En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, limita y hostiga a radios comunitarias. Desde hace años, se ha dicho que las radios son «piratas» por operar sin permisos del gobierno. Permisos que en la mayoría de los casos, son negados por no favorecer a empresarios y grandes medios de comunicación
Regeneración, 28 de marzo de 2016.- Las radios comunitarias e indígenas son un derecho de la ciudadanía, amparadas en el artículo 2 de la constitución mexicana. Que la ley de telecomunicaciones reconozca estas radios no es un “regalo” para nuestros pueblos. Sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en lugar de apremiar el trabajo social ciudadano y dar derecho equitativo, la ley legitima la criminalización por hacer uso del aire que respiramos, además de seguir privilegiando al sector comercial y “público”.
Dos acontecimientos importantes al igual que preocupantes en el mes de marzo en materia de telecomunicaciones:
- a) El pleno del IFT aprobó el pasado 17 de Marzo la “Disposición Técnica en frecuencia modulada que contribuirá a aprovechar eficientemente los recursos orbitales”, estableciendo una separación mínima de 400 kHz entre estaciones de radio que operen en una misma localidad.
- b) IFT y PGR el pasado 19 de Marzo cerraron 4 radios comunitarias en Tlaxiaco Oaxaca, y detuvieron a 2 indígenas; las radios comunitarias allanadas son La Máxima 107.9, La Perla de la Mixteca 96.5 FM, La Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Stereo 98.3 FM, y entre los detenidos está el indígena triqui Heriberto Martínez Hernández, y al mixteco Héctor Cruz, según reportó la revista PROCESO.
La separación mínima a 400 kHz y sus beneficiados
Ahora es “legal”. Esta reducción ya se ha usado tanto en México como en Puebla para facilitar el otorgamiento de concesiones de radiodifusión a distintos operadores sin pretextar lo que a la región cholulteca se le ha objetado para negar la concesión de uso social al decirnos “no cumplen con la separación mínima de 800 kHz de una estación a otra”.
Al aprobar la reducción a los 400 kHz, lo anterior ya no debería ser un obstáculo para que Cholula cuente con su propia radiodifusora indígena-comunitaria. Sin embargo, el nuevo pretexto del IFT para no otorgar la concesión a los pueblos cholultecas es la separación mínima en kilómetros de una estación a otra, aplicándonos valores máximos sobre el mismo canal.
La forma en que el IFT determina la viabilidad técnica sobre el otorgamiento de nuevas licencias es aún desconocido.
Esta reducción para el interés general de la radiodifusión mexicana es relevante, sobre todo para los interesados en obtener nuevas concesiones. No tiene el mismo significado para los operadores vigentes, ni para las comunidades y pueblos originarios.
Para los operadores vigentes esta reducción es un peligro en materia económica, puesto que abrirá un gran mercado la radiodifusión comercial, y no todos están dispuestos a compartir las jugosas cantidades de dinero de cada uno de sus clientes, mismos que podrán comprar la publicidad con quienes mejor les convenga según la potencia y la cobertura que tenga cada estación de radio. El presupuesto de la publicidad oficial para el sector comercial es ajonjolí de otros moles, y dependerá mucho de cómo éste sector se ajuste al criterio de los gobernantes en turno, debido a que no existe una ley que obligue, vigile y regule el gasto público en los estados y municipios.
Para las comunidades y pueblos originarios esta reducción de espectro, que implica una separación mínima de 400 kHz entre una estación y otra, no es equitativa ante los distintos sectores. Además sigue limitando la pluralidad de contenidos y de ideas, favoreciendo por sobre todas las cosas al sector comercial y al “público”, debiendo traducir este ultimo, al sector gubernamental.
IFT reduce espectro radioeléctrico a 400 kHz
Tenemos entonces, que la ley en telecomunicaciones sigue limitando en derecho al sector social; indígena y comunitario al otorgar solo el 10% del espectro a nuestros pueblos y a las organizaciones civiles, mientras los gobiernos y las empresas podrán acceder ampliamente y sin limitaciones al espectro radioeléctrico.
Desde una perspectiva optimista, con la reducción a 400 kHz, podrían existir en cada ciudad por lo menos cuatro frecuencias de uso social. En la realidad, al menos en la ciudad de Puebla, el 10% equivale a cero.
Mientras tanto, el IFT mantiene reservadas las frecuencia 88.3, 90.9 y 104.3 en la banda de frecuencia modulada, aún después de no cumplir con las distancias mínimas. Cholula continuará exigiendo al IFT de trato igualitario y no discriminativo para nuestros pueblos.
Del discurso a la realidad en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión
El IFT además de limitar a la sociedad civil, comunidades y pueblos originarios al acceso a sus propios medios de comunicaciones, nos criminaliza.
Es un debate decir que tan libres y autónomos podemos ser o no al tratar de acceder a una frecuencia de radio otorgada por el estado. Si algo debemos dejar claro, es la responsabilidad que el estado tiene para otorgar el mismo número de frecuencias a las comunidades, que a los otros sectores mencionados anteriormente, para favorecer a la llamada democratización de los medios. Mientras el estado no cumpla, es deber de la ciudadanía exigir lo que nos pertenece por naturaleza y derecho.
IFT criminaliza radios comunitarias
Lo último esta muy lejos de suceder, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones desde meses atrás inició una campaña de intimidación a las radios comunitarias en medios nacionales impresos (como el periódico Reforma), entre otros digitales y audiovisuales difundiendo el mensaje “Se busca por robo. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos”.
-¿Las radios comunitarias afectan a todos? ¿A quiénes?
¿A las empresas? –De verdad creen que es interés de los medios comunitarios el enriquecimiento económico. Que nos digan quién de las personas que organizan un medio comunitario / indígena tiene al menos el 10% de la riqueza de Emilio Azcárraga Jean dueño de Televisa y cadenas de radiodifusión; o de Ricardo Salinas Pliego dueño de TV Azteca. Muchos de los comunicadores comunitarios de la radios de uso social no perciben siquiera un sueldo mínimo, todo su trabajo es voluntario.
¿O será que los afectados son los poderes políticos? -Les afectan las potencias tan bajas que les son otorgadas a las radios comunitarias (cuando se las otorgan después de luchar por ellas durante años), o será que les afecta nuestra programación cultural y de identidad de acuerdo a nuestros usos y costumbres. ¿Qué les incomoda? ¿Qué les robamos?
-¿Acaso los gobiernos y las cadenas de radio y televisión privadas son dueñas del aire?
¿Por qué cierran las radios comunitarias e indígenas y no las radios comerciales y esotéricas que operan sin licencia? – Al menos el noventa por ciento de las radios allanadas y los comunicadores procesados y/o encarcelados son colaboradores de radios comunitarias.
Con información de Cholollan, Radio Comunitaria.