Es cierto que las relaciones corruptas entre la facción peñista y diversas firmas constructoras del país y del extranjero han sido abundantemente documentadas por investigaciones periodísticas –como la que sacó a la luz la Casa Blanca del propio Peña–, conversaciones telefónicas filtradas a los medios en el contexto del golpeteo interno entre grupos priístas y documentos que han sido públicos desde siempre, en los que se puede observar la manera desaseada en que suelen resolverse las licitaciones y otorgarse los contratos. El desaseo pudo observarse también cuando la SCT tuvo que cancelar el cuestionado contrato de construcción del trén rápido México-Querétaro, entregado a un consorcio encabezado por una empresa china y en el que participaba Grupo Higa, vendedor deficitario de mansiones a Peña, Videgaray y otros, y beneficiario de concesiones en el estado de México y en el gobierno federal. Más tarde se sabría de los enjuagues entre OHL, el consorcio español abrumado en su país de origen por los señalamientos de corrupción, y altos funcionarios del peñato, con Ruiz Esparza a la cabeza.

En el caso del Paso Exprés de Cuernavaca, el contrato fue impugnado de origen (2014) por la falta de calificación de las empresas Construcciones Aldesa (española, implicada en donaciones ilegales al Partido Popular) y Epccor (vinculada con Juan Diego Gutiérrez Cortina, cuya empresa, Gutsa, fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2011 por incumplimiento de proyectos), porque era tan vago que ni siquiera especificaba el número de carriles que habría de tener la obra y resultaba imposible, en consecuencia, determinar de antemano su costo y el tiempo de ejecución. Hubo un costo adicional a los más de 2 mil millones de pesos que terminó costando el Paso Exprés: varias compañías más fueron contratadas para verificar la calidad de los trabajos y recibieron, por ello, decenas de millones de pesos (https://is.gd/kZaXMA, https://is.gd/LY q9ft). La corrupción, en todo su esplendor.

Durante la construcción proliferaron los accidentes mortales por la falta de medidas de seguridad y señalización, así como severas afectaciones a diversas colonias (inundaciones de casas, por ejemplo) y varias organizaciones vecinales y de comerciantes de Cuernavaca enviaron denuncias dirigidas al propio Peña Nieto, a Ruiz Esparza y al gobernador Graco Ramírez, pero ninguno hizo mucho ni poco para remediar la situación. La obra, que habría debido quedar concluida a finales del año pasado, fue finalmente inaugurada por esos tres funcionarios con un gran despliegue de publicidad, mentiras y autoelogios, pero incompleta (https://is.gd/2IakLl) y entre protestas de los habitantes (https://is.gd/bD9GUV).

Cuando la vialidad ya estaba en funciones, las fallas continuaron, al igual que las advertencias, especialmente en lo relacionado con desperfectos en el sistema de drenaje de la obra. Semanas antes de la tragedia del 12 de julio, un funcionario de Chipitlán, población aledaña al Paso Exprés, hizo llegar a la SCT fotos de un socavón que se había abierto a un lado de la vía.

Luego pasó lo que pasó. Los gobiernos de Cuernavaca y de Morelos se tardaron horas en acudir al rescate de las dos víctimas atrapadas en el socavón, el gobierno federal le echó la culpa a la lluvia y a la basura y Ruiz Esparza acabó presumiendo las indemnizaciones otorgadas a los deudos (las cuales ni siquiera han sido aceptadas) por el mal rato.

El hoyo del Paso Exprés no es la peor tragedia de cuantas han tenido lugar en el país, pero sí representa un retrato ineludible del modus operandide una corrupción que cuesta vidas. Por eso es tan lacerante. Y por eso el régimen tiene que aplicar medidas drásticas.