ONU-DH y ONU Mujeres indicaron que la investigación debe incorporar la perspectiva de género y evitar que autores intelectuales y materiales permanezcan en impunidad.
Regeneración, 29 de julio del 2021. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en México exigieron que el Estado mexicano garantice el pleno esclarecimiento de las agresiones que sufrió Lydia Cacho en 2005.
Asimismo, indicaron que la investigación debe incorporar la perspectiva de género y evitar que autores intelectuales y materiales permanezcan en impunidad.
El pasado 27 de julio se dio a conocer que el Tercer Tribunal Colegiado en el Estado de Quintana Roo otorgó un amparo al empresario Kamel Nacif; el cual lo exonera de cualquier responsabilidad relacionada con la tortura cometida contra Lydia Cacho.
Artículo 19 y la defensora de derechos humanos informaron que el órgano judicial consideró que la aprehensión y tortura, hechos ocurridos el 16 y 17 de diciembre de 2005, no tuvieron relación con la publicación del libro Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil en México.
Estado mexicano obligado a cumplir con Dictamen del Comité de DH
Al respecto, ONU Mujeres y ONU-DH indicaron en un comunicado que todas las instituciones del Estado mexicano tienen la obligación de cumplir con el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso.
El documento reveló que el Estado mexicano violó “el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión”.
El Comité también determinó que los tratos de los que Cacho fue víctima tuvieron
el objetivo de discriminar por razón de sexo “a la luz de la naturaleza de los
comentarios sexuales vertidos, del trato sexualizado y de la violencia de género infligida”.
Las dos organizaciones expresaron que la impunidad en el caso de Lydia Cacho no sólo
la afecta a ella y a sus familiares, sino que favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos. También impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen la profesión y defienden los derechos humanos.
Asimismo, destacaron que las autoridades mexicanas deben garantizar un ambiente
propicio para ejercer la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos; ya que ambas actividades son esenciales. Por ello, se debe investigar y sancionar cualquier
acto que tenga como objetivo limitar estos derechos.
Por último, ONU Mujeres y la ONU-DH refrendaron su disposición para brindar asesoría
y cooperación a las instituciones del Estado, incluidas las judiciales, para contribuir a la efectiva incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos en su actuar.