Por Lucio Guerrero
RegeneraciónMx.-Bueno, empecemos por el principio. La actual legislación en materia de energía proviene de la Reforma Energética de 2013. Dicha reforma abrió a las empresas extranjeras y a los grandes fondos de inversión, infraestructura, yacimientos, recursos, mercados e industrias propiedad de la Nación.
La reforma de 2013 significó un retroceso en la conquista de lo público, mientras que representó un avance en lo privado, en áreas estratégicas que eran exclusivas del Estado, tan importantes como la generación de energía eléctrica y la extracción de petróleo crudo.
Pero hay otro aspecto importante. La reforma energética del año 2013 fue aprobada a través de corrupción en el poder ejecutivo y en el poder legislativo.
Yo lo vi, nadie me lo contó. En la cámara de senadores y en la cámara de diputados era posible apreciar el gran lobby que muchas empresas, principalmente extranjeras, realizaban para “convencer” a los legisladores de la necesidad de la aprobación de dicha reforma.
Para el año 2013 eran exactamente 21 años desde la primera apertura a las empresas privadas y extranjeras en la generación eléctrica. Fue a partir de la Reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica del año de 1992, donde el régimen de autoabasto y productor independiente de energía se consideraba como fuera del interés público y por tanto una actividad permitida al margen de la Constitución nacional.
Las empresas habían esperado mucho tiempo para esta modificación y no iban a desaprovecharlo con falta de coordinación entre las fracciones parlamentarias de quiénes aprobaron la Reforma. Fue así como se dieron los grandes desfiles de bolsas, ropa de marca y demás beneficios económicos a legisladores y legisladoras quienes darían el SÍ a la Reforma de Peña Nieto.
Y como parte de esto también la maniobra legislativa para presentar un proyecto de dictamen distinto al discutido en el pleno de la Cámara de origen, pues la iniciativa debería de pasar tal y como fue dictada por sus redactores originales. De esta manera, cualquier observación realizada a dicha reforma simplemente se omitió y se impuso una redacción que no fue conocida por ningún legislador hasta la emisión del dictamen.
En el caso del poder ejecutivo, Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia con el fuerte compromiso de privatizar el petróleo y la electricidad; situación que acarreó un fuerte movimiento de capital para el apoyo de su campaña y la operación política desde las más altas esferas del poder, como se demuestra con el caso Emilio Lozoya, quién tiene una investigación en proceso por ser parte de la red de funcionarios que operaron los sobornos provenientes de las empresas, desde el poder ejecutivo hacia el poder legislativo.
Este compromiso de Peña Nieto lo retrató el senador Richard Lugard en su libro “Oil, Mexico, and transboundary agreement”( t.ly/aGgQ), dónde señala el compromiso del candidato presidencial por la privatización.
El día de hoy, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se sigue aplicando la reforma energética de 2013 debido a que las empresas privadas y extranjeras y los grandes fondo de inversión, no han aceptado ningún cambio en el rumbo de la política energética que ellos mismos redactaron y dieron a los legisladores para votar en el año 2013.
En lo que va de este sexenio, solo en materia de Electricidad, se han realizado por lo menos 3 modificaciones sustantivas sobre la base de la legislación vigente; una más ha implicado el cambio de la ley emanada de la Reforma, la Ley de la Industria Eléctrica; sin que ninguna modificación haya prosperado debido a la actitud condescendiente del poder judicial, principalmente los tribunales de competencia económica y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos Jueces y Magistrados han insistido en que tenemos el “derecho humano al capitalismo” y, por lo tanto, en todos los temas dónde ellos imaginen o especulen que podría haber competencia económica, superponen dicho principio a todos los demás, incluido el del bienestar y el derecho a la vida digna.
Así que, por principio, toda persona que defiende la Reforma Energética del 2013 y que pelea por el estatus quo en materia de energías en México, están defendiendo la corrupción con la que fue aprobada y la injusticia de su origen. Está defendiendo los mecanismos de compra de funcionarios públicos y legisladores, quiénes facilitaron la aprobación y la implementación de la Reforma Energética de 2013. Así como también son defensores del lazo colonial que existe entre quiénes han decidido poner en venta la propiedad de la Nación y las grandes potencias extranjeras.
No puede haber resultados positivos de algo que necesitó corrupción y tráfico de influencias, conflicto de interés y más corrupción. Porque es muy común, sobre todo de lado de las ONG, decir que si bien hubo corrupción hay “resultados positivos”. No. Para que una ley pueda ser verdadera tiene que ser justa. Y el proceso de conformación de dicha ley debe de ser democrático y representativo de las aspiraciones de un pueblo a ser libre y soberano.
Continuará…
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