En Lima, Perú, se llevó a cabo el trigésimo quinto periodo de sesiones, en donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentó el documento “Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible”.
Se reunieron 40 Estados miembro de la Comisión, funcionarios internacionales, representantes de grupos civiles y académicos, a fin de dialogar sobre asuntos económicos, sociales y ambientales que atañen a los países de América Latina (AL), y aprobar el programa de trabajo de la Cepal para el próximo bienio.
De acuerdo con la publicación, las mujeres indígenas son las que presentan las menores tasas de participación económica en ocho de 11 países de AL: Panamá, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, México, Guatemala, Perú y Brasil (todos ellos por debajo del 50 por ciento).
Del extremo contrario, los países con tasas de ocupación más elevadas de participación económica de las mujeres indígenas son Uruguay (53.4 por ciento), Ecuador (54.6 por ciento), y Bolivia (67.9 por ciento).
El informe sostiene que aún persisten enormes brechas de implementación de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en el ámbito laboral, y problemáticas que aquejan en especial a las mujeres.
Según datos estadísticos de la Cepal, la participación económica de las personas indígenas en general de por sí es sistemáticamente más baja que la del resto de la población, especialmente en Colombia y Panamá, donde la diferencia entre un grupo y otro llega a ser hasta de 10 puntos porcentuales.
No obstante, los menores niveles de educación formal ponen a la población indígena en desventaja en el acceso al empleo, así como el papel de mujeres y hombres en sus familias y comunidades, en las que la participación femenina se visualiza en la maternidad y en labores de cuidado.
En Ecuador y Panamá, 43 por ciento de las mujeres no indígenas ocupadas tienen al menos el nivel secundario; las indígenas en esta situación representan el 9 y el 13 por ciento, respectivamente. En Brasil, México, Perú y Uruguay la diferencia entre la población indígena y la no indígena con el mismo nivel de estudio es el doble.
Además cabe recordar que de acuerdo con otro informe de la Cepal, durante 2013 las mujeres con educación terciaria completa, indígenas o no, están en desventaja respecto de los varones con su misma preparación académica, ya que 80 por ciento de las personas graduadas son mujeres, pero 67 por ciento de ellas no accede a empleos de calidad.
La condición rural, frecuente en los pueblos indígenas, suele ser la causa principal de estas desigualdades; sin embargo, también los pueblos originarios que habitan en zonas urbanas mantienen desventajas en el acceso al empleo respecto de la población no indígena, especialmente en cuanto al trabajo no remunerado en el sector servicios.
Por lo tanto, hay mayor incidencia de trabajadoras sin remuneración entre las indígenas. Bolivia presenta el caso más extremo, ya que 37 por ciento de las mujeres autóctonas se encuentra en esta situación.
Una de las expresiones más marcadas de discriminación y desigualdad étnica y de género se observa en el trabajo del hogar, que es una actividad importante entre las trabajadoras menos calificadas.
En el caso de las indígenas migrantes, la inserción laboral como trabajadoras del hogar en el lugar de destino es muy frecuente. Sin embargo, esta actividad se caracteriza por jornadas largas, menos descansos, salarios inferiores y nula cobertura de seguridad social.
Las brechas de desigualdad más altas entre indígenas y no indígenas que prestan servicios en el hogar en zonas urbanas se encuentran en México, Colombia y Panamá. En las zonas rurales, en cambio, las indígenas ocupadas en esta actividad están representadas en menor proporción.
Cepal advierte la falta de información sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar en la mayoría de los países de la región, pero aclara que aún así la población indígena experimenta peores condiciones que la no indígena.
En Chile, por ejemplo, el ingreso promedio de las trabajadoras del hogar indígenas equivale al 71 por ciento del ingreso de las personas no indígenas.
Cepal considera como un desafío para los gobiernos de AL que el trabajo femenino, cualquiera que sea, se obtenga en condiciones adecuadas y en un marco de respeto a los aspectos legales que rigen las normas de contratación.
Información: Yancuic