Primero, respaldó el uso de la fuerza pública y matizó la postura presidencial en utilizar los medios necesarios para resolver el conflicto magisterial.
Regeneración, 17 agosto 2016.- El presidente de la organización empresarial Mexicanos Primero, Claudio X. González, respaldó el uso de la fuerza pública para hacer valer la ley, pero sin que ello signifique represión o afectaciones a los derechos humanos, matizó la postura presidencial en torno a utilizar los medios necesarios para resolver el conflicto con el magisterio disidente.
Entrevistado al finalizar un encuentro a puerta cerrada con legisladores de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el empresario se refirió así a la advertencia del presidente Enrique Peña Nieto respecto a que su gobierno no tendrá reparo ni reserva en recurrir a la fuerza pública ante las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE.
–¿Está de acuerdo con lo que ayer dijo el Presidente, de que se utilizará la fuerza pública si no se inicia el ciclo escolar?
–Esa es una determinación de la autoridad; nosotros creemos que hay un monopolio en el uso de la fuerza pública por parte del gobierno. Si se determina que esto se tenga que hacer en defensa del derecho de los niños y de tantos ciudadanos afectados, pues se tiene que hacer con mucha inteligencia, mucha prudencia y con respeto a derechos humanos.
‘‘El uso de la fuerza pública no tiene por qué convertirse en represión. Tenemos que lograr ese equilibrio en México donde se pueda hacer valer la ley sin que haya represión y afectación de los derechos humanos.’’
‘‘De lo contrario, el mensaje que se envía a la nación es ‘compórtate de esta manera contraria a las leyes con vandalismo, con quemas, con tomas, con afectaciones masivas educativas y económicas, y llevarás premios’. Entonces yo creo que hay que ser firmes en la defensa del estado de derecho y la educación’’, concluyó.
En ese contexto, el fundador de Mexicanos Primero exigió a la Secretaría de Gobernación informar el alcance de los acuerdos con la CNTE para verificar su apego al mandato de la reforma educativa.
“Estamos pidiendo que se hagan públicos los acuerdos para verificar su legalidad y, si no se ajustan a la ley, entonces llevaremos el asunto a un juez para que determine si se apegan a legalidad y constitucionalidad”, advirtió.
González afirmó que los diputados integrantes de la Comisión de Educación reafirmaron que la reforma educativa no tiene marcha atrás, aunque ni los legisladores ni él mismo descartaron ajustes para darle más eficacia a su aplicación.
Con información de Milenio y La Jornada