Ante representación mundial acusan a Policía, Ejército, Marina, autoridades de Gobierno y la Judicatura por criminalizar defensores de derechos
Regeneración, 1 de marzo del 2018. El relator especial de las Naciones Unidas, para el tema de defensores, Michel Forst denunció ante la máxima representación internacional que las autoridades mexicanas no solo obstaculizan la labor de los defensores, sino que los criminaliza. Para el relator especial de la ONU, las autoridades responsables son tanto estatales como federales e incluyen a la Policía, el Ejército, la Marina, distintas autoridades de Gobierno y a la Judicatura.
En versiones recuperadas por agencias, el relator Forts declaró:
“Las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas a través de un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los poderes punitivos de las autoridades, tanto por actores estatales como no estatales, para entorpecer e incluso paralizar los esfuerzos de ejercer su legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos”
Tras su visita, realizada en enero d 2017, el experto “quedó atónito por la extrema violencia en México, el clima de casi absoluta impunidad y la supuesta corrupción e infiltración de las fuerzas fiscales y de seguridad por elementos criminales”, afirma su informe. Durante los primeros diez meses de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 285 ataques a defensores, mientras que la sociedad civil ha denunciado que se perpetraron 730 ataques tan solo de enero a mayo de 2017.
De acuerdo con el informe, la criminalización “normalmente empieza con la denuncia de alegaciones infundadas (…) después siguen múltiples violaciones a los derechos humanos, que incluyen acoso, persecución por cargos inventados, y detención sin una orden judicial”, además de que, a menudo, el sistema judicial impone medidas contra los defensores sin respetar sus derechos y el debido proceso.
“El bajo nivel de independencia del sistema judicial, la corrupción entre los funcionarios públicos, y la explotación del sistema de justicia por compañías, que presentan quejas criminales contra los defensores de derechos humanos, todo contribuye a la criminalización de su trabajo”, subraya el informe. Otra de las denuncias del experto es que, a veces, la criminalización es precedida por “pronunciamientos de funcionarios públicos”.
El relator se lamentó de que dicha criminalización socave la confianza de la sociedad civil en las autoridades, pues “el resultado de este clima de miedo afecta a toda la sociedad y puede llevar a la autocensura”, afirmó.