Gobierno de Trump restringe aún más los permisos de trabajo

Trump ordenó en abril crear regulaciones que impidieran a los inmigrantes que ingresaron sin autorización obtener permisos de trabajo

Regeneración, 13 de noviembre del 2019. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) propuso este miércoles una nueva regla que prohibiría a los solicitantes de asilo que hayan cruzado ilegalmente la frontera obtener una autorización de trabajo.

La USCIS dijo que la medida busca “disuadir a solicitantes de asilo frívolos o fraudulentos de obtener autorizaciones de trabajo” mientras sus casos son resueltos en las cortes de inmigración.

Miles de afectados

También propuso retrasar los permisos en caso de que sean otorgados. La propuesta afectaría a miles de inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos.

Y dichos migrantes dependen de los permisos de trabajo para sostenerse mientras sus casos avanzan en las cortes de inmigración, un proceso que puede tomar meses e incluso años.

La regla también representa el último movimiento del gobierno Trump por debilitar el asilo.

Planean cobrar por las solicitudes

El viernes pasado, USCIS propuso una norma diferente que plantea cobrar por las solicitudes de asilo, algo que sólo otros tres países hacen.

La propuesta de este miércoles endurece las condiciones de elegibilidad para las autorizaciones de trabajo, con algunas excepciones.

También extiende el periodo de espera cuando un solicitante de asilo pide un permiso de este tipo.

Desalentar peticiones de permisos de trabajo

Es decir, lo amplía de 150 días a 365 días. Ahora, la regulación no cambia los requisitos para obtener el asilo.

“Las reformas propuestas están diseñadas para restaurar la integridad del sistema de asilo y reducir el incentivo de presentar una solicitud con el objetivo principal de obtener una autorización de trabajo”, señaló Ken Cuccinelli, director interino de USCIS, en un comunicado.

La norma fue anunciada mientras el funcionario asistía a una audiencia ante la Comisión de Seguridad Nacional del Senado acerca de inmigración en la frontera sur.

Afectaría a solicitudes “legítimas”

El motivo detrás del cambio, según el texto de la regla, es disuadir a los migrantes con solicitudes de asilo “frívolas”.

Aunque es probable que también afecte a todos los solicitantes, incluidos aquellos con peticiones legítimas.

En abril, Trump publicó un memorando que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia proponer regulaciones que impidieran a los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización obtener permisos de trabajo.

Una larga espera

Por su parte, los tribunales de inmigración tienen acumulados más de 1 millón de casos que son manejados por alrededor de 440 jueces.

En promedio, cada expediente tarda 3.2 años en ser resuelto.

Mientras el inmigrante espera la resolución de sus expedientes, el gobierno por razones humanitarias otorga un permiso de trabajo a partir de los 180 días desde que fue presentado el pedido de asilo.

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Migrantes sostuvieron una videoconferencia en cortes instaladas en carpas en dos ciudades fronterizas, conversaron con un juez de San Antonio

Regeneración, 16 de septiembre de 2019. Este lunes, Cortes “móviles” de Estados Unidos comenzaron a procesar a migrantes que fueron obligados a esperar en México una respuesta.

Cortes instaladas en carpas en dos ciudades fronterizas comenzaron a atender a los solicitantes de asilo cuyos trámites avanzan muy lento en los congestionados tribunales de inmigración.

La corte en Laredo, Texas, abrió con un juez que atendió casos a través de una videoconferencia.

Expresan miedo

Los detractores del sistema han criticado el procedimiento debido a que es cerrado al público y dificulta a los abogados el acceso para brindar representación legal.

Uno por uno, los migrantes ingresaron a la carpa y dijeron que tenían miedo de ser enviados de regreso a México.

El grupo incluía a una mujer hondureña que cargaba a su hija de 4 años de edad, a un salvadoreño que dijo que huía de amenazas de muerte y a otro hombre que dijo que se ocultaba.

El hombre esperaba una oportunidad para ingresar a Estados Unidos.

Los migrantes son parte de una política implementada por el gobierno del presidente Donald Trump llamada Protocolos de Protección a Migrantes.

Este plan es mejor conocido como el programa “Permanencia en México”.

Los migrantes conversaron por video con un juez de San Antonio, a donde tenían que trasladarse los observadores que quisieran monitorear las audiencias.

Monitor a distancia

La jueza Yvonne González tenía 52 casos en su expediente.

Del otro lado de la pantalla, 26 personas se presentaron al tribunal en Laredo. González podía verlos a través del monitor instalado en su juzgado.

Después de unos 20 minutos, la jueza se alistaba a terminar la audiencia cuando uno de los hombres levantó la mano y pidió la palabra. Ella le dijo que continuara.

“Bajo ninguna circunstancia estoy en posición de pedirle algo”, dijo en español, de acuerdo con declaraciones distribuidas por el traductor de la corte.

“Pero quisiera pedirle. Mi familia está aquí conmigo y tenemos miedo de quedarnos en México”.

González le dijo que atendería su caso más adelante.

Entonces, una segunda persona también pidió la palabra y también expresó su temor. Eventualmente, ocho personas expusieron sus casos.

Una mujer dijo que tenía que pagarle a alguien para que la llevara de regreso para su audiencia. Otra dijo que había sido secuestrada y robada.

The Associated Press no identificó a los migrantes que hablaron por cuestiones de seguridad.

González miró a los abogados del gobierno federal presentes en su juzgado y les preguntó sobre el papel de México en la situación.

“¿Están ayudando con un lugar dónde quedarse?”.

Uno de los abogados, Kevin Terrill, respondió que no sabía la respuesta.

La jueza se reunió con los abogados del gobierno federal y después reanudó las audiencias.

Le pidió a todos aquellos que tenían miedo de volver a México se pusieran al frente para que estuvieran más cerca de su pantalla.

Luego les dijo que un guardia de seguridad los llevaría a otra sala en la carpa para que pudieran ser procesados por otra agencia y determinar si serían enviados de vuelta a México.

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