Con los datos en la mano, sin el funcionamiento de los mecanismos públicos de sostenimiento de la banca privada, ésta no gana dinero. De ese modo se ha manifestado el economista de Attac y miembro de la Plataforma por una Banca Pública en el Taller de Economía de las Jornadas Programáticas de EUPV-IU. Sánchez Mato es además coautor del libro “¡Banca pública, rescatemos nuestro futuro!” (Icaria). Sus análisis y comentarios pueden seguirse en el blog http:/matoeconomia.blogspot.com.es
Esto ya ocurría antes de la crisis. Según cifras del Banco de España, del beneficio contable (casi 78.000 millones de euros) que tuvieron entre 2000 y 2008 todas las entidades bancarias del estado español (cajas de ahorro, bancos privados y cooperativas de crédito), 31.955 millones de euros procedieron de ayudas públicas. Se entiende por “ayudas públicas” los intereses que el gobierno central, las administraciones autonómicas y corporaciones locales pagan por créditos que les conceden las entidades financieras, y por los intereses de la deuda pública que han adquirido estas entidades.
Es decir, incluso en los periodos de auge, “casi la mitad del beneficio que la banca reparte entre sus accionistas depende del negocio que hacen con las administraciones públicas tanto españolas como europeas, y que les concedemos de manera graciosa”, subraya Carlos Sánchez Mato.
Entre los años 2007 y 2013 (de lleno en la crisis financiera), se produce un desequilibrio “fabuloso” porque el conjunto de las entidades bancarias perdieron 13.000 millones de euros, pero tuvieron unos beneficios por “ayudas Públicas” de 91.000 millones de euros. Si se considera el conjunto del periodo (2000-2014), incluidas las fases de expansión y crisis, las entidades bancarias ganaron 65.000 millones de euros con unos beneficios por “ayudas públicas” de casi el doble (123.000 millones de euros). En conclusión, “la banca no puede ser sino pública dado que los ingresos y beneficios vienen indefectiblemente unidos al sostenimiento de las administraciones públicas”.
El gobierno del PP ha nacionalizado entidades bancarias. Actualmente el 20% del sistema bancario a nivel estatal tiene un carácter público. Sin embargo, en la práctica no se ha producido una “socialización”, ya que la actuación de estas entidades no se corresponde con el interés general. Por ejemplo, a pesar de ser una entidad pública, Bankia continúa promoviendo desahucios.
El gran problema de los últimos años en el estado español y la Unión Europea ha sido, a grandes rasgos, la hipertrofia del sector financiero. Es un factor que ha contribuido al sobreendeudamiento. “Pero éste es un fenómeno capitalista absolutamente lógico”, aclara Carlos Sánchez Mato. Porque la banca ha cumplido con su objetivo dentro de una lógica capitalista: porcentajes de beneficio más reducidos obligan a la sobredimensión para sostener esos márgenes. Pero la sobredimensión en otros sectores (aunque discutible) no tiene los mismos efectos que la financiera, pues ésta se realiza, en buena medida, a costa de poner en riesgo los ahorros de la clase trabajadora.
Se han generado entidades bancarias “demasiado grandes para caer”. De hecho, ninguna ha “caído” como consecuencia de la crisis financiera, por la sencilla razón de que ningún gobierno quiere afrontar el hecho político de decirles a los ahorradores (en depósitos, porque sí lo han hecho con las “preferentes”) que su dinero está en promociones por terminar a lo largo del territorio. Es la razón por la que los gobiernos de Zapatero y Rajoy han sostenido a las entidades bancarias. Y han promovido un proceso de concentración y oligopolización del sistema financiero, dentro de la lógica capitalista, con ayudas públicas.
Pero no sólo eso, resalta Carlos Sánchez Mato. Se dice que las ayudas públicas únicamente son las inyecciones de capital y, por eso, De Guindos se jacta de que en el estado español la crisis bancaria ha costado 65.000 millones de euros. Pero hay que agregar las medidas de liquidez en forma de préstamos (de los que responden las administraciones públicas), avales, esquemas de protección de activos (seguros contra pérdidas; por ejemplo las concedidas al Banco de Sabadell al quedarse con la Caja de Ahorros del Mediterráneo) y otras ayudas que suponen una losa sobre las administraciones públicas. La suma de todas las ayudas supone 1,52 billones de euros.
Todo este dinero no puede darse por perdido, pero implica un enorme riesgo potencial y un “pasivo contingente” para las administraciones públicas. ¿Cómo pueden actuar estas ante el peligro de que se derrumbe el castillo financiero? “Dándoles a los bancos todo lo que piden”, responde el economista. En diciembre de 2013 se aprobó un Real Decreto que convertía en monetizables (garantizados por el estado) de parte de los créditos fiscales que permitían a los bancos ahorrarse impuestos en el futuro. La medida supone otros 40.000 millones de euros. Sin estas iniciativas, incluida la liquidez o “barra libre” que les proporciona el Banco Central Europeo, “las entidades bancarias no podrían abrir las puertas un solo día”.
Podría hasta darse la posibilidad de que una cantidad notable de ahorradores retirara sus depósitos de los bancos. Y estos no quebrarían. Por el mismo motivo: la decisión que se tomó en 2008 de establecer un “colchón” de seguridad por el cual si una entidad bancaria necesita fondos los obtiene directamente, y de manera ilimitada, en el Banco Central Europeo. Ante este blindaje o “seguro de vida perpetuo”, ¿les resta algún margen a las comunidades autónomas para promover una banca pública?, una pregunta para cuya respuesta el economista de Attac ha participado, junto a Desiderio Cansino, del Área Económica de IU-Andalucía, en el taller “Una banca pública al servicio de un nuevo modelo productivo valenciano”, organizado por EUPV-IU.
“Sí”, zanja Carlos Sánchez Mato, “pero siempre que se tenga en cuenta la banca universal”, es decir, “no sirve para nada una banca de inversión, que ya ha existe y funciona en las comunidades autónomas, pero no es esa banca a la que debería aspirarse; el problema de fondo es que no pueden coexistir las bancas pública y privada compitiendo en el mercado, dado que ello implica quiérase o no subsidiar a la banca privada; y es algo que no tiene ningún sentido”. Por ejemplo, las entidades bancarias captan depósitos con el auxilio del estado, que asegura los ahorros hasta 100.000 euros por titular mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. Hace tres semanas este fondo asegurador ha presentado sus cuentas, con un patrimonio neto negativo, es decir, el organismo público que asegura depósitos que suman 796.000 millones de euros (siempre en cuentas de menos de 100.000 euros por titular) no tiene fondos.
Sabiendo esto, “es el gobierno el que tiene miedo a dejar al ciudadano sin ahorros; la mejor fórmula para que la gente saliera la gente sería, tal como pide el economista liberal Juan Ramón Rallo, que el gobierno dejara de sostener los depósitos; al día siguiente la gente llenaría las calles y plazas; pero eso no va a pasar; en realidad, por eso conceden las ayudas públicas a los bancos”.
En esas circunstancias, un proyecto de banca pública que no sea universal y, en consecuencia, no aspire a captar y proteger los ahorros del conjunto de la ciudadanía sería una propuesta que serviría de muy poco. Según Sánchez Mato, caminar hacia planteamientos de banca pública más “agresivos” pasa por evitar la privatización del sistema bancario actualmente en manos públicas (el 20%), ya que, en sentido contrario, con un modelo de banca pública escasa y capitidisminuida no cabe, por ejemplo, optar a financiaciones en plan “trampa” del Banco Central Europeo, actualmente al 0,15% de interés (para financiarse a través del BCE deben entregarse garantías, que pueden ser préstamos concedidos o letras del tesoro adquiridas).
La otra posibilidad es capitalizar las bancas autonómicas de pequeñas dimensiones por la vía presupuestaria, pero “¿entenderían los ciudadanos una limitación del gasto social para crear una entidad bancaria pública cuando muchas de las privadas sólo se sostienen con el auxilio estatal?”, se interroga el economista. “Nacionalicemos, evitemos que se privaticen las entidades ya nacionalizadas, y pongamos los depósitos de esas entidades (naturalmente con otros directivos) al servicio del pueblo”, resume Carlos Sánchez Mato. “El sistema financiero actual técnicamente es insostenible, dado que se trata de una pirámide invertida que no se sostiene y convivir con ella implicaría vivir expuestos a que se nos cayera encima”, agrega.
Otro asunto es la distinción entre banca de inversión y de depósitos, cuyas supuestas bondades han propagado los partidarios de Obama. El problema es, según el economista de Attac, que la banca de inversión siempre “contamina” a la de depósitos, de manera que la regulación de Obama “no va a evitar la próxima crisis”. Lo que se hace realmente es diseminar el riesgo y, además, “la regulación del monstruo es imposible y la hacen ellos”. Pueden elevarse los requerimientos de capital para la banca de inversión como elemento regulatorio, pero entonces se convierte en menos rentable, “y las crisis en el sistema capitalista se producen porque hay escasos beneficios”. ¿Los balances millonarios en beneficios que presentan actualmente los grandes bancos? “las prácticas de la empresa tecnológica Gowex las realizan todas las entidades bancarias”, afirma Carlos Sánchez Mato.
El gran problema reside en que el sistema financiero está vampirizando a la economía real y no obtiene beneficios. “Pongámoslo en manos públicas para proteger los ahorros de la gente y aplicar otro tipo de actuaciones; o eliminemos las ayudas públicas, los avales a los depósitos de menos de 100.000 euros y los préstamos de las administraciones con bancos privados”. En ese caso, “la banca privada no abriría sus puertas el lunes”, concluye el economista.