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A pesar de que una jueza de Irapuato sustentó proceso penal contra sacerdote Pedro Gutiérrez por los abusos cometidos en el caso “Ciudad de los Niños”, no ha sido llamado a declarar en todo un año. Revelan cadena de complicidades entre PGR y autoridades de Guanajuato ante “fuero clerical”. El caso está en la CIDH

Zona Franca

Regeneración, 4 de septiembre de 2018.- A más de dos décadas de denuncias en contra del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, y luego de un año de haberse integrado la carpeta de investigación por el escándalo en contra de niñas niños y adolescentes del albergue “Ciudad de los Niños”, ni el cura ni persona alguna han sido llamados a declarar.

Por ello, organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de la infancia han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la salud de la integridad de los niños, así como para hacer valer la sentencia de amparo que ordena medidas de protección cautelar a su favor.

Más importante, explicaron cómo ha funcionado la cadena de complicidades entre la PGR, las autoridades de Guanajuato –incluyendo al gobernador- y la misma Iglesia católica.

En ese sentido, hicieron un llamado al papa Francisco, ahora que se encuentra pidiendo perdón alrededor del mundo por los curas pederastas, para que mire el caso mexicano y tome cartas el asunto.

Los hechos

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En conferencia de prensa, las organizaciones expusieron que el pasado 11 de julio de 2017, el diario Zona Franca presentó una investigación periodística “que dejó al descubierto el imperio de impunidad que por décadas construyó el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías” en Guanajuato y Michoacán.

En cinco albergues carentes de supervisión oficial “se descubrieron historias de violencia física, emocional y sexual, desapariciones, adolescentes embarazadas y al menos 170 niñas, niños y adolescentes registrados con los apellidos Gutiérrez Farías.

En este contexto, las organizaciones destacaron el trabajo de la jueza Karla María Macías Lovera del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, quien mostró “las graves omisiones y complicidades del gobierno de Guanajuato” respecto a los albergues “Ciudad de los Niños” ubicados en Salamanca y Moroleón (Guanajuato).

A más de un año de que se dieran a conocer estos hechos, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) en México y Disability Rights International (DRI), indicaron que hasta este momento el sacerdote Pedro Gutiérrez no ha sido llamado a declarar.

Expresaron temor y preocupación de que este pueda ser un hecho más al que se dé carpetazo con el cambio de administración, dejando al presidente Peña Nieto una deuda más con la infancia en el país.

Consideraron que es inconcebible que, luego de un año de la denuncia, y de que se abriera la carpeta de investigación en la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) sigan sin concretarse las investigaciones.

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“Este retraso está sustentado en un cálculo político y en la protección de altos funcionarios del estado de Guanajuato, desde el gobernador Miguel Márquez, el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, hasta el procurador estatal, Carlos Zamarripa”, señalaron.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, señaló: “Nos preocupa que este sea un elemento más de impunidad con el que terminará el gobierno de Peña Nieto. Existen muchos indicios en el expediente de sentencia elaborado por la jueza Karla Macías, que podrían permitir el proceso penal contra el cura Pedro Gutiérrez”. Por ello, “la ausencia de investigación por el fuero clerical muestra la gran complicidad entre las autoridades del Estado que garantizan una protección de alto nivel”, acusó.

Lizbeth Brizuela, directora para México de Disability Rights International (DRI) señaló: “Estuvimos investigando cuáles eran las condiciones en que vivían los pequeños en la “Ciudad de los Niños” una vez que la tomó el DIF, y encontramos que no eran muy diferentes de cómo vivían antes. La vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes seguía corriendo riesgo.”

Frente a esta situación, el pasado 27 de abril las organizaciones solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares que buscan proteger a los pequeños que vivían en la “Ciudad de los Niños” y que han sido transferidos a otros centros:

“Estos contextos de institucionalización han demostrado una y otra vez las fallas del sistema; más, cuando hablamos de la protección a los agresores y la impunidad” apuntó Brizuela.

Entre las peticiones a la CIDH se encuentran:

  • Otorgar acceso inmediato a las víctimas para evaluar su situación actual.
  • Reintegrar mediante un plan individualizado a todas las víctimas en un entorno familiar.
  • Requerir al Estado mexicano investigar en totalidad los hechos descritos en la solicitud, así como en todas las investigaciones previas.
  • Identificar, sancionar y juzgar a todos los responsables.
  • Cumplir con la sentencia de amparo 475 2016-8 que incluye dictar medidas de protección inmediatas para cualquier niña, niño o adolescente que se encuentren en instituciones bajo la custodia, autoridad o posesión del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías o del personal que esté relacionado con él.
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Alicia Vargas, directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (Cides, IAP) y presidenta del Consejo Directivo de Redim, comentó que el caso continúa en total y absoluta impunidad, señaló que el presidente de la república Enrique Peña Nieto (EPN) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) deben hacer cumplir la Ley Federal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que exige garantizar sus derechos en todo el país y en particular a quienes que se encuentran institucionalizados.

Los representantes de las organizaciones hicieron un llamado al papa Francisco para que “de la misma forma en que está pidiendo perdón en varios países del mundo, voltee a mirar a México y se dé cuenta de que hay muchos temas pendientes. El de la Ciudad de los Niños es sólo uno de los casos, donde el sacerdote Pedro Gutiérrez, con más de dos décadas de denuncias, continúa bajo la protección de la Iglesia católica y el Estado mexicano”, finalizaron.

Si quieres informarte más, visita: Regeneración

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