El Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el gobierno reduce los recursos a los sistemas de agua y da el dinero a grandes empresas que usan paraísos fiscales. Se quita dinero al agua y se le da al Túnel Emisor Oriente, al Nuevo Aeropuerto AICM y la presa El Zapotillo.

Regeneración, 8 de noviembre de 2017. Por cada peso destinado a infraestructura local de agua y saneamiento, la propuesta del Ejecutivo para 2018 daría tres pesos a megaproyectos con graves irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, denunciaron representantes de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida.

La mayoría de los contratos son con corporaciones de personajes recientemente exhibidos como beneficiarios de paraísos fiscales, informaron.

Los activistas, académicos y representantes sociales se presentaron en la Cámara de Diputados para demandar el aumento del presupuesto para los sistemas de agua y saneamientolocales, sobre todo ahora que hay un proceso de reconstrucción en varios estados. Todo ello para garantizar el derecho humano al agua de la población afectada por los sismos.

La reducción del presupuesto destinado a los sistemas de agua provocará la privatización de la gestión del agua, afirmaron.

“El presupuesto 2018 profundizaría el severo recorte (de 72%) en los montos asignados hasta 2017 a los sistemas de agua y saneamiento, violando el derecho humano al agua, ignorando este aspecto vital de la reconstrucción e intentando inducir la privatización.

Irregularidades en Conagua

Hay graves irregularidades en el ejercicio de recursos asignados a la Conagua así como severas deficiencias en su capacidad de administrar aguas nacionales, señala la ASF que recomienda una reestructuración del organismo como condición necesaria para garantizar agua de calidad para las futuras generaciones. 

Los activistas además señalan que, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos exigen la coadyuvancia ciudadana en la gestión del agua.

“Se propone aumentar significativamente el presupuesto asignado al agua y saneamiento; reasignar los recursos de los megaproyectos a proyectos locales de infraestructura de agua y saneamiento, priorizando a las poblaciones discriminadas y las afectadas por los sismos; y transferir recursos del rubro “Gestión Sustentable de las Aguas” a instancias de planeación y contraloría ciudadana, para corregir las severas deficiencias en el funcionamiento de la Conagua”, afirmó una declaración la Coordinadora Agua para Todos.

El presupuesto busca desviar recursos a obras con irregularidades

El Presupuesto de Egresos Federales 2018 enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados “muestra que la Conagua nuevamente busca desviar recursos públicos hacia grandes obras de cuestionable valor, en donde la Auditoría Superior de la Federación ya ha documentado graves irregularidades, sacrificando los recursos requeridos para la reconstrucción de los sistemas locales, la protección de las aguas nacionales y el cumplimiento con el derecho humano al agua”. 

Según la propuesta del Ejecutivo, un tercio del presupuesto de la Conagua (36%) se dedicaría a solo tres megaproyectos: el Túnel Emisor Oriente (5 mil millones de pesos); Obras hidráulicas del Nuevo Aeropuerto (3 mil 200 millones); Presa El Zapotillo (mil 500 millones).

En cambio, solo 12% del presupuesto de la Conagua se dedicaría a las obras locales requeridas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento. Y apenas 7% serían canalizados a infraestructura hidroagrícola, priorizando las zonas de agroexportación en el norte del país, a costa de una estrategia centrada en la autosuficiencia alimentaria a través de infraestructura de riego para agricultores familiares en el resto del país.

Los informes de la Auditoría Superior de la Federación del ejercicio 2016 publicados el 17 octubre, documentaron las siguientes irregularidades:     

– El Túnel Emisor Oriente fue asignado en 2007, sin licitación ni proyecto ejecutivo, a un consorcio liderado por el grupo Carso de Carlos Slim. Dicha obra fue programada a concluirse en 2012 con un costo de 9 mil 500 millones. A la fecha ha recibo $44 mil millones de pesos, sin garantías de concluirse en el futuro cercano.

– No se ha echado a andar el Proyecto Lago Tláhuac-Xico, ubicado en la zona más baja de toda la cuenca, y aprobado en sesión del Consejo de Cuenca del Valle de México, el 15 abril de 2010 (contando con las firmas de los entonces gobernadores y Jefe de Gobierno Peña Nieto, Osorio Chong y Marcelo Ebrard). Esta obra permitiría almacenar las aguas pluviales del oriente, para la prevención de inundaciones y la provisión de agua potable para 1.2 millones de habitantes, a una fracción mínima del costo del Emisor Oriente y de la cuarta etapa del Cutzamala.

– El PEF 2018 asignaría mil 530 millones de pesos para la Presa El Zapotillo, en un intento de violar su suspensión por mandato judicial (Controversia Constitucional 93/2012 promovida por el Congreso del estado de Jalisco), el cual dicta que NO se debe sobrepasar los 80 metros de altura ya alcanzados. Una de las principales constructoras, la española ABENGOA, ha renunciado al proyecto, y busca una indemnización de 4 mil 300 millones, sin haber colocado un solo tubo del Acueducto. El Zapotillo es construido también por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) cuyo principal dueño es Carlos Slim. Al suspenderse la construcción de la presa en 2014, la CONAGUA tuvo que pagar  220 millones de pesos a la empresa FCC. Además, el contrato de construcción obliga al gobierno mexicano a pagar desde entonces 19 millones de pesos mensuales por concepto de indemnización por inactividad de la obra.

– En 2016, de una plantilla de 12 mil 402 servidores públicos, la Conagua (responsable de 531 mil 357 concesiones de aguas nacionales), solo contaba con 45 inspectores, por eso solo lograron visitar a 0.5% de las concesiones. De las 330 multas que resultaron, la Conagua solo cobró el 3%.

– De los 191 cuerpos superficiales de agua considerados en serio proceso de deterioro, la Conagua solo realizó 28 estudios de calidad.

– En 2015, la CONAGUA otorgó mil 124 concesiones en cuerpos de agua con déficit. De los 104 acuíferos con déficit de agua, solo 42 cuentan con decreto de veda.  Desde 2004, solo se ha logrado un decreto de una veda.

– Desde el presupuesto 2017 se eliminaron los recursos para los Consejos de Cuenca y sus organismos auxiliares, en violación del mandato constitucional y de la Ley de Aguas Nacionales de contar con espacios de coadyuvancia ciudadana-gubernamental.

En su análisis de la capacidad de gobernanza de la Conagua , la Auditoría Superior de la Federación concluye que: “Es imperativo que la autoridad en la materia realice cambios estructurales en sus procesos y procedimientos para garantizar la disponibilidad del vital líquido para las generaciones presentes y futuras”. Propone que “se replantea la forma de administrar el agua.”

Un presupuesto que va contra los objetivos del desarrollo sostenible

Según el análisis de la Coordinadora Agua para Todos, “este presupuesto va en contra de al menos cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los cuales México se ha comprometido, entre ellos: Fin a la pobreza, Agua limpia y saneamiento, Ciudades y comunidades sostenibles, Consumo responsable y producción y Paz, justicia e instituciones fuertes.

El 4º Artículo de la Constitución exige una Ley General de Aguas que siente las bases para la participación ciudadana junto con la de los tres niveles de gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua. “La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, junto con universidades y organizaciones afines en todo el país, hemos elaborado una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas que cumple con estos criterios. Las propuestas que realizamos hoy demuestran el papel vital de la ciudadanía en corregir los desvíos, en aras de garantizar agua de calidad para las generaciones actuales y futuras.  Vigilaremos de cerca y difundiremos ampliamente las decisiones de los Legisladores en torno al proyecto del Ejecutivo para el Presupuesto Federal 2018”.

Por tal motivo, la Coordinadora propone “aumentar anualmente los recursos públicos asignados al sector Agua hasta lograr el promedio mundial del 0.5% PIB (72.5 mil millones, frente a los actuales 26.5 mil millones)”.

También propone “reasignar los 9 mil 800 millones de pesos destinados para las obras Túnel Emisor Oriente, Obras hidráulicas NAICM y El Zapotillo; para así lograr 13 mil 200 millones para infraestructura local para agua y saneamiento, priorizando zonas afectadas por los sismos y más marginadas. Instruir a la Conagua a lograr la reorientación de los 3.5 mil millones anuales del Fideicomiso 1928 sean dedicados al diseño y construcción del Lago Tláhuac-Xico.)

Otras de las propuestas presupuestales de los ambientalistas es “reasignar 2 mil 50 millones del rubro “Gestión Sustentable del Agua” a procesos de coadyuvancia gobierno-ciudadanía. Asignar mil millones para la creación de Comisiones de Subcuenca con sus respectivos Planes Hídricos, recurso a ser manejado por las universidades públicas en las entidades federativas.

A su vez, proponen aumentar mil millones a la Auditoría Superior de la Federación y al Comité de Participación del Sistema Nacional Anti-Corrupción, para la puesta en marcha de una Contraloría Social del Agua, para corregir las actuales deficiencias en el desempeño de la Comisión Nacional del Agua.

Para un programa para el reconocimiento y restauración de los derechos de los pueblos indígenas a sus fuentes históricas de agua, en cumplimiento con el Artículo 2 Constitucional y el Convenio 169 de la OIT, a ser administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se propone asignar 50 millones de pesos.