Función Pública: Más de 2 mil 500 auditorías en 2019, más de 10 mil observaciones y más de 400 procedimientos de responsabilidad. Énfasis en desempeño
Regeneración, 13 de febrero del 2020. Función Pública afirma que este gobierno ya revierte lo que administraciones pasadas hicieron para debilitar al Estado e institucionalizar el dominio de intereses privados.
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, presentó hoy, por primera vez en la historia de esta institución, un informe de las auditorías realizadas en su primer año de gestión.
Explicó que, de manera inédita en México, la Función Pública concibe la fiscalización como un medio para que los proyectos alcancen los objetivos planteados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, legalidad y honradez.
Y, no sólo para vigilar el buen uso de los recursos públicos.
Por ello, “en 2019 nos propusimos que 40% de nuestras auditorías fueran de desempeño donde la cuestión central no es que se cumplió, sino cómo se cumplió”, advirtió.
En el informe, dijo:
“develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”.
Mencionó casos ejemplares de corrupción
Por ejemplo el desvío del trazado de una carretera, en Puerto Vallarta-Manzanillo, para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico.
Otro ejemplo; el sobrecosto de mil 442 millones de pesos en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz.
Así como el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin).
Este con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal.
Terrenos cedidos a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.
Refirió que, en otros casos, como el del aeropuerto que se construía en Texcoco, la Función Pública identificó irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos.
Que incluyen más de 6 mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse.
Además otros 6 mil millones de pesos usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados.
Con auditorías a la operación regional, la Función Pública fiscalizó, además, ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo e indígenas.
Además de los programas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte financiados con recursos federales transferidos a los estados mediante convenios.
Mismos que en 2018 alcanzaron 236 mil 430 millones de pesos destinados a 53 programas en total.
En materia de obra pública llevó a cabo 127 actos de fiscalización
Se trata de 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20 mil 598 millones de pesos.
Como resultado de la fiscalización e investigación, la Función Pública abrió más de 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades.
Sanciones a licitantes, proveedores y contratistas.
En este caso específicamente, en 2019 solventó 81 expedientes, 63 de ellos con resoluciones sancionatorias que le permitieron imponer multas por casi 23 mil millones de pesos.
“Hay otro caso muy conocido, relacionado con el Ex Director General de Pemex Fertilizantes, Édgar Torres Garrido, donde se identificaron irregularidades en la compraventa de Grupo Fertinal”, señaló.
Dijo que en la operación se defraudó al Estado y por la que se inhabilitó al ex funcionario por un periodo de 15 años y se le multó con más de 3 mil 800 millones de pesos.
En este sentido, en su Programa Anual de Auditorías, la Función Pública no sólo fiscalizó el uso correcto del erario público.
Sino que, al privilegiar las auditorías al desempeño gubernamental, buscó también mejorar la gestión pública.
Advirtió que, hasta el inicio de este gobierno, había un control prácticamente nulo en la Administración pública federal:
“porque no se hacía el esfuerzo de identificar y administrar riesgos sobre actividades sustantivas…”
“…, y nuestro primer paso fue restablecerlo con un enfoque preventivo para disuadir actos de corrupción…”
“… propiciar la eficacia gubernamental y mejorar el desempeño institucional”.
Expresó que hoy, el Estado reconstruye el bienestar y protege los derechos individuales y sociales, antes que a los mercados.
A lo cual contribuye la Función Pública con una fiscalización integral, pues a diferencia de otras entidades fiscalizadoras, puede incidir en todo el ciclo de política pública:
“Desde la identificación del problema o el diseño de un programa, hasta su ejecución y evaluación”.
Bajo este esquema, que alinea la fiscalización con una visión de la corrupción como un fenómeno estructural, la Función Pública realizó durante 2019 casi 3 mil 400 actos de fiscalización.
De los cuales, más de 2 mil 500 fueron auditorías que generaron más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos.
La secretaria Sandoval Ballesteros subrayó que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de Educación Salud.
Es decir, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Herramientas de fiscalización
Algunas de sus principales herramientas en esta tarea es la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP).
Además, el sistema de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) y el Formato del Seguimiento del Avance Físico Financiero (SAFF) que permiten una vigilancia más rápida y expedita de cualquier compra de gobierno.
Así, la Secretaría integra un inventario de las obras públicas y adquisiciones por ejercicio fiscal de aquellos contratos de obras y servicios que se ejecutan con recursos federales.
Hasta el 30 de noviembre del ejercicio fiscal de 2019, se contó con los registros de 60 dependencias y entidades de la Administración pública.
Mismo, que involucran a 7 mil 562 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas.
Esto es con un importe contractual de 444 mil 339 millones de pesos y 2.9 millones de dólares.
La secretaria Sandoval Ballesteros reiteró la convicción de la Función Pública de que una verdadera rendición de cuentas exige transparencia proactiva.
Es decir, identificar, generar, publicar y difundir información sobre el ejercicio de gobierno, sin la necesidad de que un ciudadano la exija.
Finalmente, ratificó su compromiso de investigar y sancionar los casos de corrupción.
Lo anterior para establecer ese régimen de rendición de cuentas mediante el cual los ciudadanos vigilan y evalúan nuestro trabajo como servidores públicos.