En medio de la crisis por el Covid-19: empleadores violan derechos laborales

En medio de la crisis por el COVID-19: empleadores violan derechos laborales y ponen a Trabajadorxs en Riesgo

Regeneración, 8 de abril de 2020. Trabajadorxs en Riesgo. Un análisis sobre la situación de lxs trabajadorxs en México frente a la crisis sanitaria del Covid-19.

En medio de la crisis por el COVID-19: empleadores violan derechos laborales y ponen a Trabajadorxs en Riesgo

Por Red en Solidaridad con Trabajadorxs en Riesgo

Desde finales de febrero cuando los casos por COVID-19 comenzaron a aparecer en México se hizo evidente la necesidad de aplicar medidas de prevención, salud e higiene para evitar el aumento desproporcionado de los contagios. De inmediato varios empleadores fueron denunciadas por no acatar las mínimas medidas preventivas, tales como: no contar con agua y jabón, gel antibacterial e instalaciones limpias. Fue así que la Red de Solidaridad con Trabajadorxs en Riesgo, integrada por jóvenes defensoras y defensores de derechos laborales, reactivó las actividades de documentación de empleadores que -tal como ocurrió durante el sismo de 2017-  sometían a lxs trabajadorxs a lugares inseguros de trabajo.

El 16 de marzo la Red comenzó a difundir un formulario, abrió una página en Facebook en la que publicó un mapa con el objetivo de recabar denuncias de trabajadorxs y visibilizar a los empleadores que pese al momento de emergencia sanitaria no cumplían con medidas necesarias para garantizar condiciones básicas de seguridad, salud e higiene. Entre el 17 y 30 de marzo se recibieron 303 denuncias en 22 Estados de la República correspondientes a empresas privadas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan: INEGI, IMAN Group, Qualitas, Grupo Salinas, AT&T, Atento Servicios, Teletech, Tiendas Soriana, Waltmart México, Acuática Nelson Vargas, Banco Azteca, PKC Group, Rancho Baja Norte, entre muchas más.

La condición de los casos denunciados dio un nuevo giro con la decisión de El Consejo de Salubridad General al decretar el Acuerdo por el que se declara la Emergencia Sanitaria por Causas de Fuerza Mayor, el 31 de marzo, donde se determinó la suspensión de actividades no esenciales con la característica de que no aplicaría el artículo 429 de la Ley Federal de Trabajo (LFT) sobre el pago de salarios mínimos durante el periodo de suspensión y en su lugar se invitó a los empleadores a realizar el pago completo de salarios y evitar prácticas relacionadas con despidos injustificados. 

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Sin embargo, entre el 31 de marzo y el 6 de abril, la Red documentó 94 casos nuevos – con lo que suman 394 denuncias a nivel nacional- y se agregó al mapa a 58 empresas más que han suspendido actividades. En estos casos se han documentado despidos de personal, reducción o incumplimiento en el pago de sueldos, pago incompleto de aportaciones al seguro social y hasta se han negado a suspender labores pese a que dichas empresas no se encuentran dentro de sectores esenciales. Entre las empresas e instituciones que han incurrido en estas prácticas encontramos a: INEGI, B-Conect, Yesera Monterrey y Panel de Yeso, Nidec motores y actuators, Apymsa; empresas del sector automotriz como Goodyear, Nissan, General Motors, Honda, Ford; y de autopartes como Learn Corporation, FujiKura, Aptiv, Tridonex y Tapex, entre otras

En esta condición la Red comenzó a proporcionar información a trabajadorxs que se comunican con dudas específicas sobre derechos laborales y realiza difusión sobre la información oficial proporcionada por autoridades laborales como medida para evitar que los empleadores proporcionen información parcial que les da un marco de acción para no cumplir con las condiciones de trabajo dignas. Y finalmente, se sumaron a la tarea de hacer llegar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo y la Procuraduría de Defensa del Trabajo cartas de trabajadorxs que laboran en al menos cuatro empresas que han realizado despidos injustificados o se negaron a suspender actividades.

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La crisis en el marco de COVID-19 no sólo ha dejado al descubierto el resultado de años de desfalco y mal uso, durante las administraciones pasadas, de las aportaciones de lxs trabajadorxs al sistema de seguridad social sino que también ha evidenciado sistemas de impunidad bajo los que muchos empleadores están acostumbrados a actuar. Un claro ejemplo es que al amparo de sindicatos corporativos –charros y de protección patronal, formados a espaldas de lxs trabajadorxs o que no les incluyen en el proceso de toma de decisiones- se han firmado acuerdos para reducir salarios o para operar con nulas condiciones de seguridad e higiene.

Las condiciones de trabajo y las violaciones que enfrentan lxs trabajadorxs frente al COVID-19 son el resultado de la violación a los derechos colectivos de trabajo, como el derecho a organizarse de manera libre y auténtica para negociar condiciones de trabajo. Esto ha provocado que lxs trabajadorxs enfrenten esta crisis en medio de un contexto en el que los empleadores individualizan los casos para darles a elegir entre continuar bajo esquemas que son opuestos a los derechos mínimos o perder el trabajo. El trabajo de documentación continuará para dar voz a cientos de trabajadorxs que hoy ven afectados sus derechos pero al pasar la contingencia será necesario retomar la reflexión sobre cómo garantizar marcos en donde los derechos humanos laborales se respeten.