En la audiencia inicial del exgobernador, la Procuraduría responsabilizó a Duarte por el desvío de 438 mdp, pero solo pudo sustentar lo ocurrido con 38.5 mdp; el juez señaló “inconsistencias” en las acusaciones.

Regeneración, 18 de julio de 2017.- La Procuraduría General dela República imputó a Javier Duarte el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, pero en la audiencia inicial del caso, ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión, solo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.

“Los números no cuadran, eso está claro”, fue la conclusión del juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, tras una audiencia inicial que se extendió por más de cinco horas y media.

Las inconsistencias en los señalamientos de la PGR llegaron al punto en que el juez señaló a los fiscales de exponer datos “incongruentes”, e incluso les hizo ver que las cifras se contradecían directamente con las que la propia Procuraduría le había dado hace unos meses, cuando le solicitaron la orden de aprehensión.

Aunque la audiencia era inicial y en el papel solo se presentaría la imputación, pues el debate de fondo se realizaría en la audiencia de vinculación (programada para el próximo sábado), los abogados de Duarte y el mismo exgobernador en su propia voz hicieron más de 20 preguntas (técnicamente solicitudes de aclaración) a la Procuraduría, respecto a la imputación, como es su derecho para poder armar una defensa adecuada.

Y fue ahí donde los fiscales cayeron en varias dudas, que luego se convirtieron en fallas y contradicciones.

“Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, dijo al juez federal el abogado de Duarte, Marco del Toro, luego de varias preguntas que la Procuraduría no pudo responder.

La PGR tendrá una oportunidad más de explicar a detalle los indicios con los que cuenta el próximo sábado, en la audiencia donde el juez definirá si hay datos para abrir juicio contra Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, o si lo deja en libertad. Pero en esa audiencia la defensa tendrá la oportunidad también de aportar sus propias pruebas.

IMPUTACIÓN DE LA PGR

En la audiencia la PGR acusó a Duarte de “encabezar una organización criminal” que le permitió adueñarse de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, mismos que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió introducirlos al sistema financiero, para luego invertirlos en propiedades, joyas y terrenos.

El origen del caso fue una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que registró movimientos de recursos sin justificación real.

La trama, según la imputación de la PGR, involucra a las empresas Consorcio Brades e Inmobiliaria Terra, que simularon la compra con sobreprecio de más de 20 terrenos ejidales en Campeche. En realidad tanto las empresas como los terrenos ejidales (adquiridos con irregularidades) pertenecían a dos colaboradores de Duarte en el lavado: el empresario Moisés Mansur y el abogado Alfonso Ortega.

Según la acusación de la PGR, a través de Consorcio Brades se habrían movilizado 223 millones 896 mil pesos, mientras que por Terra Inmobiliaria fueron 215 millones 861 mil pesos, “todo por instrucciones de Duarte”, según la Procuraduría

Ambas empresas fachada habrían sido fondeadas con un cúmulo de más de 15 compañías fantasma, entre ellas Diseños Tevet SA de CV y Trajan Construcciones SA de CV (que forman parte de una red de empresas que solo existen en el papel como ha publicado Animal Político), y que habrían recibido recursos públicos de la administración.

DUDAS

Luego de escuchar la imputación, Javier Duarte, con el apoyo de sus abogados, solicitó más de 20 aclaraciones sobre la acusación de la PGR, que terminaron convirtiéndose prácticamente en un interrogatorio para los fiscales, propiciado en parte por los mismos funcionarios, que no respondían con precisión.

Por ejemplo, Duarte pidió que se le explicaran a detalle las fechas de compra de 20 parcelas ejidales, así como quiénes eran los dueños originales. Pero los fiscales de la Procuraduría tardaron más de una hora en encontrar y proporcionar los datos. Peor aún, cayeron en contradicciones.

“Cuando libré la orden de aprehensión (octubre de 2016), los fiscales que vinieron a exponer aquí el caso me proporcionaron datos de tres parcelas ejidales que ahora no corresponden con lo aquí planteado, No puedo fingir que no conozco ese dato. Los señalamientos de la PGR exhiben incongruencia” dijo el juez.

Luego, la defensa insistió en que la Procuraduría detallara de qué cuentas habían salido los 438 millones presuntamente desviados por Duarte, y tras varias intervenciones los fiscales solo pudieron evidenciar el retiro de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.

“¿Eso es todo?”, cuestionó el juez. La abogados de Duarte continuaron insistiendo en que se aclarara si la acusación entonces no era por 438 millones, sino por 38.5 millones. El juez Moreno señaló que era claro que “los números no cuadraban”, pero que esto se vería a fondo en la audiencia de vinculación.

Las fallas siguieron. La defensa solicitó que se aclarara cómo se habían comprado cuatro departamentos en el complejo Finestre de Ixtapa, cada uno valuado en promedio en 1.5 millones de dólares, y que presuntamente se adquirieron por órdenes de Duarte, pero los fiscales reconocieron que no tenían los recibos de pago. La misma situación se registró con joyas de las que la PGR reconoció que no tenía más que la declaración del abogado Ortega.

La Procuraduría tampoco pudo responder si Hacienda había hecho procedimientos de verificación antes de formular su denuncia.

“Estamos en el punto en que ya no entendemos realmente ni de cuánto ni en qué se sostiene la imputación. Es un caso que se está desmoronando”, dijo el abogado Marco Antonio del Toro.

DUARTE LUCIÓ CON EL ROSTRO SERIO ANTE EL JUEZ

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte lució con el rostro serio en la mayor parte de la audiencia, pero muy participativo. Por sí solo hizo más de 15 preguntas al juez sobre su caso, y mantuvo una charla casi permanente con su equipo de abogados.

En ningún momento se apreciaron sonrisas o gestos de burla, como ocurrió en Guatemala.

Al comienzo de la audiencia, que comenzó alrededor de las 17:00 horas y concluyó alrededor de las 22:00, el juez Moreno García dictó prisión preventiva para Javier Duarte, quien permanecerá en el Reclusorio Norte hasta el 22 de julio, cuando se realice la segunda audiencia.

Con información de: Animal Político